Por Anelí Ruiz García *

Puerto Príncipe (Prensa Latina) La ausencia de Parlamento signó el año político y legislativo de Haití, gobernado a través de polémicos decretos emitidos por el presidente Jovenel Moise y con una creciente pero desestructurada oposición.

A mediados de enero pasado, el jefe de Estado declaró la «caducidad» del poder legislativo al vencerse los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, y sin elecciones a la vista para renovarlos.

Tampoco contaba con gobierno formal desde septiembre de 2019, cuando los diputados despidieron al primer ministro Jean Henry Céant, y necesitó otros seis meses para nombrar al actual jefe de Gobierno, Joseph Jouthe, en marzo último.

De hecho, de los cinco jefes de Gobierno designados por Moïse desde febrero de 2017, solo los dos primeros recibieron el visto bueno del Parlamento, y el resto dirigió el ejecutivo en periodos más o menos largos, pero sin legitimidad.

Durante 2020, el mandatario emitió unos 40 decretos, algunos de ellos bien polémicos como el código penal, que aunque debe entrar en vigor en 2022 y antes puede ser desestimado por los legisladores, recibió el rechazo de varios sectores, en especial los religiosos, al despenalizar el aborto e imponer castigos a la discriminación basada en la orientación sexual.

Además del código penal, Moise oficializó por esta vía al gobierno, un año después de contar con un gabinete interino, y a inicios de julio sustituyó por el mismo medio a más de un centenar de alcaldes.

También en noviembre redujo drásticamente las acciones del Tribunal de Cuentas, al disponer que sus fallos dejan de ser vinculantes, quedan meramente consultivos. Sus críticos recuerdan que esa entidad implicó directamente a Moise en un archivo de malversación de fondos públicos.

Pero los mandatos más controvertidos fueron los referidos a la seguridad, la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). El primero amplió la clasificación de actos de terrorismo y prevé penas especialmente severas de hasta 50 años de privación de libertad.

La ordenanza de la ANI, por su parte, otorga plenos poderes a sus agentes que responden solo al presidente, con el supuesto de preservar la seguridad nacional.

Para el Sector Democrático y Popular, una de las plataformas más hostiles al gobierno, la estructura tiene como objetivo instaurar una dictadura, al estilo de François y Jean Claude Duvalier, que gobernaron el país de 1957 a 1986 con mano de hierro.

Fernando Duclair, integrante del Sector, dijo a la prensa que el decreto otorga plenos poderes a la agencia, entre ellos la represión, y es un mecanismo que permitirá al mandatario, Jovenel Moïse, tener el control de la nación.

También parte de la comunidad internacional, en especial el Grupo Central, integrado por embajadores de varios países y representantes de la ONU y la OEA, expresaron su preocupación por el edicto, que concede a los oficiales de esta institución inmunidad casi legal, abriendo así la posibilidad de abusos, aseguraron.

A la profusión de legislaciones se suma la que establece un Consejo Electoral Permanente con la misión de organizar sufragios universales y otra que instaló una comisión consultiva independiente para redactar la nueva carta magna.

TRADICION DE DECRETOS

Aunque los 11 meses de mandato por decreto generaron intensas críticas, el secretario general del Consejo de Ministros, Rénald Lubérice, aseguró que Haití cuenta con una tradición de este tipo de ordenanzas.

El funcionario justificó al jefe de Estado y señaló que el arsenal legislativo de Haití está compuesto por estos edictos con la bendición de «todos los políticos y juristas» y a pesar de las 50 legislaturas.

«Tenemos una tradición histórica donde nuestros parlamentarios haitianos privan a la población de un conjunto de textos que necesita para funcionar como sociedad», criticó en un programa televisivo.

Lubérice calificó la falta de Parlamento como una «lamentable oportunidad» que puede servir para hacer algo por el país y su población.

Sin embargo, no solo los hostiles están intranquilos por el rumbo que toma Haití con la acumulación de poder en la figura del presidente, mientras temen la instalación de una nueva dictadura.

«Las acciones que está tomando Jovenel son inquietantemente similares a lo que estaba haciendo (François)

Duvalier cuando llevó al país por la ruta de la dictadura», dijo el exsenador y presidente de la Fundación Je Klere, Samuel Madistin.

El defensor de los derechos humanos recordó que Papa Doc emitió 142 legislaciones en seis meses, y permaneció en el poder durante 14 años con la ayuda de los grupos paramilitares Tonton Macoutes.

«Una vez que tienes un presidente que no respeta los derechos fundamentales de un ciudadano, no respeta las leyes de la constitución, no es más que un dictador. Lo que está sucediendo aquí es una repetición de la historia», lamentó.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos documentó 38 decretos publicados en el diario oficial Le Monitor, mientras el rotativo más importante del país, Le Nouvelliste contabilizó 44 órdenes ejecutivas desde enero y otras 110 acciones más conocidas como arrêtes, empleadas para responder a situaciones en curso.

Desde el nombramiento de un jefe de Policía, la sustitución del personal diplomático o la apertura de una sede consular en Marruecos, hasta la gestión de la pandemia de la Covid-19, Moïse dirigió sin contrapesos los destinos de la nación en este año, un escenario que podría repetirse en 2021, mientras aún no hay fecha de comicios.

En este contexto, la oposición insiste en su renuncia y sustitución por un gobierno transitorio, pero se vio atomizada en medio de escándalos de corrupción y desintegración.

Con la oposición desunida y sin poder legislativo Moise se organiza un referendo para la nueva ley de leyes y las elecciones a fin de renovar el personal político, lo que podría generar una nueva crisis sociopolítica en 2021.

arb/arg

*Corresponsal de Prensa Latina en Haití