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Demanda fiscal NY busca restitución para los consumidores
NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman presentó hoy una demanda en la Corte Suprema del Condado de Nueva York en contra de dos bufetes de abogados y su principal abogado acusándolos de participar en un plan de rescate hipotecario fraudulento. La demanda es contra la firma Litvin Law Firm; Litvin, Torrens & Associates, PLLC y el principal abogado de las firmas Gennady Litvin. Litvin y las dos empresas supuestamente atrajeron a consumidores financieramente vulnerables prometiéndoles un plan integral de servicios legales que permitiría a los consumidores evitar la ejecución hipotecaria o de obtener una modificación de la hipoteca. Las empresas, directamente y a través de sus vendedores, tomaban cientos de dólares en honorarios mensuales de los consumidores y de manera rutinaria no lograron cumplir sus promesas. La demanda busca poner fin a las prácticas comerciales ilegales, proveer restitución a los consumidores, además de multas y costos.
«Los consumidores que enfrentan una ejecución hipotecaria depositan especial confianza en los abogados contratados para ayudarles a navegar por la gran cantidad de cuestiones legales que se enfrentan, y nuestra oficina hará rendir cuentas a quienes cometen estafa aprovechandose de las familias en riesgo de perder su casa», dijo el Fiscal General Schneiderman . «Junto con nuestro Programa de Protección de Propietarios de Viviendas que ha servido a más de 30.000 familias de Nueva York en busca de ayuda con sus hipotecas, vamos a seguir respaldando a los que luchan tras las secuelas de la crisis de la vivienda».
La demanda alega que las empresas y Gennady Litvin incurrieron en prácticas fraudulentas e ilegales en la oferta de servicios legales y otra asistencia de ejecución hipotecaria para los consumidores de Nueva York y otros estados. A través de repetidos anuncios de televisión y radio, Litvin Law Firm indujo a los consumidores a llamar a sus oficinas al hacer creer falsamente que tenían una conexión con «Fiscales Generales Estatales y el Gobierno Federal», y que los propietarios de viviendas podrían haber satisfecho sus hipotecas en su totalidad, un resultado improbable.
A través de la utilización de vendedores, muchos de los cuales utilizaban el término «legal» en sus nombres, las empresas solicitaron a los propietarios de viviendas en todo el país, alegando que los propietarios tendrían un «equipo de la defensa de abogados por encargo» que proporcionaría «un nivel de servicio que por lo general sólo es disfrutado por grandes clientes corporativos. «Los vendedores también presuntamente proporcionarían a los propietarios de viviendas “auditorías forenses de préstamos «que eran» de vital importancia «para identificar errores en sus documentos del préstamo hipotecario, defenderse de una ejecución hipotecaria, y obtener concesiones de los prestamistas. En su página web, el Litvin Law Firm hacía creer a los consumidores que se trataba de un bufete de abogados con presencia en todo el país, que se encontraba en 31 estados, y que la empresa tenía la capacidad de proporcionar defensa de la ejecución hipotecaria en todo el país.
Como se describe en los documentos judiciales, en base a estas representaciones, los propietarios en dificultades pagaron a la empresa y sus vendedores una cuota mensual, por lo general $595 o $750, para obtener servicios legales. Sin embargo, muchos consumidores no recibieron la asistencia jurídica que se les prometió. Litvin Law Firm y Litvin, Torrens & Associates, que tiene oficinas sólo en Nueva York y Florida, no pueden proporcionar una defensa de ejecución hipotecaria en todo el país. Por otra parte, las auditorías forenses normalmente tenían muy poco valor en cuando a salvar los hogares de los consumidores. En muchos casos, los propietarios nunca hablaron con un abogado en su estado, nunca obtuvieron una modificación de préstamo u otro amparo contra la ejecución, y terminaron teniendo que negociar con los prestamistas por su cuenta.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) llegó hace poco a un acuerdo con los vendedores en las que acordaron, entre otras cosas, una prohibición permanente del campo de los servicios de asistencia para hipotecas y pagar cerca de $3.6 millones en restitución a los consumidores.
Si usted cree que ha sido víctima de la Firma Litvin; Litvin, Torrens & Associates; o cualquiera de sus vendedores afiliados, o si cree que usted fue víctima de otro fraude hipotecario, por favor presente una queja ante la Oficina del Fiscal General Scheneiderman. Informacion sobre como poner una queja está disponibles aquí: https://www.ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint. También puede llamar a Línea Directa del Consumidor de la Fiscalía General al 1-800-771-7755.
Ayuda gratuita para los propietarios de viviendas se encuentra disponible a través del Programa de Protección de Propietarios de Viviendas (HOPP), que utiliza fondos del Acuerdo Nacional de Hipotecario para financiar los servicios legales y de asesoría de vivienda a través de Nueva York para la prevención de ejecución hipotecaria. Los consumidores pueden llamar al 855-HOME-456 para pedir ayuda. Fondos del programa del Fiscal General Schneiderman fueron designados a aproximadamente 90 organizaciones en todo el estado, y HOPP ha servido un total de cerca de 30.000 familias desde su lanzamiento en octubre de 2012.
Este caso está siendo manejado por la Fiscal Especial María Alestra, Vice Jefe del Buró Laura J. Levine, y Jefe del Buró Jane M. Azia, del Buro de Fraudes y Protección de los consumidores, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Económica Karla G. Sánchez.