Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal Prensa Latina en República Dominicana

SANTO DOMINGO.-  La violencia contra niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana continúa siendo una de las expresiones más persistentes de desigualdad social y fragilidad institucional en el Caribe.

Lejos de tratarse de hechos aislados, cifras recientes confirman que el maltrato infantil permanece como un fenómeno cotidiano y normalizado en el entorno familiar y comunitario.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), centrado en la situación de los derechos de la niñez ante las violencias en este país, revela que más del 63 por ciento de los menores entre 1 y 14 años ha sido sometido a métodos agresivos de disciplina en el hogar.

La prevalencia aumenta incluso en edades tempranas: en niños de 3 y 4 años alcanza el 70 por ciento, lo que refleja una preocupante aceptación cultural de prácticas de castigo físico y humillación como supuestas herramientas educativas.

Este escenario plantea una interrogante central para las políticas públicas: ¿cómo proteger efectivamente a la niñez cuando lo que muchos consideran un aceptable castigo se reproduce en el espacio que debería ser el más seguro?

ENTRE LA NORMALIZACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS EXTREMAS

Aunque muchas formas de intimidación infantil se expresan en actos cotidianos -golpes, negligencia, disciplina degradante-, sus manifestaciones más extremas también son alarmantes.

De acuerdo con el informe de la Unicef, «Análisis de la Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ante las Violencias en la República Dominicana», entre 2018 y 2022 al menos 212 menores fueron víctimas de homicidios intencionales, y solo en 2022 se registraron 33 casos.

Estas cifras evidencian que esa actitud contra la niñez no solo afecta el bienestar emocional o el desarrollo psicológico, sino que puede escalar hacia formas letales cuando el Estado y los sistemas de protección fallan en intervenir a tiempo.

Carlos Carrera, representante de Unicef en la República Dominicana, advierte que la normalización de tal situación multiplica el daño.

«Sin información estratégica y confiable, el país seguirá reaccionando tarde ante un problema que exige prevención, coordinación institucional sostenida y una voluntad política que se traduzca en acciones concretas», sostuvo.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN BAJO PRESIÓN 

Los datos disponibles muestran señales constantes de alerta.

Más de tres mil 400 niños, niñas y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, junto a miles de mujeres víctimas de violencia.

Esto confirma un patrón ampliamente documentado en América Latina: la violencia intrafamiliar no solo daña a las féminas, sino que expone directamente a la niñez a entornos de riesgo.

En el ámbito sanitario, el incremento de casi un 45 por ciento en los casos de maltrato físico en menores de cinco años entre 2021 y 2022 refuerza la urgencia de actuar con mecanismos preventivos más robustos.

EL DESAFÍO CENTRAL: DATOS FRAGMENTADOS, RESPUESTAS LIMITADAS

Uno de los puntos señalados por Unicef y la Universidad Iberoamericana (Unibe) es la debilidad estructural en la producción y uso de información.

La fragmentación, baja comparabilidad y utilización limitada de los datos disponibles impiden que las políticas públicas respondan con eficacia proporcional a la magnitud del problema.

En este contexto, la academia aparece como un actor clave. La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, destaca que originar evidencia rigurosa y oportuna es parte de la responsabilidad institucional para proteger derechos fundamentales.

La creación de una red articulada de instituciones investigadoras busca, precisamente, la transformación de estadísticas dispersas en herramientas de acción pública: presupuestos, programas y sistemas de monitoreo que permitan intervenir antes de que la transgresión se perpetúe.

«La academia tiene la responsabilidad de producir evidencia útil y oportuna que contribuya a decisiones públicas capaces de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes», sentenció Camilo Vincent.

MÁS ALLÁ DEL CASO DOMINICANO: UNA DEUDA REGIONAL

Aunque el caso de República Dominicana tiene particularidades culturales e institucionales, el fenómeno se inscribe en un desafío regional: la persistencia de modelos de crianza impetuosos, la insuficiencia de sistemas de protección y la falta de políticas sostenidas basadas en demostraciones.

La campaña «Los Datos Cuentan», impulsada por Unicef, intenta precisamente romper el silencio estadístico y político que rodea estas prácticas. En sociedades donde el castigo físico aún se justifica como disciplina, visibilizar el problema es un primer paso hacia su erradicación.

TRANSFORMAR DATOS EN VOLUNTAD POLÍTICA

La violencia contra la niñez no es solo un desafío técnico ni un problema cultural inevitable. Es una violación de derechos humanos que requiere voluntad política, coordinación institucional y respuestas sostenidas.

Sin evidencia sólida y articulada, este fenómeno social seguirá reproduciéndose en silencio. Convertir los datos en acción es hoy una responsabilidad urgente para garantizar que cada niño pueda crecer libre de miedo, abuso y negligencia.

arb/mpv

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POR JULIO MARTINEZ

En los últimos meses, el mapa de poder en el continente americano ha cambiado de forma abrupta y, sin embargo, el silencio de las grandes potencias resulta casi ensordecedor. Mientras Estados Unidos endurece su presencia política, económica y militar en Venezuela, Cuba y el entorno del Canal de Panamá, la reacción de China y Rusia es llamativamente contenida, muy lejos del tono de confrontación que habría predominado en plena Guerra Fría.

En el caso venezolano, la magnitud de los intereses chinos y rusos hace aún más sorprendente esta pasividad aparente. Durante años, China canalizó decenas de miles de millones de dólares en préstamos e inversiones hacia Venezuela, muchos de ellos respaldados por petróleo, mientras que Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de armamento y tecnología energética de Caracas.

