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RIO DE JANEIRO.- El general en la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal (STF) ser el autor del documento conocido como ‘Puñal Verde y Amarillo’, un texto que contemplaba el asesinato de autoridades como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.
Durante una declaración el jueves como parte de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en enero de 2023, y que recoge G1, Fernandes alegó que el contenido del documento era solo una «idea digitalizada» sobre el escenario posterior a las elecciones de 2022, cuando Lula fue elegido presidente.
Según su versión, el archivo fue creado e impreso en el Palacio del Planalto —donde él trabajaba en ese momento—, pero fue destruido inmediatamente y nunca compartido con nadie.
«Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado», declaró.
DINERO EN BOLSA DE VINO
La Policía Federal sostiene que el plan fue redactado en noviembre de 2022, poco después del resultado electoral, y que fue discutido por militares en la residencia del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y su compañero de fórmula en la campaña presidencial.
Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. «Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?», contó.
El plan salió a la luz tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado.
La semana pasada, De Moraes ordenó imponer medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica. El magistrado llamó la atención el jueves al expresidente por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la Justicia, pero consideró que se trató de un hecho «aislado» que no merece endurecer las sanciones que ya pesan en su contra.