Danilo Medina: implacable en cuanto al libertinaje de los poderes del Estado

Con el apresamiento de un funcionario o ministro la procuraduría no cumple con justicia real las demandas de la sociedad en su conjunto, la cual exige la devolución de los bienes robados que generalmente se quedan en poder de los acusados después de cumplir privilegiadas condenas.

No han bastado los resultados anuales de Transparencia Internacional (TI) en cuanto al comportamiento de los países sobre el manejo de los recursos públicos, ni las investigaciones de prestigiosos periodistas, quienes desenmascaran a los políticos corruptos que han ocupados puestos en la administración pública.

Los bienes incautados por corrupción a exfuncionarios, militares, entre otros allegados a los poderes del Estado, cuando se trate de recursos económicos o activos, como apartamentos, condominios, vehículos de lujos y terrenos, deben ser incautados en base a lo que devengaba dicho funcionario en la nómina pública y puesto en pública subasta a los fines de que sean invertidos en proyectos de desarrollo, no así distribuidos entre ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) y o fundaciones que a final de cuenta no invierten dichos fondos para lo que son destinados.

No es casual que funcionarios y militares de alto rango estén vinculados a actos malsanos en la administración pública durante los períodos del PLD, hechos cometidos en complicidad con el expresidente Danilo Medina y otras células corruptas de cuello blanco que han servido como talón de Aquiles para hurtar al Estado con la fuerza del poder.

El hecho de que el Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente, Danilo Medina, Cáceres Silvestre, estafara al Estado con más de RD$3,000,000, directa e indirectamente vincula al ex mandatario con su desidia, porque este era su persona de confianza, por tanto, para que el Poder Judicial se case con la gloria y la sociedad le dispense confianza, el dinero que se robó y los bienes inmuebles obtenidos, deben ser incautados y puestos a disposición del Estado.

Lo ideal es que sean depositados en una Cuenta Especial e invertidos en salud, educación, tecnología, entre otros proyectos que favorezcan a la sociedad.

Son muchos los involucrados y pocos los santificados por la cacería de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa PEPCA). Este último se aprecia de tener un expediente que fulmina de pies a cabeza la moral de los hasta el momento vinculados en la estafa al Estado, algunos de ellos apresados mediante la Operación Antipulpo, Coral y Caracol.

El expresidente Danilo Medina fue implacable en cuanto al libertinaje de los Poderes del Estado y no fue capaz de detener el despilfarro ni siquiera en la puerta de su despacho, lo que para un buen entendedor pocos bastan las palabras, o sea, además de contribuir al enriquecimiento ilícito, se convirtió en el soporte unilateral para que se produjeran dichas fechorías, por lo que no sé lo que pasa con la Procuraduría que no echa mano al pulpo principal de la corrupción administrativa en nuestro país.

Los dominicanos protestan porque necesitan de emergencia estabilidad económica, política, social, sin violencia y sin corrupción, donde los servicios sociales sean estables. Esos logros no serán posibles con la puesta en marcha de una democracia rancia y carente de principios morales donde la complicidad es desmedida para manejar el país.