DAMASCO, 27 Jul.- Un total de 1.448 personas han muerto debido a la espiral de violencia sectaria que sacudió durante una semana la región de Sueida, en el sur de Siria, entre combatientes drusos y beduinos, según el último balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos publicado este domingo, que detalla además casi 260 cadáveres con indicios de ejecución.

Estas cifras corresponden a fallecidos antes de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre el Gobierno y las milicias drusas.

Entre los fallecidos hay 698 combatientes drusos y 145 civiles drusos. Los ejecutados son 258 personas, entre ellas doce mujeres, 8 niños y un anciano, a manos de fuerzas aliadas del Gobierno sirio, denuncia el Observatorio.

Además han muerto 469 miembros de las Fuerzas de Seguridad y 40 beduinos suníes, considerados aliados del Gobierno. Entre ellos hay tres personas que fueron ejecutadas sumariamente por combatientes drusos. A esta cifra hay que sumar 15 miembros de las Fuerzas de Seguridad sirias muertos en bombardeos israelíes.

En cuanto al conflicto, el Observatorio ha alertado «a pesar del anuncio de un alto el fuego en la gobernación, las pérdidas humanas siguen aumentando a diario, lo que refleja la fragilidad de la calma y el deterioro de la seguridad ante la ausencia de mecanismos de supervisión o rendición de cuentas para los infractores».

Por último, el Observatorio «condena esta flagrante violación del alto el fuego, responsabiliza plenamente a las partes responsables del bombardeo por poner en peligro la vida de los civiles y exhorta a todas las partes a respetar la tregua declarada.

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Las dos conversaciones con Rusia han desembocado en acuerdos adicionales de intercambios de prisioneros pero Zelenski ha propuesto ya una reunión, como ha recordado este domingo, «al más alto nivel» con el presidente ruso a finales de agosto. Rusia todavía no ha contestado.

«Es imprescindible la presencia de representantes de Europa en esta reunión», ha manifestado Zelenski en su recuento de una conversación en la que han abordado cuestiones tanto de defensa como de política interna ucraniana, en especial sus iniciativas para poner freno a la corrupción.

«Necesitamos una protección fiable contra los misiles y drones rusos. Hablamos del suministro de misiles adicionales para los sistemas SAMP/T y Crotale. También debatimos extensamente sobre la financiación de la producción ucraniana de drones de todo tipo», ha explicado el líder ucraniano.

Zelenski ha puesto en valor la colaboración específica de Francia «sobre la formación de pilotos ucranianos en aviones Mirage», una cooperación que espera continuar durante los próximos meses.

El presidente ucraniano ha asegurado que la «infraestructura anticorrupción de Ucrania» ya está «plenamente operativa», en respuesta a las peticiones de Bruselas para facilitar su proceso de adhesión, y ha recordado la puesta en marcha de su «proyecto de ley presidencial» para «garantizar la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción e impedir la influencia rusa en ellos».

Por último, Zelenski ha aprovechado para comunicar un decreto por el cual «sincronizará» los 18 paquetes de sanciones promulgados por la Unión Europea contra Rusia dentro de la jurisdicción ucraniana.

«Estamos trabajando para garantizar que nuestras sanciones estén sincronizadas en todas las jurisdicciones asociadas. La máxima presión mediante sanciones es el argumento más eficaz para que Rusia ponga fin a esta guerra», ha concluido.

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QUITO, 27 Jul.- Las autoridades de Ecuador han anunciado este sábado que llevarán a cabo la deportación de alrededor de 1.000 presos de nacionalidad colombiana que cumplían condena en distintos puntos del país en el marco de un proceso que se ha iniciado ya con la repatriación de 700 de estas personas privadas de libertad (PP).

«El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, inició la deportación de 700 personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana, de un total de 1.000, que se encontraban en distintos centros carcelarios del país. Esta medida refuerza el compromiso con la seguridad y el orden interno», ha indicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

De acuerdo con esta entidad, a cargo del sistema penitenciario ecuatoriano, estas deportaciones se efectúan «conforme a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reformada por la Ley Orgánica de Integridad Pública, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal», y tienen su base en un acuerdo ministerial suscrito el pasado 2 de julio por la Subsecretaría de Migración y la Dirección de Control Migratorio, que «fueron delegadas para dar inicio a los procesos administrativos de deportación».

Como parte de este procedimiento, ha puntualizado el SNAI, a lo largo de este mes de julio se han realizado unas 1.000 audiencias individuales a presos de nacionalidad colombiana, cuyas resoluciones han sido posteriormente remitidas por la Subsecretaría de Migración al propio servicio estatal de prisiones para la gestión de «su presentación ante los jueces competentes en cada jurisdicción» del país.

«En base a estas resoluciones, en un plazo de 24 horas, los jueces avocaron conocimiento de la resolución administrativa de deportación y emitieron las respectivas boletas de excarcelación. Una vez emitidas dichas boletas por el Consejo de la Judicatura, el SNAI procede con la excarcelación, y posteriormente, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración, ejecuta la deportación a Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca», explica el Ejecutivo ecuatoriano en la misma nota.

El Gobierno de Quito ha asegurado que todo el proceso ha estado regido por «estrictos protocolos de seguridad» y con «un irrestricto respeto a los derechos humanos», así como con «la debida reserva de información», a fin de salvaguardar el cumplimiento de todos los procedimientos legales y el respeto de los derechos fundamentales de los presos a deportar.

PRESENCIA NO PLANIFICADA NI INFORMADA

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha criticado que la devolución de sus connacionales no había sido debidamente notificada y ha insistido en la necesidad de establecer un protocolo de actuación para garantizar «un trato digno» de los ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador.

«Ante el anuncio oficial de que entre el miércoles y el jueves de esta semana llegará un nuevo grupo de connacionales deportados desde Ecuador al Puente de Rumichaca, el gobierno de Colombia a través de la Cancillería insistirá con su par ecuatoriano para que se establezca un protocolo y un calendario para la salida», ha expresado el Ministerio de Exteriores colombiano en un comunicado publicado después de que «las autoridades del vecino país expulsaran a 603 connacionales (543 eran hombres y 60, mujeres)».

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, ha alabado no obstante que, «pese a no haber recibido aviso previo por parte del gobierno ecuatoriano», las autoridades del país han desplegado los recursos a su alcance y han ofrecido «atención humanitaria integral a los 603 ciudadanos que retornaron este sábado».

«La alcaldía ha seguido los protocolos indicados y en este momento la situación ha sido resuelta manteniendo la normalidad tanto en el puente fronterizo como al interior de la ciudad en términos de convivencia y tranquilidad. Las personas han sido atendidas con la debida dignidad, con la debida empatía para que puedan llegar a su destino final, y han sido informadas de los deberes y derechos que en este caso tienen al regresar al país como retornados», ha apostillado Villavicencio.

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