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PUERTO RICO: Denuncian discrimen contra dominicanos
SAN JUAN, Puerto Rico.- “El Departamento de Justicia de Estados Unidos había venido a investigar el discrimen contra la comunidad dominicana y ahora son ellos los que nos están discriminando, ahora son los verdugos”.
Así se expresó el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, al denunciar que no se les ha permitido contribuir con su asesoría en el caso de la Reforma de la Policía.
Indicó que la entidad que preside ha solicitado al Departamento de Justicia federal y al juez Gustavo Gelpí —quien preside el caso de la reforma policial— participar como asesores en este pleito al argumentar que tienen la solución a los problemas de discriminen por parte de agentes contra la comunidad dominicana en Puerto Rico.
“Se burlaron de nosotros”
“Nos tomaron por tontos útiles y no vamos a seguir siendo los tontos útiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si no cambian su política y si no somos asesores dentro de la reforma oficialmente, que no nos llamen, se burlaron de nosotros. Nos están discriminando ellos ahora”, acotó.
Expuso que las comunidades discriminadas en Nueva Orleans —en donde también hay una reforma de la Policía— figuran como asesoras en ese caso y que su voz es escuchada y tomada en cuenta.
Comentó que hace unas tres semanas vinieron a la Isla el abogado de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia Federal, Luis Saucedo, y su equipo de trabajo, para reunirse con representantes de grupos discriminados y que declinó asistir al encuentro por desconfiar de la Reforma y de esa agencia federal.
“Ellos quieren ahora congraciarse con las comunidades afectadas, pero ellos ahora se han convertido en los violadores. La reforma está en un abismo. Aquí no hay fiscalización. Lo que se vio en las manifestaciones contra los estudiantes no ha tenido consecuencias. Ahora mismo la reforma es un chiste de mal gusto. Lastimosamente, lo digo como precursor de la investigación”, apuntó.
Advirtió que solo sostendrán reuniones con el equipo de la reforma, siempre y cuando la prensa esté presente. “No nos reuniremos en privado”, advirtió.
Opinó que el nuevo monitor John Romero y el nuevo comisionado especial de la reforma, Alejandro del Carmen, no están calificados para el puesto que ostentan.
“Tienen gente nombrada ahora como el nuevo monitor que es un monigote que no hacía nada mientras la Policía masacraba a los estudiantes. Es un monigote que cobra un sueldo de lujo. No compone nada, no sabe ni qué va a hacer… No viven aquí, no conocen a Puerto Rico, no conocen la idiosincrasia de la Policía de Puerto Rico, ni de los inmigrantes”, señaló.
“Lo que están es ganando sueldos de lujo y repartiéndose los $20 millones asignados para la reforma en bufetes de abogados caros, como el de McConnell Valdés, en el que es contratista el papá del juez Gelpí y eso es un conflicto de intereses y no resuelven nada. Ahora uno va a las vistas y el juez dice que todo en la Policía está bien”, agregó.
Anticipó que continuarán denunciando los actos discriminatorios por parte de la Policía contra la comunidad dominicana y que no descartan efectuar una marcha para crear conciencia sobre un patrón de discrimen que “no ha cesado”, puntualizó.
Asimismo, adelantó que están trabajando con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), para radicar una demanda de clase contra el estado. Precisó que esta acción se llevará a cabo sin contar con el equipo de la reforma de la Uniformada porque le han retirado la confianza.
De otra parte, denunció que aun hay policías fungiendo como agentes de inmigración para perseguir a los dominicanos, particularmente, en el pueblo de Río Grande.
“Eso está prohibido y nosotros hicimos que esa prohibición se incluyera en la reforma. Nosotros pedimos que se le prohibiera a la Policía fungir como agente de inmigración. Son unos policías corruptos de Fajardo y Río Grande, que discriminan contra personas humildes que van a trabajar a esa zona. Se le ha dicho a la comunidad que no vaya a esa zona”, acotó.
Sin investigar casos de “brutalidad policiaca”
Por otra parte, denunció que aun las autoridades no han investigado varios casos de brutalidad policiaca que provocaron la muerte de dominicanos.
Recordó que uno de los casos es el de Franklin Cáceres Osorio, quien presuntamente fue golpeado y lanzado esposado desde un edificio en Barrio Obrero. A su vez, destacó el caso de Jairo Pinales, quien supuestamente fue asesinado a tiros por la Policía en la calle William B. Jones, en Río Piedras.
De igual forma, mencionó el caso de Rafael Herrera, quien se alega falleció a consecuencia de una paliza que le propinó un agente durante un operativo.
“Herrera les pidió auxilio a los policías luego de que le dieron la golpiza y no lo ayudaron, lo dejaron morir. Ese es uno de los casos más antiguos. Son tantos, han sido como 20 casos y no se han investigado”, sostuvo Rodríguez.
Mientras, Saucedo dijo a EL VOCERO por escrito que refirió a la Oficina de Asuntos Públicos la solicitud que hizo este medio para obtener una reacción. Al cierre de esta edición no había producido comunicación.