¿Pasa por la cabeza de alguien considerar atinado que el presidente Luis Abinader haya impuesto una Junta Central Electoral sin consenso con los partidos políticos, cuyos procesos internos esa entidad ha de arbitrar además de organizar  elecciones municipales, congresuales y presidenciales que deben resultar confiables para todos?

¿Es al presidente de turno y a las fuerzas que él decida privilegiar a las únicos que les corresponde estar satisfechos con el arbitraje electoral? ¿Es democrático que se escoja una JCE expresamente adversa al principal partido opositor?

Eso no fue lo que ocurrió cuando se escogió la Junta Central Electoral saliente. Su presidente Julio César Castaños Guzmán fue producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, y los miembros que le acompañan fueron seleccionados de manera equilibrada, de modo que nadie pudo alegar que se inclinaban hacia una fuerza específica, o que habían desarrollado rivalidades que afectaran su imparcialidad.

El presidente Abinader había pregonado que propiciaría una Junta Central Electoral independiente, pero la que impuso, arrodillando a la propia mayoría senatorial de su partido, que tenía otras preferencias, de lo único que es independiente es del Partido de la Liberación Dominicana.

Se entendía que uno de los mayores avances de los procesos electorales dominicanos, fueron las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, que debieron regir los últimos procesos electorales, controlando el tranfuguismo, fortaleciendo la democracia interna de los partidos y llevando mayor transparencia a los financiamientos, pero desde el Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez se encargó de que la aplicación de esas disposiciones no tuvieran ningún efecto, para favorecer al doctor Leonel Fernández y a  seguidores que no podían ser candidatos de otros partidos después de haber participado en las primarias del PLD.

Es el favor que ahora se le devuelve al designarlo presidente de la Junta Central Electoral que también tiene pendiente  decidir si con un 4.5% de los votos, Fuerza del Pueblo puede ser declarado partido mayoritario, lo que le conferiría ingresos económicos similares a los que recibirán el PRM y el PLD. Es el mismo compromiso que propició otras escogencias, amén de las posiciones contrarias al PLD que se les conocen a la mayoría.

Lo del pacto que parió la nueva JCE es tan evidente, que en su columna AM, la directora del Diario Libre formula estas preguntas:

“¿Es la Fuerza del Pueblo el acompañante que necesita el PRM? ¿Es más “independiente” Jáquez que Olivares? ¿Cuál es el precio? En un año como el que se avecina, las alianzas van a cobrarse caras y la Fuerza del Pueblo no parece tener muchos escrúpulos ni remilgos a la hora de pedir”.

También lo alude Eddy Olivares: “Me preocupa como dirigente y ciudadano, que rodara por el suelo, a causa de un incorrecto compromiso, la promesa del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática”. 

Y, el PLD, afirma: “Estamos ante un gobierno atrapado en un pacto con una minoría que quiere ganar con demandas desproporcionadas lo que el pueblo le negó en las urnas”

Para imponer a Jáquez se hizo necesario impedir que a Eddy Olivares se le colocara en la terna llevada al pleno senatorial, y como aún era posible que el pleno no se atara al  informe de la Comisión y lo incluyera, el presidente Abinader hizo comparecer ante él a los senadores del PRM, para reiterar su objeción a Olivares.

JPM

La separación de los poderes constituye uno de los principios fundamentales de la democracia, que como sostiene Steven L. Taylor, en sus ‘50 Teorías Políticas Apasionantes y Significativas’, “es un modelo de distribución del poder gubernamental que pone las funciones legislativas (creación de leyes), ejecutiva (implementación de leyes) y judicial (aplicación de leyes) en distintas manos”.

A propósito de la separación de las funciones R. Carré de Malberg, recuerda en su reconocida Teoría general del Estado, que en los tiempos modernos, Locke, que parece haber sido el primero en advertir la utilidad de una separación de poderes, en su Traité du gouvernamentcivil, escrito inmediatamente después de la Revolución de 1668, distingue cuatro potestades: el poder legislativo, que presenta como el poder preponderante; el poder ejecutivo, que queda subordinado el legislativo; y además, el poder federativo, o facultad de dirigir las relaciones con el extranjero, y la prerrogativa, que es el conjunto de los poderes discrecionales conservados todavía en aquella época por el monarca inglés.

Sin embargo, fue Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, quien en su celebrada obra El espíritu de las leyes, halló la verdadera fórmula de la teoría moderna de la separación de poderes.

En ese sentido, Montesquieu ideó el mecanismo de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el propósito de detener cualquier abuso de poder, advirtiendo que “todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo ejerciera esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar y el de juzgar”.

Tuvo mucha razón Montesquieu, al advertir el peligro de concentrar todos los poderes en manos de un solo hombre o institución.  Un desafortunado ejemplo de lo anterior lo ha sido desde su fundación la República Dominicana.

Sin lugar a dudas, el modelo ultra presidencialista dominicano, acompañado de la cultura del jefismo, implantada por las dictaduras que gobernaron durante los siglos XIX y XX, han sido los principales motivos por los cuales el poder ejecutivo ha violado el principio de separación de poderes, como lo acaba de hacer el nuevo presidente, Luis Abinader, al disponer la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, que es una competencia exclusiva del Senado de la República.

Otra causa que motiva el sometimiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo es el interés de los legisladores, principalmente los oficialistas, de canalizar con fines electorales las obras que realiza el gobierno en las distintas demarcaciones.

Igual de nefasta es la vulneración de la separación de poderes provocada por la imposición de la aprobación de iniciativas legislativas del Ejecutivo en razón de la obediencia ciega a los lineamientos partidarios.  Se recuerda como un ejemplo de esto la admisión de algunos legisladores de la aprobación, sin haberles dado lectura, de leyes, contratos y préstamos lesivos al interés nacional.

Estos malos comportamientos son verdaderas traiciones a la confianza de los representados, los cuales no pueden ser justificados, en razón de que el artículo 77 de la Constitución de la República dispone, en su numeral 4, lo siguiente: “Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuenta”.

ej.olivares@hotmail.com

JPM