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El modelo de seguridad social de España, Francia, Chile, México y Colombia y algunos otros país, del cual se copió y pegó el que opera en la República Dominicana, ha entrado en serio peligro de colapsar, dejando eventualmente a millones de asegurados sin cobertura ni protección.
En casi todas esas naciones se han realizado cientos de grandes manifestaciones por parte de los trabajadores y asegurados reclamando su derecho a atenciones médicas de calidad y a una futura pensión digna llegado el momento del retiro.
Sin embargo, en la República Dominicana, el último país en llegar a la seguridad social, la realidad no ha sido traumática, sino que ésta ha ido construyendo una estructura de crecimiento sostenido tanto en los aspectos de pensiones como en el día a día que lo constituye la prestación de atenciones de salud.
Según datos del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la cobertura de salud del sistema ronda el 78% de la población dominicana, siendo uno de los más elevados en la región para un modelo que apenas tiene 17 años de haberse creado, pero que en la práctica poco más de 12 si se toma en cuenta que realmente arrancó después de 2004.
Conforme los reportes mensuales, los Fondos de Pensiones—el plato más apetecible y apetecido de la seguridad social—ya cuentan con un acumulado de más de 600 mil millones de pesos, es decir, casi un 74% del presupuesto del Gobierno Central para este año 2018.
Pero, ¿cuál es la parte fundamental de un sistema de seguridad social? Es obvio que se trata de la cobertura de salud, pues de una atención oportuna, confiable y de calidad, dependen las vidas de todos los asegurados.
De ahí que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son la parte del sistema más delicada y con la cual se debe tener mayor cuidado a la hora de adoptar políticas, pues un impacto negativo en su operatividad puede tener consecuencias negativas para un sistema que está echando raíces.
Es por ello que carece de oportunidad el laborantismo que lleva la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales contra las ARS, cuando lo lógico es que la tónica deba ser la armonización de intereses, tomando en consideración que el ente regulador tiene que actuar con pies de plomo, analizando los pros y los contras de cada decisión.
El abecé de la regulación postula que el regulador está en el punto intermedio sin inclinarse excesivamente hacia un lado quitándole sentido a su papel.
Es por ello que la Sisalril debe sopesar cuidadosamente sus decisiones para no afectar un sistema que ha estado caminando bien y lo que necesita es consolidación y no litigio.