Sin embargo, ante el endurecimiento del bloqueo estadounidense, la interceptación de buques y las operaciones de presión sobre el gobierno venezolano, la respuesta de Pekín y Moscú ha sido fundamentalmente retórica, sin gestos contundentes en el terreno militar o económico que alteren el equilibrio impuesto por Washington.

Cuba ocupa hoy el otro vértice de esta pinza geopolítica. Washington ha pasado de un embargo de larga data a una estrategia de estrangulamiento energético mucho más agresiva, que combina sanciones financieras, amenazas arancelarias y presión diplomática sobre cualquier país que se atreva a suministrar combustible a la isla. El resultado es un bloqueo petrolero de facto que se traduce en apagones prolongados, colas interminables para conseguir gasolina, caída del transporte público y un deterioro acelerado de servicios esenciales como la salud y el abastecimiento de alimentos.

Riesgo 

La dimensión humanitaria de esta política empieza a ser inocultable. Organismos internacionales y organizaciones humanitarias advierten del riesgo de un colapso social si no se garantizan mínimos energéticos para hospitales, cadenas de frío y servicios básicos, mientras la Casa Blanca intenta compensar la imagen de asfixia con paquetes de ayuda selectiva que no modifican la estructura del bloqueo. La lógica es clara: castigar a cualquier actor que abastezca a Cuba, no solo a La Habana, elevando el costo político y económico de desafiar la línea marcada por Washington.

El mecanismo de presión no se limita al diseño de sanciones en despachos lejanos: la intensificación del seguimiento y abordaje de petroleros sancionados, tanto en el Caribe como en rutas más remotas, consolida un cerco marítimo que disuade a navieras, aseguradoras y bancos de participar en operaciones vinculadas a Cuba o Venezuela. Cada buque detenido, cada póliza anulada, envía un mensaje ejemplarizante a todo el sistema logístico global: comerciar con ciertos países puede convertirse en objetivo. Es una forma de guerra económica que sustituye cañones por cláusulas y amenazas legales.

La reacción rusa ante este endurecimiento ha sido, de nuevo, más declarativa que material. Moscú condena las medidas como “ilegítimas”, denuncia el uso de la energía como instrumento de presión y promete seguir suministrando crudo a Cuba en la medida de sus capacidades. Pero, más allá de algunos cargamentos puntuales y de la retórica de apoyo, no se ha visto una ruptura real del cerco: no hay escoltas militares visibles para los petroleros, ni se han producido respuestas que eleven de verdad el costo estratégico para Estados Unidos. Es una solidaridad medida, que cuida más de no escalar el conflicto global que de garantizar a toda costa el suministro a la isla.

Este patrón se repite en otros escenarios. En el Canal de Panamá, Estados Unidos ha dejado claro que considera inaceptable la consolidación de empresas chinas en terminales clave, y ha respaldado decisiones soberanas panameñas que resultan, en la práctica, favorables a su objetivo de reducir la presencia estratégica de Pekín en esa vía. China responde con advertencias sobre el impacto en la confianza inversora y sobre posibles represalias económicas, pero los analistas prevén una reacción limitada, más orientada a renegociar posiciones que a forzar una confrontación abierta en un punto neurálgico del comercio mundial.

Visto en conjunto —Venezuela, Cuba, Panamá—, el cuadro sugiere algo más que la simple correlación de fuerzas. Estados Unidos actúa con creciente agresividad en lo que históricamente ha considerado su esfera de influencia, utilizando sanciones financieras, bloqueos energéticos, presión sobre terceros países y control indirecto de rutas estratégicas.

China y Rusia, pese a tener intereses económicos simbólicos de enorme calado en esos mismos espacios, optan por una respuesta calculadamente moderada, que combina declaraciones de principio, algunos gestos puntuales de apoyo y mucha prudencia a la hora de asumir riesgos reales frente al poder militar y financiero estadounidense.

No hay tratado público ni cumbre que consagre un pacto de reparto, pero el comportamiento de las partes invita a pensar en líneas rojas tácitas: Washington no tolerará desafíos estructurales de potencias extra-hemisféricas en su “patio trasero”, y estas, a su vez, aceptan retroceder o limitar su reacción en América a cambio de preservar sus prioridades en otros tableros más determinantes para ellas, como Europa oriental o Asia-Pacífico. Es, en los hechos, una actualización silenciosa de la vieja lógica de zonas de influencia, adaptada al lenguaje de la globalización y los mercados financieros.

Para países como Cuba, Venezuela o Panamá, el coste de este juego entre gigantes es altísimo. Son escenarios de presiones cruzadas en los que sus poblaciones sufren escasez, inestabilidad y pérdida de margen de decisión, mientras las grandes potencias negocian sin reconocer abiertamente que lo hacen. La soberanía formal se mantiene; la soberanía material —capacidad real de decidir su modelo económico, sus alianzas y su política energética— se diluye bajo el peso de sanciones, bloqueos, condicionamientos crediticios y amenazas comerciales.

“Un acuerdo secreto que no se ve pero se nota” resume esa sensación de que el mundo camina hacia una nueva repartición de zonas de influencia, más sutil que la del siglo XX, pero igualmente efectiva para vaciar de contenido la autonomía de los Estados pequeños y medianos.

La gran incógnita es si esta arquitectura silenciosa traerá alguna forma de estabilidad —a costa de normalizar bloqueos que rozan lo humanitario— o si, por el contrario, sólo aplaza conflictos más graves mientras se afianza una lógica de asfixia económica como instrumento central de poder. En cualquiera de los dos casos, el precio lo seguirán pagando, sobre todo, quienes menos voz tienen en este reparto: los ciudadanos de las naciones que hoy se disputan en silencio.

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