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Chivo que no grita, colín con él
POR JOSÉ RAFAEL REYES
La Constitución de la República, en su artículo 7, sección III, vigente en el año 2000, establece que: “Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República, a lo largo de la línea fronteriza”.
Tomando como punto de partida ese enunciado de la Constitución, un grupo de legisladores y líderes oriundos de las provincias fronterizas del sur y del noroeste, concibieron la idea de un mecanismo legal que garantizara el desarrollo de esa empobrecida región.
Es así como el 1ro de febrero de 2001 es promulgada la ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Las dos últimas, aunque no son fronterizas, fueron incluidas por presentar las mismas características de bajo desarrollo económico.
Con la citada ley se liberaba de pago de impuestos a las empresas nacionales o extranjeras que se establecieran allí, con la finalidad de crear fuentes de empleos y la preservación de la identidad fronteriza. Es así como se instalan en la zona diversas empresas e industrias, entre ellas: Industria San Miguel (Kola Real), Mega Plax, Guaraguanó Food, Vaperdy, Mayberil International, Centro Médico Gran Poder de Dios, Everlast Doors y otras.
De inmediato se inicia una fuerte oposición de empresarios de grandes ciudades, alegando inequidad en su aplicación selectiva. La trama para hacer abortar las nacientes empresas se hizo tan evidente, que provocó el surgimiento, en el seno del pueblo, de comités de defensa de la ley y de las empresas a fin de impedir que se consumara la malsana intención de frenar lo que serían grandes fuentes de empleos para esas provincias. Hubo movilizaciones en las vías públicas, en los alrededores del Congreso y del Palacio.
Al fin, triunfó el buen juicio y varias de ellas pudieron continuar; algunas desaparecieron, apenas iniciando sus operaciones, pues no soportaron la presión y las zancadillas, principalmente de emporios ligados al área textil y fabricantes de colchones.
Al concluir los 20 años de vigencia de la ley, que creó la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, los beneficios han sido evidentes: más de 80 empresas instaladas, 6,500 empleos directos, 19 mil millones de pesos en venta. Solo en Santiago Rodríguez, donde están ubicadas dos de las más grandes empresas amparadas por la citada ley, en enero de 2021, las estadísticas eran las siguientes: 14 empresas; 819.25 millones de impuestos pagados en 2020 de Itbis y selectivo al consumo, 2,978 empleos directos; 1257 millones de pesos pagados en salarios y otros.
Al aproximarse la fecha de vencimiento del plazo de la 28-01, se fortalecieron los comités de lucha en las 7 provincias. Esas luchas se veían torpedeadas por los grandes empresarios de Santo Domingo y de otros lugares, tratando de impedir la extensión del plazo de la pieza legislativa. Los dirigentes de esos comités realizaron reuniones por separado con los 14 diputados y los 7 senadores de esas provincias.
El 19 de enero, a menos de un mes de perimir la 28-01 y sin que se percibiera señales claras de la modificación y extensión de la misma, cientos de personas de los pueblos fronterizos viajaron a la capital. Su meta era llegar al Congreso y al Palacio. Y, efectivamente, fueron recibidos por funcionarios y 19 congresistas. La visita fue como un llamado desesperado al Presidente y a los legisladores.
El día 1 de febrero, fecha en que se vencía la ley 28-01, fueron realizadas de forma simultánea dos acciones contundentes: una movilización ciudadana frente al Congreso y un paro de actividades en varias ciudades de las provincias en lucha. Estas acciones tuvieron repercusión en el Palacio. Horas después, el Presidente de la República se pronunció y mediante decreto, anunció la extensión de los beneficios de la misma hasta que el congreso produjera una nueva ley.
En este proceso de lucha, los medios de comunicación locales y nacionales fueron aliados de mucho valor para fortalecer el proceso de reclamo en paro de preservar esa conquista.
El proyecto de ley, sometido por los senadores Dionis Sánchez, David Sosa y Antonio Marte fue aprobado a unanimidad en dos ocasiones por el senado antes de que se venciera la fecha, pero debido a diferencias en la Cámara de Diputados, este no pudo pasar. Luego se llegó a consenso.
Pero el proyecto consensuado fue mutilado, pues, aunque concedía la extensión de su aplicación a 30 años, limitaba el espacio geográfico de ejecución a que estas solo podían comercializar sus productos en el ámbito de la frontera y de hacerlo más allá de esos límites, debían pagar todos los impuestos. Esto generó reacciones airadas por los pobladores de la zona.
Había otro elemento perturbador: el proyecto mutilado por los diputados quitaba la posibilidad a las provincias de aprobación de los proyectos, debido a que el director del Consejo de Desarrollo Fronterizo no tendría derecho a votar en la aprobación de los mismos y la participación de las provincias sería casi nula, dejando todo a merced de otros intereses y no los de la frontera. Tal situación llevó a enfrentamientos entre legisladores y empresarios.
Después de muchas negociaciones y presión por parte del pueblo organizado de la frontera, se logró que la nueva ley 12-21 establezca que será implementada en todo el territorio nacional y fuera del país en cuanto a comercialización de sus productos.
En cuanto a los impuestos, fue aprobada la exención del 100 % del Itebis, del impuesto sobre la renta y del impuesto selectivo del consumo aplicable a los servicios de telecomunicación y seguros para las instalaciones de proyectos ubicados en la zona especial.
La nueva ley (12-21) fue aprobada el 11 de febrero por los diputados; el 16 de febrero, por el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo el 22 de febrero de 2021. Ahora solo falta que el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo tenga la voluntad de que se aplique la ley para que se instalen nuevas empresas que generarán fuentes de empleo en esas 7 provincias.
Han pasado 4 meses de la promulgación y hasta ahora no se tiene noticias de que dicho consejo se haya reunido.
Los pueblos fronterizos del sur y del noroeste tuvieron que librar grandes luchas de empoderamiento para evitar que les arrebataran esa conquista, aplicando el postulado del refranero popular que advierte: “chivo que no grita, colín con él”.
JPM