En el año 1942 Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña publicaron dos tomos de “Gramática Castellana”, obra considerada texto fundamental del idioma español, usada en nuestro país durante décadas en los primeros cursos de la educación secundaria. Y todavía sirve de consulta, por tratarse de un referente pedagógico en la enseñanza de los signos de puntuación y otros aspectos idiomáticos.

Con el paso de los años es lógico que desaparezca de las aulas. Lo que no puede justificar de ninguna manera el Ministerio de Educación es el cambio de textos, de las distintas asignaturas, todos los años, como si se trataran de obras desechables, obligando a los padres a comprar nuevos libros cada vez que inicia el año escolar, lo que desnuda un sucio negocio que involucra posiblemente a esa cartera, las editoras y los colegios privados, en desmedro del desprotegido consumidor, que no tiene doliente.

Desde el Estado dominicano no debía permitirse un abuso similar, pero gobierno vienen y gobierno van y se repite la misma historia. Otra institución que viene ensayando una conducta parecida a la de educación es la Junta Central Electoral.

En los últimos años el modelo de actas de nacimiento, de divorcio, de defunción y de reconocimiento se ha modificado en múltiples oportunidades. Le ha pasado a mucha gente que, al presentársele una emergencia para determinado trámite, no puede usar un acta guardada en la casa porque ese modelo ya ha sido cambiado. Tiene que acudir a un centro de servicios del Registro Civil a solicitar una nueva.

Se trata de cambio de diseños que representan muchos millones de pesos. Y hacerlo con tanta frecuencia desnuda una posible búsqueda de un organismo que propiamente dicho no es recaudador del Estado, no transfiere nada, contrariamente recibe un presupuesto mensual, que suele subirse cada año a través de las cámaras legislativas, partiendo del nivel de inflación.

Y cada cuatro años, con motivo de la celebración de los certámenes electorales, a la Junta Central Electoral se le otorga una partida multimillonaria adicional para esos fines, la cual se justifica en la medida en que se haga un montaje ejemplar, realice su rol de árbitro y garantice equidad entre las opciones políticas participantes, porque es una forma de fortalecer la institucionalidad y, en consecuencia, la democracia dominicana.

En un ejercicio de objetividad hay que reconocer que la JCE contó los sufragios tal cual fueron emitidos en las urnas en la contienda comicial pasada, es decir, el 19 de mayo de 2024. De los cinco jueces, hay cuatro que repitieron y es muy posible que lo merezcan, pese a que hubo delitos electorales sin sancionar, como son la compra de cientos de miles de cédulas y la compra de centenares de tránsfugas políticos, provenientes de la oposición (como alcaldes, exalcaldes, diputados, exdiputados, regidores, exregidores y antiguos senadores).

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De igual manera, en el año 2024 no hubo control del gasto en la publicidad estatal, al punto que organismos de la sociedad civil atribuyen una inversión ascendente a 8 mil millones de pesos solo por ese concepto.

Es un aspecto que compete delimitar al órgano electoral. No lo hizo, pero tampoco nunca se ha hecho. Y es la razón por la cual muchos expresan conformidad cuando un tribunal por lo menos realiza un conteo apegado a lo real, conducta un tanto escasa en el recorrido de la historia social dominicana.

De todas maneras, lo ideal es que se cumplan las leyes electorales y se castiguen los delitos. No se trata de justificar lo del 2024 con los desmanes cometidos durante los 20 años de gobierno del PLD, porque lo que condenamos ayer no se puede validar hoy.

Lo malo está mal no importa el autor ni el momento en que se hizo. Y la verdad es que en el 2024 apenas votó el 54% de los miembros del padrón electoral. Ese astronómico abstencionismo del 46% no solo obedece a la calidad de las ofertas electorales, sino a la compra masiva de cédulas, lo que redujo el número de votantes.

Sin embargo, no se sabe si hay alguna deuda o favor gubernamental pendiente con la JCE y goza de luz verde para despacharse con un despropósito que afecta directamente a la población dominicana, al consumidor regular o usuario, que desde el inicio del presente mes recibió un tablazo, consistente en el aumento del 50% del costo de las actas, sean estas de nacimiento, de matrimonio, de defunción o de reconocimiento. Todas fueron aumentadas de 400 a 600 pesos, incluyendo las actas escolares que anteriormente no pagaban.

¿Cómo puede justificar la JCE un abuso similar, si tiene todos sus gastos cubiertos mediante el presupuesto que otorga el Estado dominicano? Hasta la tinta y el papel que usa para la emisión de un acta que ofrece al ciudadano está en el dinero que por ley se le otorga.

A la JCE se le podría exonerar un pago simbólico de 50 pesos, pero 600 resultan inaceptables. Y de no echar para atrás esa impopular medida procede que sus miembros sean interpelados, se expongan a un juicio político e inclusive a la escogencia de un nuevo pleno de parte del Senado de la República.

Es que la emisión de un acta a un niño recién nacido tiene carácter de obligatoriedad, como es obligatorio también el acta de carácter escolar. La población podría apoyar, con razón, la destitución de los jueces de la JCE.

La JCE antes de meterse en una empresa semejante debió tomar el pulso a la población, haciendo una encuesta. No imponer al usuario tarifas desproporcionadas, respecto a un servicio que resulta obligatorio para todos los trámites civiles. Ahí es que radica el gran abuso.