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Podríamos señalar más de una docena de indicadores sobre el estancamiento y distorsiones, en las metas que se trazó el país hace 18 años al aprobar la ley de Seguridad Social. Por razones de espacio, sólo analizo tres: reducir el gasto de bolsillo, elevar los principales indicadores sanitarios, y reducir las desigualdades sociales.
No reducción del gasto de bolsillo. Contrario al mandato de la Ley, lejos de reducirse, el gasto de bolsillo ha aumentado a un nivel que ya supera, con creces, los 54,000 millones al año, sólo tomando en cuenta el sacrificio de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).
Si le agrego el gasto de las familias todavía excluidas del SFS, entonces estamos hablando de alrededor de 85,000 millones por año. De esta sangría al limitado presupuesto familiar no se libran ni las familias más pobres y vulnerables, víctimas de las crónicas deficiencias y de las interrupciones de los centros públicos de salud.
Luego de más de 12 años de vigencia del SFS, el gasto de bolsillo supera con creces la asignación presupuestaria anual, siendo uno de los más elevados de América Latina. Todos los países con una cobertura superior al 70% de la población tienen un presupuesto de salud que duplica al dominicano, en relación al PIB.
No elevación de los indicadores sanitarios. 18 años después, no existen evidencias de elevación de los principales indicadores sanitarios, no obstante, el crecimiento sostenido de la economía, situado entre los más altos de la Región, y el incremento de un gasto nacional en salud, que ya supera el 6.5% del PIB.
La persistencia de una mortalidad materna de 104×10,000, y de una mortalidad neonatal de 20.8×1,000, es sólo una muestra sensible de la vigencia de un modelo de atención curativo, altamente costoso e igualmente improductivo. No alcanzamos las metas del milenio, y al ritmo que vamos, tampoco cumpliremos con los objetivos del desarrollo sostenible.
No reducción de las desigualdades sociales. El Estado dominicano continúa siendo el principal privatizador del cuidado de la salud de las personas, propiciando una entrega muy desigual de la atención médica, contraviniendo la Constitución, para la salud constituye un derecho fundamental.
Existe una segmentación del sistema, a pesar de que la Ley de Seguridad Social proclama el derecho de todos los dominicanos al mismo plan básico de salud (PBS). Las instituciones autónomas y descentralizadas se autoexcluyeron, violentando el carácter universal y el principio de solidaridad social.
12 años después, todavía está vigente un plan de servicios de salud (PDSS), una negación del PBS, lleno de exclusiones y copagos ilegales. Sólo alrededor del 25% de los afiliados cuenta con ingresos suficientes para comprar un plan complementario. Muchas PSS discriminan a los afiliados que carecen de planes complementarios.
Pero esta diferenciación, consentida y hasta promovida por el Estado, también se expresa en la calidad y oportunidad de la atención. En el sector público la mayoría de los hospitales públicos sólo ofrecen servicios matutinos, sin atención especializada el resto del día y durante los fines de semana. Además, coexisten hospitales descentralizados con tandas extendidas.
En contraste existe una poderosa oferta privada, generalmente sin la adecuada supervisión, con un horario extendido que triplica al público, incluyendo los sábados hasta el mediodía, y servicios de emergencia especializada 24/7, que cuentan con una mayor aceptación, a pesar de su costo.
Indudablemente, la celebración de la “Semana de la Seguridad Social” ha perdido brillo e impulso debido a que, en los últimos años, las autoridades nacionales y del sistema, apenas pueden exhibir un lento crecimiento de la cobertura formal en salud, logro bastante opaco, comparado con lo que significaría el establecimiento del primer nivel de atención y la ejecución de las demás reformas fundamentales pendientes.
of-am