Con motivo de la desaparición de Trujillo surgieron 35 empresas públicas administradas por la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) y doce de los dieciséis ingenios azucareros existentes en el país bajo el control del CEA.
Por si eso era poco, todo el sector energético, tanto producción como distribución, pertenecía al Estado después que Trujillo lo nacionalizó adquiriéndolo de una empresa extranjera unos diez años antes de su ajusticiamiento.
De las empresas de CORDE dos sobreviven, pero gracias a que las operan grupos privados extranjeros dueños de la mitad de su capital: Molinos Dominicanos y La Tabacalera. Las otras han desaparecido.
De los doce ingenios azucareros tan solo opera uno, Barahona, también bajo la administración del sector privado extranjero. Durante el primer gobierno de Leonel Fernández se vendió la distribución de energía a entidades extranjeras, pero en el subsiguiente gobierno de Hipólito Mejía fue estatizada de nuevo.
El 50% de las acciones de las dos plantas eléctricas del Estado, Itabo y Haina, fueron vendidas al sector privado por el gobierno de Leonel Fernández y Mejía cual creó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), institución que recibe los dividendos de Itabo, Haina, el Central Barahona, Molinos Dominicanos y La Tabacalera.
La principal causa de la desaparición de todas estas empresas del Estado fue la corrupción y cómo las pocas que quedan están en manos privadas (excepto las tres Edes) en años recientes los sinvergüenzas han tenido que optar por centrar la corrupción en el uso inmoral de los dividendos que recibe FONPER, así como en las excesivas nóminas y hurtos en las tres Edes.
De lo anterior se puede concluir que de privatizarse a Haina, Itabo y las tres Edes, FONPER desaparecería algo que ya prometió el entonces presidente electo Luis Abinader a principios de agosto.
En el presupuesto del 2021 hay una partida grande por concepto de ingresos por la venta de activos y las acciones más fáciles de vender son el 50% del capital de Itabo y Haina, entidades que desde 1997 administra el sector privado dueño del 50% de su capital.
Esa venta reduciría las necesidades de nuevos bonos soberanos. Las tres Edes deben de ser arrendadas.
Queda la incógnita sobre la empresa estatal más grande y reciente: las Catalinas. Desde el principio el gobierno de Danilo Medina anunció que una vez estuviese terminada su construcción se contrataría a una empresa extranjera con experiencia técnica para administrarla en lo que se vendía.
La comisión que presidió monseñor Agripino Núñez ratificó esa premisa. Sin embargo, el gobierno saliente y el actual lo que han hecho es nombrar como administradores a dominicanos sin experiencia en plantas eléctricas.
También ha faltado transparencia, pues nada se sabe sobre los concursos para la compra de carbón y menos sobre la fórmula de venta de energía a las distribuidoras y si esta difiere o no de la de la competencia, es decir AES, Haina, etc.
Para poder vender acciones de las Catalinas será necesario formar una empresa a la cual se traspasarían sus activos y pasivos y sus estados financieros tendrían que ser auditados por compañías internacionales. Que sepamos, nada se ha hecho al respecto.
La ley que creó el FONPER establece que los dividendos que reciba “no ingresarán al fondo general de la Nación… y serán depositados en una cuenta especial en el Banco de Reservas”. Quiere decir que aquello de la cuenta única no se aplica, lo que facilita la corrupción al no pasar por el presupuesto nacional, ni la Contraloría.
En la junta directiva de esa institución está CONEP y sería bueno que este nos cuente sobre las reuniones de su consejo y las decisiones que allí se tomaron, si es que ese consejo se reunía.
Esa ley establece que un porcentaje de los dividendos que reciba FONPER deben ser gastados en las zonas del país donde están ubicadas las empresas que los declaran, es decir en Itabo, Haina, Villa Duarte, Santiago y Barahona.
No existe ninguna empresa estatal en San Juan de la Maguana, donde ahora nos enteramos que fueron gastados muchos de esos recursos, pero que se necesitaban para competir allí en las elecciones contra los grandes recursos de un Félix Bautista, contratista en Haití de obras financiadas por Petrocaribe.
JPM
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