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Los ciudadanos nicaragüenses fueron convocados para elegir sus autoridades presidenciales, legislativas y municipales, el próximo domingo 7 de noviembre. Ese proceso electoral se efectuará en un ambiente muy enrarecido por varios factores:
Los actuales mandatarios, los septuagenarios esposos Daniel Ortega (con 76 años) y Rosario Morillo (con 70) aspiran a la reelección como candidatos del gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La oposición política se encuentra fragmentada, dispersa y muy débil políticamente. Mientras el gobierno mantiene en prisión a 7 aspirantes a la candidatura presidencial bajo la acusación de “enemigos de la revolución y traición a la patria”; el Consejo Superior Electoral (CSE) ha suspendido la personalidad jurídica de dos partidos e inhabilitado las candidaturas de tres partidos de la oposición.
La misma participa dividida con cinco candidatos a través de cinco diferentes partidos, con precarias posibilidades de triunfo a tal grado que ninguno ha tenido la suficiente intención del voto para polarizar con los candidatos reeleccionistas del FSLN.
Un sector de la comunidad internacional (OEA, UE, EE.UU. Canadá) cuestiona ese proceso electoral por las persecuciones políticas y falta de legitimidad. La comunidad latinoamericana progresista se lamenta por la desviación política y la crítica situación económica y social por la que atraviesa Nicaragua en los gobiernos del FSLN, desde hace más de dos décadas.
Es decir, los principales indicadores políticos que intervienen y se visibilizan en los comicios nicaragüenses conducen a la cuestionada reelección de la pareja presidencial Ortega-Morillo para el período 2022-2027.
La reelección presidencial en Nicaragua será un hecho consumado; sólo nos resta desear y esperar que en el próximo período, el FSLN y su líder, el presidente Daniel Ortega, implementen las ejecutorias económicas, sociales y políticas para satisfacer las positivas expectativas del pueblo nicaragüense, ponga en libertad a los presos políticos y se propicie una gobernanza que genere bienestar, justicia social y fortalezca los mecanismos democráticos que, con su indómita lucha y sacrificio se han ganado los herederos de Rubén Darío y Augusto César Sandino.
jpm-am