Sospecha Legítima

La Junta Central Electoral continúa subvirtiendo impunemente el orden constitucional en la República Dominicana.

Con su resolución de esta semana sobre el arrastre senatorial,  disponiendo que se suspenda en 26 provincias y se aplique en las restantes 5 provincias y el Distrito Nacional, agrede uno de los principios esenciales del estado social, democrático y de derechos, claramente establecido en el Art. 39 de la Constitución de la República, el medular principio de igualdad ante la ley.

Inverosímil que la Junta Central Electoral desintegre el principio legislativo de unicidad jurídica de la ley, en cuanto al valor universal de la norma, la cual jamás puede ser aplicada de forma discriminatoria o para privilegiar a un individuo o grupo social, económico o político.

La disposición es tan jurídicamente abominable que ha recibido el rechazo de casi toda la sociedad, las instituciones representativas, los expertos en derecho constitucional, la gran mayoría de los partidos políticos y hasta de muchos de los propios actores de poder como el presidente del Senado Dr. Reynaldo Pared Pérez, que secularmente se benefician de ese privilegio antidemocrático e inconstitucional, desconocedor de los Arts. 2, 7, 39, 74.4 y 208 de la Carta Magna.

¡Qué barbarismo jurídico! Permitir el arrastre en 5 provincias y el Distrito Nacional, las demarcaciones electorales que reúnen al 56 por ciento de los votantes, donde ejercen como caciques todopoderosos cinco senadores peledeístas que están algunos y deben estar otros, en el banquillo de los acusados del nauseabundo caso de Odebrech.

Una página más de la funesta casta del derecho que se hizo docta en el sicariato jurídico batiendo y moldeando a su antojo, como el alfarero, el barro de la interpretación de la norma, arte del que viven portentosamente muchos “ilustres” de la veleidosa, en nuestras sociedades tercermundistas, ciencia o técnica del derecho.

Detestable que no obstante el rechazo mayoritario contra dicha resolución, el presidente de la JCE, Dr. Julio César Castaños Guzmán, embriagado de engreimiento dictatorial, dijera radicalmente que sobre la aberrante e inconstitucional resolución no había marcha atrás, como si la soberanía popular  y el orden constitucional y de las leyes están  supeditados a su voluntad individual, o más bien, del poder detrás del trono que lo posee.

Esta conducta incivilizada de un funcionario de la investidura del presidente de la JCE, es la causa de que la firma encuestadora Gallup Hoy, reportara en su última medición que salió esta semana a la palestra pública, el indicador de que más del 55% de la población no cree en ese organismo electoral.

Sospecha legítima tenemos para invitar al presidente de la JCE, Dr. Julio César Castaños Guzmán, hacer un viaje retrospectivo por el túnel de la memoria, hacia el paraíso infantil de aquella expresión de inocencia: ¡Mete un dedo ahí que la cotorrita no está aquí! Pedamos su renuncia.

sp-am

 

 

 

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