El pasado miércoles de los corrientes em rueda de prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, anunció al país la disposición del presidente de la República. Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura CNM, de convocar este organismo para, entre otras cosas, completar la matricula del Tribunal Superior Electoral TSE, lo que nos llama sorpresivamente la atención en el entendido de que ese tribunal está debidamente conformado en apego a la ley orgánica que lo rige y a la Constitución de la República.

Al saber de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) supuse, como se advierte en el llamado, que se destinaría tan esperada sesión a llenar vacantes de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional TC, generadas en virtud de la rotación de los Magistrados integrantes de esas Altas Cortes.

Pero, ¿del Tribunal Superior Electoral? ¿Por qué?

Si la Constitución de la República es clara al incorporar al Tribunal Superior Electoral TSE, la figura del Magistrado Suplente, único de los casos de los organismos jurisdiccionales donde existe esta figura. Por supuesto, la Ley del Tribunal sigue este camino y aquello que se establece en la Ley Fundamental, se repite en la referida ley.

Cuando se establece la figura del Magistrado Suplente y no se fijan las reglas destinadas a poner al mismo en posesión, se colige que este asume la titularidad interina tan pronto se dan las condiciones para ello; y por supuesto, lo mismo ocurre si en vez de una sustitución temporal se produce una sustitución definitiva.

El Consejo Nacional de la Magistratura CNM, por tanto, no parece obligado legalmente a redefinir la formación de este tribunal, cuyos magistrados pueden estar ausentes temporal o definitivamente sin necesidad de una nueva elección, pues a los titulares los sustituyen los suplentes y únicamente en el caso de que éstos falten en forma definitiva, se convocará el Consejo para nueva elección de jueces.

En consecuencia, no comprendemos por qué en la convocatoria que hizo el CNM se había agendado elegir candidatos en el Tribunal Superior Electoral TSE.

Esperamos que en la próxima reunión de ese alto organismo no sea tema de discusión la selección de un nuevo Magistrado Titular, toda vez que como ya indicamos, tanto la Constitución como las leyes adjetivas reconocen en estos casos la función de asumir de manera inmediata del Magistrado o Juez Suplente en el TSE; quien, vale resaltar, reúne todas las condiciones que exige la ley para el desempeño de tan importante función, porque al igual que los titulares fueron evaluados para ese fin.

Lo que sí esperamos, para la próxima reunión de ese alto organismo, es que le haya quedado debidamente esclarecido al joven diputado representante del partido de la Liberación Dominicana, Víctor Fadul, es que la decisión administrativa que emitió el Senado de la República está debidamente conforme a la Constitución y a las leyes, por tanto esperar o no la decisión del TSA, es solo pérdida de tiempo ya que el partido Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en el senado tal como lo es el PLD en la Cámara de Diputados.

sp-am

POR: GUILLERMO GARCÍA 

En la madrugada del pasado domingo la Procuraduría General de la República inició con los arrestos y allanamientos en contra de ex funcionarios de la pasada administración gubernamental, encabezados por dos hermanos del ex presidente de la República Dominicana que gobernó durante los periodos consecutivos 2012-2020, implicados en actos de corrupción.

Las pesquisas llevadas a cabo por las actuales autoridades del ministerio público, y su firme propósito de llevar hasta las últimas consecuencias el desarrollo de las investigaciones en todo lo relacionado con la corrupción administrativa, aparentemente precipitaron una funesta y dolorosa decisión que desencadenó con el suicidio de un alto funcionario del pasado gobierno, quien ocupó la dirección del Plan Social de la Presidencia y de la Superintendencia de Electricidad.

El dilema actual de la opinión pública se ha centrado, en la legalidad o ilegalidad de las actuaciones ejercidas por el ministerio público, y para llegar a una conclusión al respecto, se hace necesario explicar desde el punto de vista procesal, el concepto y la procedencia de las órdenes judiciales ejecutadas por el órgano acusador.

Inicialmente, es la Constitución Dominicana la que consagra el procedimiento de las medidas privativas de libertad, en consecuencia, aclara cualquier duda, si todavía inconscientemente es albergada en la mente de cualquier ciudadano, y es que absolutamente nadie puede ser cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito, ya que en este último caso, no se necesita dicha orden, adicionalmente, nuestra Carta Magna establece que la autoridad que la ejecute está obligada a identificarse, y quien tenga bajo su guarda al detenido, también tiene la obligación de presentarlo cuando sea requerido por la autoridad judicial competente.

Las personas que han sido privadas de su libertad, constitucionalmente tienen que ser sometidas a la autoridad judicial competente dentro del plazo de 48 horas de su detención, y esta última a su vez, notificará dentro del mismo plazo la decisión que al efecto se dictare, es decir, que dicha decisión al cumplirse las 48 horas, no tiene que ser necesariamente sobre la imposición de una medida de coerción o de libertad, sino, que muchas veces antes de que estas últimas se produzcan, las vistas son aplazadas, en ocasiones a requerimiento de los propios imputados, quienes solicitan prórrogas para preparar la defensa y aportar pruebas, lo que ha ocurrido con los arrestos antecedentemente aludidos.

Por su parte, el Código Procesal Penal, amplía las acciones y le otorga una mayor cobertura a la actuación del ministerio público para solicitar el arresto al juez competente, cuando sea necesaria la presencia del imputado, y existan elementos suficientes para sostener que es cómplice o autor de haber cometido una infracción, en consecuencia, si se estima que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; otra razón tendiente a la solicitud y otorgamiento de la orden de arresto, la constituye, la incomparecencia del encartado cuando previamente ha sido citado.

Ahora bien, fuera del contexto constitucional y legal antes esbozado, y ante un supuesto y quimérico procedimiento distinto al actualmente acontecido, estaríamos en presencia de privaciones de libertad arbitrarias, irregulares y sobre todo inconstitucionales, por no haberse cumplido con el rigor procedimental consagrado en nuestra Ley Fundamental; ante una imaginaria atmósfera de esa naturaleza, en la que no se haya cumplido con los mandatos constitucionales precedentemente puntualizados, la autoridad judicial competente no tendría otra alternativa, que la de poner en libertad inmediata a las personas arrestadas.

Sin embargo, se hace más que prudente, que como estrategia procesal los imputados se concentren en abordar, más que las supuestas irregularidades de las ejecuciones de los arrestos, en los presupuestos que presentarán y harán valer ante el tribunal, respecto de las solicitudes de medidas de coerción distintas a la prisión preventiva solicitada por el ministerio público.

JPM