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¡Que no se querelle nadie!
El país confirma cada día el designio de no querer ser país, de seguir siendo sepultura o féretro, de no trillar un camino hacia el avance. La atmósfera da el sentir de estar caminando del lado opuesto al correr de las manecillas del reloj. De que la mística de que na’ en na’ y to’ e to’ se hace más evidente en nuestro quehacer cotidiano e institucional. La eliminación del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal, que dejaba la oportunidad a los ciudadanos, a ese pequeño y reducido grupo de dominicanos/as, que gracias a sus condiciones materiales se le ha permitido, ejercer la ciudadanía activa amparados en que “en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”. Mientras la gran mayoría que constituye millones, está atrapada en la miseria y la pobreza producto de un modelo de sociedad inmoralmente desigual, en el que la corrupción y clientelismo se crecen y expanden sin límites. Entre tanto atropello y corrupción galopante en los pasillos y oficinas estatales, acaban de regalar y regalarse con esta exclusión nada inocentes de unas cuantas palabras de un seguro para cubrir la indigestión que les provocaba la queja y el sometimiento a un sector de la clase política que entiende el Estado como patrimonio, del que puede disponer cuándo y cómo le parezca. Solo le queda entonces, de promulgarse el proyecto por el poder ejecutivo, al Ministerio Público ahora la facultad de instrumentalizar expedientes contra los señalados por las auditorias y el “Rumor Público” de ser culpables de actos indelicados con el manejo de los fondos públicos. Pero quién en su sano juicio cree en los funcionarios que administran la Justicia en el país, cuando han puesto bajo llave, y sin ningún rubor en las mejillas, las querellas más serias que se han presentado en los últimos años por corrupción. De Hotoniel Bonilla, defensor de la eliminación del mencionado párrafo, se busca todavía en los archivos de la DPCA, algún logro obtenido que no sea el eficiente archivo y acumulación de querellas en la lucha contra la corrupción administrativa y por la transparencia. Y entonces, Radhamés Jiménez, nos ensalza su defensa también. Siendo él, el abogado defensor del condenado alcalde de San Francisco de Macorís, por imagínese ustedes indelicados manejos de las cuentas y nóminas del ayuntamiento de esta ciudad. Y mientras oímos y vemos como sonámbulos a unas féminas menear cadenciosamente las caderas y los glúteos al ritmo de la “chapa que vibran”, en una mesa el Código Laboral se reduce a un pasado que pensamos superado. En algún escondite de Santo Domingo o La Habana, donde los asesinos de la tiranía colocaron los restos de Mauricio Báez, se siente el crujir del suelo. Mientras con sus dientes de júbilo esperan como sacados de una caverna prehistórica los emprendedores y dinamizadores de la economía. Parece que no puede haber más nada, pero de pronto llega la Doña. Y Pone en la mesa una ley para regular las relaciones familiares, que parece que elaboró en una tarde de té, donde el Conejo y Alicia, no estuvieron invitados, pero si los amigos de sotanas más conservadoras, con la pluma de Grinch de residencia en la Ciudad de Intramuros de Santo Domingo. Tiendo a pensar seriamente, que más que un país podemos ser alguna novela olvidada de García Márquez. Esta media isla, que queremos tanto, se supera a cada momento. Solo falta ponerle un nombre acorde.