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Reforma y nuevo rol del Estado
POR NELSON PEÑA
América Latina inicia un proceso de profundas transformaciones estructurales afectando el rol y las institucionales del estado latinoamericano en la redistribución, asumiendo el modelo neoliberal en los años ochenta del pasado siglo, mediante un proceso de privatización de las empresas públicas; compelidos por la crisis de la deuda y el proceso de globalización, caracterizado por las transformaciones en la economía, la política, el medioambiente, la cultura y la sociedad, catalizado por la tercera revolución tecnológica científica a escala mundial.
Los organismos financieros internacionales multilaterales fueron responsables de dirigir este proceso, cuyo basamento ideológico lo constituye el “Consenso de Washington” manifestado en políticas de ajustes y otras políticas como instrumentos para disminuir el rol del Estado en la economía, de acuerdo con los principios ideológicos que guiaron tales reformas, prevaleciendo el mecanismo del mercado como instrumento de asignación de los recursos; política que ha sido un fiasco.
La aplicación de programas de ajustes económicos y las condicionalidades dirigidas por estos organismos, como garantía de nuevas inversiones y condiciones crediticias, establecieron las pautas de las acciones de los gobiernos; presionando a estos países, a realizar transformaciones en la estructura del Estado.
Dados los resultados y las condiciones planteadas, el Estado tradicional ha cambiado, las mismas situaciones obligan a romper con el nudo histórico estructural que ha provocado su anquilosamiento, que ha impedido a este el uso eficiente de los recursos, el fortalecimiento de las instituciones, con otras funciones en el marco de una dinámica mundial.
Esto significa la evolución del Estado democrático en el más amplio sentido del concepto, esto implica la redefinición del rol del Estado en la sociedad, cuyas instituciones sirvan de medio de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, que mitigue las desigualdades acumuladas, la cohesión social, que catalice los cambios necesarios para un crecimiento sostenible que garantice el desarrollo económico y social, cuyo proceso debe conllevar a una mejor distribución de la renta generada por la misma sociedad.
En este contexto, cabe la pregunta: ¿Por qué la reforma del Estado?
Lo descrito expresa la paradoja que caracteriza este panorama: los contrastes surgidos por el alto crecimiento y la riqueza, y, por otro lado, la profundización de la pobreza, las desigualdades y la exclusión social.
En efecto, el déficit social se verifica en la pobreza creciente, desempleo, a pesar de la alta tasa de crecimiento del PIB, agravado por el deterioro de los servicios sociales, los déficits en los servicios de salud, educación, servicios de energía, agua potable, seguridad y protección sociales, vivienda, y el cambio climático que amenaza a la humanidad con una catástrofe ambiental; alimentación, la corrupción convertida en un fenómeno endémico, sistémico y estructural.
Este panorama señalado, justifica y explica la necesidad de profundas transformaciones estructurales institucionales y políticas, la innovación como componente de superación de la crisis, que garanticen un aumento de la eficiencia de la capacidad de gestión, la cohesión social, para ejecutar políticas que faciliten y sirvan de base a la profundización de los procesos verdaderamente democráticos, que garanticen, a su vez, el bienestar de la sociedad.
El Estado, concebido como “una expresión de relaciones de clases”, históricamente, este ha sido fuente de acumulación capitalista.
La transformación del Estado se hace impostergable dada la profundización de la crisis, las desigualdades sociales y la demanda que exigen los cambios internacionales de la globalización, convertirlo en un verdadero instrumento de justicia social, que distribuya el ingreso, pero, sobre todo, la riqueza; solo así, se podría lograr el bienestar humano, la erradicación de la pobreza, y avanzar en los compromisos asumidos en la ONU, Agenda 20-30 de Desarrollo Sostenible (ODS).
Obviamente, que las transformaciones planteadas no es un proceso fácil, debe ser fruto de una concertación social, con la voluntad política del Estado y las fuerzas vivas del país.
JPM