Suprema Corte y la falta de una ley obstaculizan lucha contra corrupción

    Tanto Fujimori como Nayib Bukele, presidente de El Salvador que goza de alta valoración, usaron argumentos similares, al calificar de obstáculo a las ejecutorias del ejecutivo los poderes legislativo y judicial, respectivamente. Pero se trata de poderes independientes. Y al ser independientes no puede haber interferencia entre uno y otro, mucho menos cercenarlo, un golpe de Estado que daña la democracia.

Hay que recordar que Fujimori disolvió el legislativo, pero también intervino el judicial y tomó el control de los principales medios de comunicación social de Perú. Fue una forma de declararse dictador y en efecto así fue percibido por la comunidad internacional. Las violaciones a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas no se hicieron esperar, aparte de la hipercorrupción que caracterizó a ese gobierno.

Hoy Fujimori, viejo y enfermo, guarda prisión en una cárcel de su país, acusado de la comisión de graves crímenes contra la población peruana.

Sin embargo, no tengo elementos de juicio paraasegurar que la situación de El Salvador es similar a la experiencia de Perú del año 1992. No conozco las interioridades de ciertos aspectos domésticos de El Salvador ni la forma en que fueron escogidos los magistrados de esa Corte
Suprema de Justicia.

Donde hubo pruebas sobradas de irregularidades  fue en la escogencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. El actual presidente, inclusive, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En nuestro país, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, se cometieron grandes violaciones, cogiendo de mojiganga a decenas de jóvenes abogados, algunos de alta calificación académica, que iban a las entrevistas sin saber que anticipadamente ya estaban seleccionados los jueces. Ese fenómeno se dio con la SCJ, pero también con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. El PLD secuestró las instituciones de la democracia dominicana.

El PLD se blindó al contar con todos los jueces de las distintas instancias en todo el territorio nacional, sino también al introducir en la Constitución de la República, mediante la reforma del 2010, el Art. 173, el cual establece que los fiscales (fiscales peledeístas) son inamovibles y de carrera hasta los 75 años de edad.

Esa es la razón por la cual Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, tres profesionales competentes y éticos lucen aislados, pues no pueden depositar confianza en otros “magistrados” comprometidos con la corrupción peledeísta y regularmente filtran informaciones a los autores intelectuales y materiales de los grandes escándalos registrados en los últimos años.

La cúpula del Ministerio Público está atada de manos, al no disponer de normativas jurídicas. El nuevo Código Penal apenas establece penas de dos y tres años a los acusados de la comisión de corrupción pública y en todos los casos les corresponderá a los jueces dictar las sentencias, porque el Ministerio Público solo está para investigar delitos y ejercer la acción pública en nombre de la sociedad.

Es un anhelo de la mayoría de los dominicanos el apresamiento de todos aquellos que se les compruebe haber robado al Estado y quitarles los bienes sustraídos, pero es un imposible debido a que el PLD, que controló el Poder Legislativo por muchos años, nunca quiso aprobar la ley de extinción de dominio, cuyo proyecto lleva ya unos diez años en el Congreso Nacional.

Ese anhelo popular podría convertirse en un sueño y hay sueño pesadilla. El presidente Luis Abinader anunció al país, en su alocución de toma de posesión, el pasado 16 de agosto de 2020, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado ni del presente. La gente aprobó la designación de tres procuradores independientes y hasta la fecha hay transparencia financiera en el grueso de las instituciones públicas.

No obstante, si verdaderamente el presidente Abinader mantiene una actitud de lucha contra la impunidad tiene que reunirse con los legisladores del PRM y partidos aliados para endurecer las penas contra la corrupción pública a través del Código Penal. Y adicionalmente estimular la rápida aprobación de la ley de extinción de dominio, pues para tales fines se cuenta inclusive con el respaldo de las autoridades de Estados Unidos.

Nunca he sido partidario de la interferencia entre los poderes públicos, pero si hay irregularidades, como aseguran algunos reputados juristas, en la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, empezando con su presidente, que utilicen los mecanismos correspondientes para echar todas esas deliberadas chapucerías para atrás.

¿Acaso los dominicanos estamos obligados a permitir que todos los jueces y todos los fiscales sean dirigentes del PLD, que para lo único que han servido, con algunas excepciones, es para cometer y encubrir actividades ilícitas?

    No me atrevo a emitir opinión sobre lo acontecido en El Salvador, donde el Poder Legislativo intervino el Poder Judicial. Y no lo hago porque no sé si en ese país hay una situación judicial semejante a la dominicana, donde prevalece la irregularidad. De ser así tanto aquí como allá se impone revertirlo todo por la salud y el interés de ambos pueblos.

JPM