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Senador dice ley decomiso recuperará bienes obtenidos ilícitamente
Marioti, Roa y Valentín, autores del proyecto.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El senador Adriano Sánchez Roa destacó que el nuevo proyecto sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, aprobado este martes en segunda lectura por el Senado, asegurará que el Estado recupere para el pueblo dominicano todos aquellos bienes de adquisición ilícita.
El representante de Elías Piña dijo que el derecho de propiedad no puede gozar de protección constitucional ni legal cuando recaiga sobre bienes obtenidos de actividades ilícitas.
El proyecto es de la autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y Antonio Cruz, según el mismo, ya se podrá suprimir, mediante la decisión de un juez, el derecho de propiedad de los bienes obtenidos ilícitamente.
De acuerdo al artículo 14, “La Jurisdicción en materia de extinción de dominio es ejercida, en todos los casos, por los jueces de la instrucción”, de manera que el ministerio público no podría disponer de la pérdida del derecho de propiedad, sino que atendiendo a los artículos 30 y 31, procederá a reunir y suministrar todas las pruebas, y hará las diligencias necesarias para dotar al juez del inventario y las pruebas de su pedimento”.
Roa explicó que en el artículo 75 se dispone que los bienes decomisados, después de reducidos los gastos, se distribuirán así: Cuando los bienes provengan de infracciones relativas a drogas narcóticas, su consumo, distribución y tráfico corresponderá: a) 25% a la Procuraduría General de la República, 25% al Consejo Nacional de Drogas, 25% a la Dirección Nacional de Control de Drogas, 15%) a las ONG’s que trabajan en labores de prevención y/o regeneración de consumo, 10% a la Policía Nacional.
Los autores del proyecto indicaron en los casos en que los bienes, productos o instrumentos decomisados provengan de cualquier otra infracción de las que dan lugar a la acción de Extinción de Dominio, corresponderá un 50%) a la Procuraduría General de la República y 50% a la Policía Nacional.
En los casos en que en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado dominicano, representado por el Ministerio Público, podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino y distribución del producto de los bienes decomisados.
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