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Cancelación de visado: ¿Castigo, chantaje o injerencia?
Los embajadores de los Estados Unidos al parecer saben lo que significa para los latinos tener el visado correspondiente para ingresar a ese país, porque les da cierto status poseer la visa gringa, contrario a no tenerla o perderla por verse involucrado en un delito de narcotráfico o corrupción; en algunos casos por el simple rumor y sin que un juez haya emitido una sentencia condenatoria, lo que para el afectado representa una condena moral ante la sociedad.
Esta práctica es recurrente entre los diplomáticos estadounidenses acreditados en naciones como República Dominicana, Venezuela y Colombia, países con alta incidencia en el narcotráfico, que los utiliza para la producción -caso Colombia- y los demás como puente para el trasiego del narcótico, que casi siempre tiene como objetivo el mercado norteamericano de EEUU.
También, en estos países, la corrupción ha sido motivo para que algunos funcionarios pierdan el visado de ingreso a los Estados Unidos, y en muy pocos casos ha sido recuperados por parte del personaje que ha sido despojado del mismo. Vale destacar que en algunos casos se especula que tal o cual figura de la vida pública ha perdido el visado norteamericano, lo que motiva que estos realicen viajes a EEUU, para demostrar lo contrario o simplemente publicar el visado en las redes sociales, como muestra de que se mantiene.
En los últimos tiempo hemos visto cómo ese método de supresión del visado estadounidense se está utilizando como método de chantaje por parte de los embajadores acreditado en algunos países latinoamericanos, tal es el caso de Colombia, donde el diplomático Kevin Whitaker, convocó a un grupo de congresistas, a quienes les pidió la aprobación de una iniciativa que involucra el tema de las extradiciones desde Colombia a su país, y que de lo contrario Estados Unidos tomaría retaliación en contra de ellos.
La denuncia de lo ocurrido la hizo el congresista John Jairo Cárdenas, uno de los asistente al desayuno con el embajador Whitaker, quien dijo en medios de comunicación que le fue revocado el visado de los Estados Unidos, luego que hablara de lo que se trató en el encuentro donde el diplomático les pidió a los asistentes que apoyaran las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que el presidente colombiano envió al congreso.
Aunque los congresistas sí asistieron a la convocatoria, ocurrió lo contrario con los magistrados de las Altas Cortes de Colombia, que cancelaron un almuerzo al que habían sido invitado por el diplomático, lo que creó diversas opiniones por parte de figuras importante de la vida política y periodística colombiana, algunos sugerían un pronunciamiento por parte del representante de la diplomacia del país suramericano, ya que consideran que estos encuentros se realizan para ejercer presión sobre las decisiones a tomar por parte de los magistrados y congresistas.
En los días sucesivos a los incidentes la embajada de los Estados Unidos en Colombia, notificó la cancelación del visado a dos magistrados de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia colombiana, encendiendo más el debate sobre la respuesta de Colombia a lo que algunos llaman presión o injerencia sobre las decisiones que deben tomar los jueces de las altas cortes en Colombia.
Caso parecido se suscita en estos días en la República Dominicana donde se rumora de que el Departamento de Estado norteamericano, amenaza con cancelar el visado a congresistas que voten a favor de la reelección presidencial y a funcionarios que motiven el voto.
Es preocupante que un precandidato a la presidencia de la oposición esté realizando reuniones en Estados Unidos motivando la acción de cancelación de visado a congresistas dominicanos que en el cumplimiento de un mandato constitucional de legislar, modifiquen la constitución dominicana, un ejercicio de pleno derecho que le asiste a cada legislador.
Lo que al parecer no sabe ese político es que cualquier presión o injerencia de un funcionario extranjero u entidad internacional en las decisiones del Congreso Dominicano, si es una franca violación a la soberanía del Estado Dominicano y que, intentar castigar a un congresista por la decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, es violatorio a la constitución dominicana, que por demás, le otorga inmunidad parlamentaria por las decisiones tomadas.