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Acusan empleada Educación de robo US$2.5 millones
NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la acusación de Keisha Relf Davis, un empleada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, y un cómplice por haber robado más de $ 2.5 millones del estado desviando fondos para escuelas de choferes para servicios que nunca fueron prestados.
Según establece el expendiente, Davis recibió sobornos en forma de pagos periódicos en efectivo por su papel en el esquema.
Juntos, Davis y Steven Washington, director del programa de las escuelas, han sido acusados hoy de 19 cargos por delitos graves incluyendo Hurto y Soborno y enfrentan hasta 25 años en una prisión estatal.
«La acusación de hoy envía un mensaje clar nadie está por encima de la ley y tiene que haber un conjunto de reglas para todos», dijo el Fiscal General Schneiderman. «Aprovecharse de un trabajo del gobierno para robar millones de dólares de los contribuyentes de Nueva York es una violación vergonzosa de la confianza del público. Mi oficina está y seguirá vigilante para someter tales actos flagrantes de fraude».
«Estas acciones criminales son reprobables y exigen penas severas», dijo Kevin Smith, Comisionado Adjunto del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. «Los empleados de la Oficina del Programa de Entrenamiento Profesional, Educación Continua y Servicios de Educación (ACCES) trabajan para aliviar las necesidades de educación y de empleo del Estado de Nueva York de adultos discapacitados. Con sus acciones esta consejera exploto a los ciudadanos más vulnerables de Nueva York para obtener beneficios personales. Cuando los controles internos del Departamento de Educación pusieron al descubierto esta actividad delictiva se hizo una referencia inmediata a la Fiscalía General para su enjuiciamiento. Los protocolos de la agencia serán apretados aún más para garantizar que ese tipo de delincuencia no pueda presentarse de nuevo en el camino de nuestra misión de proporcionar a las personas con discapacidad todas las oportunidades para el empleo, la autosuficiencia económica y la independencia».
Davis era una consejera profesional para la Oficina del Programa de Entrenamiento Profesional, Educación Continua y Servicios de Educación (ACCES), que ofrece acceso financiado por el Estado a servicios como la educación vial a los neoyorquinos con discapacidades y limitaciones funcionales que califican. La investigación, realizada por la Oficina de Integridad Pública del Fiscal General, reveló que Davis supuestamente trabajó en conjunto con Washington, el director del programa de Americana Comercial Driving School, en Manhattan, y and Roadway Driving School, en el Bronx. (Los propietarios de esas dos escuelas, Juani Ortiz y Juan Cabrera, respectivamente, se declararon culpables el mes pasado en relación con este esquema.)
De acuerdo con la acusación formal revelada hoy en el Tribunal del Condado de Bronx, Washington cargaba clientes no discapacitados $300 a $ 500 en efectivo y requería una copia de su tarjeta de Seguro Social para recibir clases de conducir. Luego proporcionaba la información y los pagos en efectivo de los alumnos – lo que constituye una trama de sobornos – directamente a Davis, que creó, presentó y aprobó los documentos falsificados que indican que los estudiantes recibieron su formación a través del programa ACCES. (Los estudiantes no estaban conscientes de que los servicios de ACCES estaban siendo solicitados y aprobadas en sus nombres.)
Como resultado, las escuelas de conducción recibieron casi $5.000 en el reembolso por parte del Estado para cada uno de los aproximadamente 540 estudiantes para los que Davis presentó papeleo de ACCES. Como parte del presunto plan, Davis mantendría los pagos en efectivo, Washington se pagó el 12% de cada reembolso y los propietarios de las escuelas se quedaron con el resto.
En el expediente formal se acusa a Keisha Relf Davis y Washington con un cargo de Hurto Mayor en Primer Grado (un delito mayor clase B); un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado (un delito mayor de clase C); cuatro cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (delitos mayores de Clase E); y cuatro cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado (delitos mayores de Clase E). La acusación formal acusa a Davis individualmente con dos cargos de Recibir Soborno en Segundo Grado (un delito mayor de clase C), cuatro cargos de Falsificación en Segundo Grado (delitos graves clase D) y un cargo de Defraudar al Gobierno (un delito mayor clase E); se acusa a Washington de forma individual con dos cargos de Soborno en Segundo Grado (un delito mayor clase C). Los cargos principales de la acusación conllevan una pena de prisión obligatoria, con una pena máxima de 8 1/3 a 25 años.
El Fiscal General Schneiderman dio las gracias al Departamento de Educación del Estado de Nueva York por su asistencia en la investigación del caso. A cargo del caso está la Fiscal Especializada Wanda Pérez-Maldonado y el Fiscal Adjunto Daniel Bajger de Oficina de Integridad Pública de la Fiscalía General, la cual es liderada por el Jefe Daniel Cort. La Fiscal Adjunta Stacy Aronowitz es la jefa de la oficina, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal es Kelly Donovan. La investigación fue realizada por el investigador Ángel LaPorte e investigador Sixto Santiago, de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía General, la cual es liderada por el Jefe Dominick Zarrella, con la asistencia de auditor forense Edward J. Keegan y analista de soporte legal Kerry Anne Rodriguez.
Cualquier persona con información adicional sobre este asunto, favor llamar a la Oficina del Fiscal General al 518-474-8686.
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