Las autoridades deberían restringir la circulación de los vehículos pesados a horarios nocturnos o limitados. Así descongestionarían las vías.

Y prohibir que vehículos de doble cama circulen por carreteras estrechas, sobre todo de montaña, por el peligro que significan para los demás conductores. La seguridad de la población no puede subordinarse al interés de los negociantes de hacer economías para ampliar ganancias.

También deberían las autoridades organizar una campaña de educación vial intensiva para enseñar a los conductores aspectos elementales, tales como circular siempre a su derecha salvo cuando vayan a rebasar. Las licencias de conducir se otorgan al tin marin de dos pingüe, sin que los solicitantes tengan idea de las reglas de circulación.

En cuanto al Ayuntamiento del Distrito Nacional es justo que se le reconozca la pertinencia de algunos de los planes que ha puesto en marcha. En particular, el cambio de dirección introducido en algunas vías con el propósito de agilizar el tránsito, la puesta en vigencia de ciclovías y de espacios abiertos para el esparcimiento y realización de ejercicio físico (ojalá amplíen el horario), así como el esfuerzo continuado por mantener limpia la urbe.

Si algo hubiere que lamentar es que las medidas de cambio de dirección tarden tanto tiempo en ponerse en ejecución después de haber sido anunciadas, ya que van asemejándose a un suero de miel de abeja que trata de penetrar en el torrente circulatorio, lo cual tiende a desinflar las expectativas positivas creadas y a introducir dudas sobre su eficacia.

NORMAS PARA EDIFICACIONES

Es también preocupante que las autoridades edilicias del D.N. hayan manifestado la intención de introducir cambios en las normas que rigen para las edificaciones del polígono central, encaminadas a elevar la densidad (habitantes por edificación) y la altura.

El objetivo debería ser que la ciudad funcione con armonía e inspire a los ciudadanos a vivirla y amarla. No hay necesidad alguna de elevar la densidad y mucho menos la altura, sobretodo si las calles siguen siendo igual de estrechas. ¿Para qué? Se requieren más espacios verdes y menos polución. Hay que poner a la gente en el centro del interés del cabildo, en vez de acomodar a su costa a los negocios inmobiliarios.

Santo Domingo y Santiago han sobrepasado su capacidad de albergar a la población sin crearle sensación de estrés, ruido, contaminación, inseguridad. Demasiada acumulación de cemento, varillas y asfalto. Insuficiencia de espacios verdes y áreas de esparcimiento. Lo peor es que en caso de emergencia como incendio o terremoto, no existen recursos confiables para auxiliar a quienes habitan edificios muy altos.

En el mundo post pandémico y de trabajo cada vez menos presencial, los ciudadanos preferirán vivir en lugares abiertos, despejados, en contacto más estrecho con la naturaleza. Intensificar la densidad en los polígonos urbanos incrementa el riesgo de que se conviertan en cementerios de mamut prehistóricos.

Es sencillo, o la urbe se transforma para hacerse amigable a sus habitantes, o terminará convertida en ruina inservible.

JPM

POR GUARIONEX LUPERON 

El primero de febrero se cumplió 20 años  que el presidente Hipólito Mejia, promulgara  en el 2001  la  Ley de Desarrollo Fronterizo (Ley No. 28-01), creando el anhelado Régimen de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo,  motivado por numerosos grupos de desarrollo y religiosos de la frontera.

Promulgación de un Régimen de incentivo fiscal, dentro de la competencia fiscal del Estado dominicano, amparado en los artículos 10 y 221 de la Constitución del 2010 (Anterior Articulo 7),  que otorga beneficios especiales a las empresas que se instalen en la Zona Especial Fronteriza: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales y las provincias de Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Una ley para impulsar el desarrollo de una región con indicadores sociales de pobreza estructural y extrema, que como indica la Constitución concede ¨tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas¨.

A veces injustamente medida con la lupa de expertócratas, que pretenden compararla con otros regímenes de incentivos fiscales, surgidos al calor de otras circunstancias y apoyos, desconociendo que está ubicado en la región ¨más desigual del país¨.

Clima institucional 

En 20 años la Ley 28-01, por diversas razones, ha operado solo trece años. El Pleno del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)  en siete años no se ha reunido ni una sola vez para emitir permisos de instalación de empresas.

