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Tutor de los menores
Abruman y consternan las noticias sobre padres despechados que asesinan o intentan asesinar a sus hijos, de la madrastra que mató a golpe a un niño de dos años, de los 390 infantes ingresados desde 2015 en el hospital Robert Reíd por golpes, heridas, abusos y violaciones sexuales infligidos por mayores.
Indigna saber que el 25% de los partos en hospitales públicos corresponden a niñas entre 11 a 17 años y que a los adultos autores de esos embarazos no sean sometidos a la justicia por violación sexual, en razón de que las menores carecen de capacidad jurídica para el discernimiento.
República Dominicana es signataria de la Convención de las Naciones Unidas para los Derecho del Niño, celebrada en 1989, que fue ratificada por el Congreso en 1991, a partir de lo cual se aprobaron leyes de protección al menor, incluido un Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que hasta hoy es letra muerta.
Duele decirlo, pero los menores están expuestos a cruenta explotación laboral y sexual, así como a maltrato físico y emocional en el seno del hogar o a causa de la indiferencia o negligencia de instituciones estatales, incluido al Ministerio Publico.
El Código del Menor estable que todo niño, niña o adolescente tienen derecho a la vida y que el estado debe garantizar ese derecho mediante políticas públicas tendentes a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral, un mandato que aún no se cumple.
Se resalta el esfuerzo del Gobierno por instalar estancias infantiles para que las madres solteras puedan trabajar o estudiar, pero hace falta que el Ministerio Publico cumpla su rol de tutor de los menores, porque es su obligación protegerlo contra toda forma de agresión o maltrato.
Hace tiempo que leí en algún documento el escalofriante dato de que unas 25 mil niñas y adolescentes son obligadas a prostituirse en antros de corrupción diseminados por todo el territorio nacional, lo que constituye una tragedia, aunque el número solo sea de una o dos menores.
El Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad de los menores, la inviolabilidad de su integridad física, psíquica, moral y sexual, contra todo tipo de depredador, que no puede embarazar ni abusar a una adolescente sin que sufra consecuencias penales.
El próximo gobierno del presidente Danilo Medina debe colocar en su agenda de prioridades la ampliación de políticas públicas que tiendan a consolidar la protección a niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos están hoy tan degradados, que no pocos padres se creen con autoridad hasta para asesinar a sus hijos.