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POR REY ARTURO TAVERAS
El gobierno debe enfrentar la evasión fiscal, reducir exenciones y legalizar empresas para reducir el déficit en la República Dominicana.
La situación fiscal de la República Dominicana es alarmante. Con un déficit fiscal que asciende a 255 mil millones de pesos, es evidente que el país enfrenta un desafío monumental en su capacidad de financiar los bienes y servicios básicos que sus ciudadanos requieren.
Este escenario se ve agravado por las tasas de incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta, que en 2017 alcanzaron niveles alarmantes: un 61.90% para las personas jurídicas y un 57.10% para las personas físicas. Estas cifras son un claro indicador de un sistema tributario que, lejos de cumplir su función, se encuentra plagado de deficiencias y fugas.
La evasión fiscal, las exenciones tributarias y la proliferación de empresas ilegales o no registradas están socavando la capacidad del Estado para recaudar los ingresos necesarios.
Esto tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, ya que limita las inversiones en áreas críticas como salud, educación e infraestructura. Cuando los recursos son insuficientes, los ciudadanos son quienes más sufren.
Evasión fiscal
Es crucial adoptar un enfoque proactivo para reducir la evasión fiscal. Esto no solo implica mejorar la administración tributaria y fortalecer la capacidad de auditoría, sino también implementar estrategias que fomenten la legalización de negocios informales.
Muchos emprendedores se ven atrapados en la economía informal por el temor a complicaciones burocráticas o por la percepción de que los impuestos son demasiado altos. Al ofrecer incentivos y simplificar los procesos de registro, se puede ampliar la base tributaria y generar ingresos adicionales para el Estado.
Además, es fundamental revisar las exenciones fiscales. Si bien estas pueden estar diseñadas para estimular el crecimiento económico, muchas veces terminan beneficiando a grandes corporaciones a expensas del bienestar social. Una revisión exhaustiva y transparente de estas políticas podría liberar recursos que podrían destinarse a programas esenciales.
Por otro lado, ampliar la base del ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) es otra vía que podría explorarse. Si bien esto puede generar resistencia, es esencial que el gobierno considere una reforma fiscal que equilibre la carga tributaria de manera justa y equitativa. La ampliación de la base del ITBIS podría ayudar a diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de ciertos impuestos que están más sujetos a la evasión.
La situación actual no puede seguir así. Si la República Dominicana desea avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo, es imperativo que se tomen medidas decisivas para fortalecer el sistema fiscal. No solo se trata de recaudar más, sino de crear un entorno donde todos contribuyan y se sientan parte del desarrollo del país.
La inversión en servicios públicos de calidad es una responsabilidad compartida que solo podrá cumplirse si se combate la evasión y se asegura que todos los ciudadanos y empresas cumplan con su deber tributario.
En conclusión, la lucha contra el déficit fiscal en la República Dominicana requiere un enfoque integral que involucre la legalización de la economía informal, una revisión de las exenciones fiscales y la ampliación de la base del ITBIS. Solo así se podrá garantizar un futuro más sostenible y justo para todos.
JPM