El número de internos preventivos y condenados en las cárceles dominicanas siempre es alto y sobrepasa la cantidad de internos para las cuales fueron construidas. Esta situación produce lo que se denomina hacinamiento carcelario.

Respeto al hacinamiento carcelario la jurisprudencia de la Corte IDH ha dicho que “en relación a las condiciones de las instalaciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a la integridad personal. Como responsable de los centros de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos condiciones que respeten sus derechos fundamentales y dejen a salvo su dignidad.” Corte IDH. Caso Hernández Vs. Argentina, sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395.

Agrega la Corte IDH “la Corte recuerda que de conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En ese sentido, el Tribunal ha señalado que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad en sí misma.” Corte IDH. Caso Hernández Vs. Argentina, sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395.

La Comisión IDH recientemente y en ocasión al covid-19 manifiesta “su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300 %.”

¿Quién es culpable del hacinamiento en las cárceles? El Poder Judicial.

El hacinamiento es una situación que viola la dignidad de los internos. El hacinamiento produce falta de higiene, espacios adecuados, enfermedades, etc.

El Código Procesal Penal establece que el juez penal, al remitir un interno a una cárcel debe conocer y saber para donde lo envía, el estado de las cárceles, si la cárcel está en condiciones humanas, si hay confinamiento y si hay violaciones de derechos humanos, etc.. Si conoce esta situación no debe remitir el interno a esa cárcel o no dar prisión preventiva.

El artículo 339 del código procesal, penal si bien se describe para los condenados, por principio de igualdad, puede ser extendido a los internos preventivos.

La Corte IDH ha condenado a numerosos Estados por  hacinamiento en las cárceles. La sentencia más importante en materia penitenciario sobre el tema del confinamiento es la sentencia caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras del 27 de abril de 2012. En esta jurisprudencia interamericana, la corte trazó los estándares que los Estados deben cumplir para proteger los derechos de los internos:

“Este Tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. En particular, como ha sido establecido por esta Corte:

a) el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios; b) la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición; c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia; d) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente; e) la atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario; f) la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos; g) las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancias; h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene; i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad; j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano, y k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas.”

Finalmente la sentencia dijo: “Además, la Corte ha establecido que el Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia ó incendios y en el evento que se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad. 69. En razón de lo anterior, en el presente caso el Estado incumplió el deber de garantizar a las personas privadas de libertad en la celda No. 19 las condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, frente al conocimiento de una situación crítica de riesgo, el Estado no garantizó los derechos de los internos a través de acciones preventivas y de actuación con la debida diligencia frente al incendio, lo que provocó muertes traumáticas y dolorosas. En este entendido, la Corte ha aceptado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Honduras, y por tanto concluye que el Estado violó el deber de garantizar los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 107 personas privadas de libertad que perdieron la vida (…). Además, el Estado violó el artículo 5.4, en relación con el artículo 1.1, ambos de la Convención Americana, en perjuicio de los 22 internos fallecidos individualizados que se encontraban en prisión preventiva en la celda No. 19 junto con las personas condenadas.”

El sistema penitenciario dominicano no aguanta esta sentencia de la Corte IDH. Los derechos humanos de nuestros internos no resisten un análisis convencional ni jurisprudencial interamericano.

El festejo del triunfo en las elecciones de los Estados Unidos a escasos días de las elecciones nadie quiere pronosticarlo a pesar de que las encuestas dan al candidato demócrata Joe Biden, por encima del presidente y candidato, por segunda ocasión, Donald Trump, con una diferencia porcentual de 7,8 puntos porcentuales en la intención de voto a nivel nacional, sin embargo, estos resultados no garantizan el triunfo del exvicepresidente.

La decisión final para escoger al presidente y vicepresidente está pautada para este tres de noviembre, fecha en la que se decidirá si Donald Trump se queda como inquilino de la Casa Blanca, en medio de contundentes debates con su contrincante Joe Biden, el cual mantiene acusaciones sistemáticas contra el candidato del Partido Republicano.

Las elecciones en Estados Unidos, según entendidos en materia política internacional, aparentemente son indiferentes y antidemocráticas, porque no permiten al ciudadano norteamericano expresarse libremente cuando se trata de elegir al candidato presidencial y vicepresidencia, respectivamente.

  Esta jornada política estadounidense está rodeada de muchos vericuetos ante una comunidad latina desbordada que enfrenta el discurso adverso del presidente republicano quien tozudamente mantiene su posición radical contra el narcotráfico y la delincuencia desmedida patrocinada por una minoría de los inmigrantes.

Joe Biden, conocido como el vicepresidente de Barack Obama (2008-2016), inmerso en la política desde los años setentas, se enfrenta a un cúmulo de acusaciones por parte de Trump que lo atosigan y que, en vez de enfrentarlas con inteligencia, pues son obviadas; y muchas veces, dejadas en el paredón para que las respondan sus seguidores del partido demócrata.

En medio de esta barahúnda de conflictos escenificados en todos y cada uno de los encuentros políticos separados que se desarrollaron en los diferentes estados, los organismos encargados de organizar el proceso eleccionario pautado para principio de noviembre no desmayan para garantizar la “democratización” del proceso que prácticamente está al doblar de la esquina.

Al igual que en los países subdesarrollados, en Estados Unidos también se promueven los candidatos y el votante, principalmente el hispano se expresa en favor de su candidato, no necesariamente el demócrata, porque realmente Donal Trump tiene un amplio porcentaje de votos latinos que lo favorecen, sin embargo, es justo señalar que a medida que se acerca el día de las elecciones, las empresas de sondeos intentan calibrar el estado de ánimo del país preguntándole a los electores a qué candidato prefieren.

Si repasamos los resultados electorales del 2016 entre Donal Trump y Hillary Clinton, debo señalar que en Estados Unidos, el hecho de que un candidato esté por encima o resulte con un margen superior de votos al candidato contrario, no significa que resulte ganador, visto que, por ejemplo, la candidata demócrata Clinton encabezaba las encuestas y obtuvo casi tres millones de votos más que Trump, pero aun así perdió; debido a que Estados Unidos utiliza un sistema de colegio electoral en el que conseguir más votos no siempre hace ganar la elección.

Hecho dicho razonamiento, Biden ha estado por delante de Trump en las encuestas nacionales la mayor parte del año y en las últimas semanas se ha mantenido con más de un 50%, por encima de Trump con 43%, llegando a tener una ventaja superior en algunos momentos, sin embargo, Trump ha recuperado terreno recientemente en muchos estados donde Biden contaba con el favor de los votantes latinos. 

De acuerdo con el marco generacional del proceso eleccionario, en Estados Unidos para cualquiera de los candidatos que tercie en las elecciones el número de votos que ganas es menos importante que dónde los ganas visto que la mayoría de los estados suelen votar siempre de la misma manera lo que significa que en realidad solo hay un puñado de estados en los que ambos candidatos tienen la opción de ganar, donde se gana y se pierde la elección, los cuales se conocen como estados péndulo o bisagra.

Contrario al marco organizativo de los procesos electorales de otros países, en el sistema de colegio electoral que se usa en Estados Unidos para elegir al presidente, cada estado recibe un número de votos según su población, sin embargo, hay un total de 538 votos del colegio electoral en disputa, por lo que un candidato necesita obtener 270 para ganar.

Es así como durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, el entonces candidato Donald Trump rehusó comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones; y esta vez atosigado por los resultados de las encuestas, sus incisivos ataques contra la fiabilidad y legitimidad del voto por correo han allanado el terreno para cuestionar una derrota por fraude electoral con el temor de que se produzca un teje-maneje con el argumento de no acatar los resultados de las elecciones.