Rechazan extinción proceso por corrupción contra Adán Cáceres

Ortiz explicó que el Ministerio Público desmontó durante la audiencia en el tribunal, y una vez más, “la teoría que pretende implantar la defensa, no solamente en el tribunal, sino también a través de medios de comunicación y bajo distintas vías”.

“La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso; hay una serie de razones y requisitos como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos”, señaló Ortiz en nota del Ministerio Público.

“Evidentemente que, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el cual el 90 % de las dilaciones del proceso provinieron por parte de los imputados, no podemos hablar de extinción”, enfatizó.

Dijo que, incluso, el propio tribunal, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y compartes presentaron el mismo argumento sobre extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.

Durante la audiencia de este martes, Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, pidió al tribunal rechazar la nulidad propuesta y reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos sustraídos al Estado jamás se puede considerar una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses siempre pueden reunirse en cualquier espacio que escojan y sobre el que tengan legítimo derecho.

El tribunal aplazó el juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.

El pasado mes de febrero, luego de presentar sus conclusiones en el proceso el Ministerio Público solicitó la imposición de penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.

Las penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos fueron solicitadas en contra de los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

De igual manera, solicitaron la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.

También, solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.

Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

En su pedimento, el Ministerio Público también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.

También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.

Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.