Un gremialismo desenfocado

A mediado de 1982, comencé a trabajar en condición de técnico para la Compañía Dominicana de Teléfonos, conocida en esa época como Codetel; fui sorprendido, antes de cumplir mi período de pruebas, por un conflicto entre la empresa y su sindicato, que desencadenaría una de las huelgas más largas del país.

A regañadientes, me vi obligado a permanecer trabajando, mientras casi todos los sindicalizados pararon sus labores; mis compañeros del departamento de transmisión me aconsejaron seguir trabajando porque si los acompañaba al paro, me cancelarían y no regresaría con ellos a la empresa.

Fueron casi cuatro meses de una huelga, que la empresa declaró ilegal desde el principio y que la Secretaría de Trabajo del Estado nunca le reconoció legitimidad; el alegato de la Compañía era que el servicio telefónico, era un servicio básico y público y que ese tipo de servicio no podía ser afectado con paralizaciones sindicales.

El SNTT (Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos) fue uno de los gremios más grandes y poderosos del país durante aquellos años; un efectivo instrumento de conquistas para los trabajadores, que termino desarticulado por la empresa, aprovechando el desenfoque y el pensamiento errático de su dirigencia.

El “democratismo” asumido por importantes sectores de la vida nacional, luego de la muerte de Trujillo, ha conducido a una inmensa parte de los habitantes del país, a ver como normales actividades y aptitudes que en cualquier nación civilizada son rechazadas por la sociedad, y en muchos casos declaradas como felonías contrarias a la vida humana.

En cualquier país medianamente civilizado, un sindicato, una asociación médica, o el personal de un hospital público o privado sería llevado a la justicia por las muertes, lesiones, o falta de atención a tiempo de las personas que requieren su servicio y que no lo obtienen durante un paro del personal médico.

En nuestro país el Colegio Médico Dominicano, dispone según considera conveniente que región del territorio desatender y dejar morir sus enfermos, violando así, el más sagrado de los derechos, el derecho a la vida.

La Asociación Dominicana de Profesores, cuyos orígenes se remontan a la desaparición del dictador Rafael L. Trujillo, y que fue bautizada en sus inicios como FENAMA (Federación Nacional de Maestros), se ha convertido en un poderoso sindicato; y en un terreno fundamental para las luchas políticas y el reparto de beneficios.

A inicios de la década de los 70s; el Dr. Balaguer, presidente a la sazón de la República, decidió flexibilizar el régimen con algunos sectores políticos nacionales; así surgieron las publicitadas leyes agrarias, y una política no cacareada, que en privado el Presidente la denominaba “la ración de la Boa”.

Ahí comenzó la debacle de lo poco bueno que conservaba la educación dominicana; entre las influencias sindicales sobre funcionarios y el tráfico de influencia de muchos opositores que solo levantaban la voz cuando sus intereses particulares eran afectados; fueron nombrados miles de maestros en todo el país, sin tener una preparación básica.

Esas personas que llegaron de esa manera al magisterio, no eran actas para enseñar, porque no sabían qué; pero eran un terreno fértil para fortalecer el sindicato, el cual inmediatamente los absolvía como miembros del gremio; y a partir de ese momento, además de engrosar sus finanzas, tenía un elemento más para sus futuras luchas.

Así devino este inmenso sindicato, en un instrumento que además de proteger sus miembros más allá de lo que aconseja la razón, es un nicho político cuya dirección es disputada por los partidos políticos en todos los ámbitos de la vida nacional.

Los legisladores que respeten y amen el país, deberían comenzar a pensar en legislar en una forma de delimitación entre los intereses gremiales y el sagrado derecho que tiene el pueblo dominicano a servicios obligatorios de salud y educación por parte del Estado.

Lamentablemente callar sería un acto de irresponsabilidad; el gremialismo grupal desenfocado, no debe conducir las obligaciones del Estado hacia una salud y una educación de calidad para la población.

JPM