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Presidente de la JCE miente
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Dr. Roberto Rosario, en un vano intento por justificar las irregularidades cometidas durante el proceso eleccionario, dirigió un discurso al país poco feliz ante el pobre papel de árbitro que jugó.
Está claro que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales celebradas en el país el 15 de mayo no fueron libres, limpias, competitivas y transparentes como afirmara el presidente de la JCE, sino, todo lo contrario, la oposición la define como una de «las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática».
El presidente de la República y candidato a la reelección usó y abusó de los recursos del Estado sin que la JCE, órgano rector del proceso electoral, lo impidiera haciendo uso del artículo 212 de la Constitución de la República, que la faculta para tomar las medidas legales necesarias a fin de garantizar igualdad y equidad.
El artículo 212 de nuestra Ley Sustantiva estatuye que la Junta Central Electoral es un órgano autonómo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, con facultad reglamentaria en los asuntos electorales. En consecuencia, tiene capacidad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.
En su discurso el presidente de la Junta Central Electoral trató de culpar de los graves problemas e irregularidades suscitados en el escrutinios de los votos en los tres niveles a la oposición. En vez de asumir un rol institucional, lo que hizo fue parcializarse con el partido oficialista.
Cuando debió actuar como árbitro, como era su deber, el presidente de la JCE se comportó de forma parcializada, negándoles a los candidatos de la oposición los pedimentos como que los votos fueran contados como dice la ley electoral y no sólo bajo una tecnología de escrutinio desacreditada en varios países.
Todo cuanto ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral es justificar que seis candidatos a la presidencia de la República no reconozcan los resultados de los comicios del pasado 15 de mayo.