Fusiones de instituciones públicas 

En la República Dominicana, los anuncios gubernamentales sobre la fusión o eliminación de instituciones públicas suelen llegar envueltos en un vistoso empaque de promesas e ilusiones: “ahorro”, “racionalización”, “eficiencia”, “calidad del gasto”.

Suenan bien en titulares, pero en la práctica, y, sobre todo, para el bolsillo de los contribuyentes,  estos procesos terminan siendo poco más que un espejismo burocrático administrativo, sin resultados reales.

Se han anunciado, con bombos y platillos, reestructuraciones del aparato estatal con la promesa de reducir el gasto y hacer más ágil la administración. Pero al revisar los presupuestos y liquidaciones, el gasto corriente sigue igual, o incluso, crece.

¿Dónde se quedan los supuestos ahorros?

En muchos casos, devorados por el mismo sistema que se pretendía reformar. Por ejemplo, al suprimir entidades, el Estado termina pagando altas sumas en prestaciones laborales, y otros emolumentos, a empleados desvinculados, que superan por mucho lo que se hubiese pagado sin reforma.

En otros casos, simplemente se reubican a los mismos empleados en otras dependencias, manteniendo intacta la nómina global. A esto se suma la creación de nuevas oficinas o direcciones para asumir las funciones de las entidades desaparecidas. Resultado: el tamaño del Estado se mantiene, solo que con nombres distintos.

Pero lo más preocupante no es solo que el gasto no baje, sino que no se vislumbran mejoras en la prestación de servicios públicos. Los dominicanos no sienten mejoras palpables en los servicios públicos tras estas fusiones.

Persiste la misma burocracia lenta, el mismo papeleo, los mismos problemas de atención, las trabas, los obstáculos. La eficiencia real no se mide con decretos que cierran oficinas, sino con indicadores de desempeño y encuestas de satisfacción ciudadana, que rara vez muestran progresos.

La raíz de este fracaso está en la forma como concebimos el Estado: un botín político antes que un administrador técnico del bien común. Las instituciones fusionadas o cerradas no dejan un vacío en el clientelismo; el sistema simplemente se adapta, se crean nuevas dependencias, se reparten nuevos cargos y contratos, manteniendo el gasto elevado para pagar favores políticos.

Así, cualquier ahorro que pudiera lograrse con la supresión de instituciones es tragado por un mar de nuevos nombramientos, consultorías y “asesorías” que tienen más que ver con cuotas partidarias que con necesidades reales.

Los ciudadanos deben empezar a exigir más que anuncios de fusiones o cierres. Debemos pedir:

• Estudios previos y posteriores para demostrar el impacto económico real de esas medidas.
• Indicadores claros de mejoras en servicios al ciudadano, mediante encuestas periódicas de satisfacción.
• Una reforma con un enfoque integral, pero de alcance sectorial, de la administración pública, que incluya controles férreos contra el clientelismo, y garantice mejoras en los servicios públicos.

En fin, reducir el Estado no es simplemente tachar instituciones de un organigrama; es transformar la forma como gastamos el dinero público. Mientras la nómina estatal siga siendo un instrumento para pagar compromisos políticos, cualquier intento de “optimización” será solo eso: un titular vacío. Y la factura, como siempre, la terminará pagando el pueblo dominicano.