La institución ha tenido diez directores, entre los cuales, uno Interino y un periodo de un año de España Boba, que hubo un vacío, sin designación de Director. Donde los subdirectores con el apoyo de la Asociación Dominicana de Empresas de la Frontera (ADEFRO) tuvieron que pagar los servicios básicos del Consejo.

Del 2002 al 2014, el CCDF aprobó alrededor de 177 proyectos. Muchas de esas iniciativas privadas clasificadas tuvieron que agotar sus fuerzas y capitales asistiendo a diversas instancias jurisdiccionales, desde el Tribunal Superior Administrativo pasando por la Suprema Corte de Justicia hasta llegar al Tribunal Constitucional, emitiéndose varias sentencias.

El pleno del CCDF formado por 34 miembros: Senadores, diputados, delegados de instituciones públicas y de la sociedad civil de la frontera no se reúne desde el 2014 para emitir permisos de clasificación de empresas.

En 20 años, el Estado dominicano ha otorgado al conjunto de los regímenes de incentivos fiscales del país, dentro de su competencia fiscal más de dos billones de pesos en incentivos fiscales. Una práctica común a todas las naciones. Pero dentro de ese enorme sacrificio fiscal, o en el caso fronterizo de ¨Compensación social¨, el Régimen Especial de Desarrollo Fronterizo, la territorialidad más pobre, asimétrica, lejana y conflictiva de la Nación no ha recibido ni siquiera un 0.7 %.

Impacto socioeconómico 

Aun con el entorno negativo y de presión, en que se ha desempeñado la Ley 28-01 (Desalojo de la Oficina Técnica, 17 años con presupuesto pírrico, demandas judiciales y suspensiones de los Consejos después de convocados) y un clima institucional inadecuado para la inversión, la ley ha tenido un impacto socioeconómico con saldo positivo en la Zona Especial Fronteriza, especialmente en la frontera norte.

En la actualidad, las empresas Activas clasificadas bajo el Régimen Especial de Desarrollo Fronterizo, registrada y actualizada a octubre del 2020, son: Ochenta (84) empresas: Cuarenta y nueve (42) en Montecristi; doce (12) en Santiago Rodríguez; Once (11) en Dajabón; cinco (1) en Bahoruco, dos (5) en Independencia, una (1) en Elías Piña,  y  doce (12)  en condiciones especiales.

Las empresas por actividad económica se distribuyen: Veinticinco (25 %) en el sector Manufactura, sesenta (60 %) en el sector Agroindustria, catorce (14 %) en el sector Servicio y un uno (1%) en el sector Minería. 

Factores socioeconómicos importantes 

Generación de empleos 

Antes de la contracción económica del primer trimestre del 2020 que provocó la pandemia del Covid-19, las empresas clasificadas, ochenta y cuatro en total, generaron alrededor de  12 mil empleos.

Externalidades  positivas  de  la Ley 28-01 en el Régimen Fronterizo 

• Ha dado un fuerte apoyo al desarrollo de la industria bananera, las factorías de arroz, la metalmecánica y la mediana y pequeña industria del casabe.
• En la región ha incrementado las habilidades y destrezas en el desarrollo de muchos jóvenes en la metalmecánica.
• Introduciendo tecnologías modernas en los sistemas de producción, distribución y comercialización de productos.

1. En el aspecto social, las empresas han invertido cuantiosos recursos en la construcción de sistemas eléctricos comunitarios, laboratorios comunitarios, apadrinamientos de centros educativos, programas de construcción de  badenes municipales en coordinación con las alcaldías y en los encuentros deportivos y culturales…  Situación  legal  de  la  Ley 28-01 

   Al echarse las palomas, la Ley 28-01 ha quedado empantanada   entre ¨Los intereses   creados ¨  del Congreso. Entre  la visión de los senadores y los diputados, atrapados en sus propios dilemas.

   Decisión política y política pública 

   Más allá de la aprobación de la Extensión de la Ley 28-01, lo que importa es la aplicación efectiva de la normativa, y en una democracia representativa de corte presidencialista, es una decisión política del Presidente. Una responsabilidad del Estado, libre de las interferencias de ¨Los intereses creados¨, que enuncia esa juiciosa obra dramática del Premio Nobel de Literatura español Jacinto Benavente.

   La frontera necesita el desarrollo normal de la Ley 28-01.  Una ley que opere sin trampas ni conflictos ni bajo sospechas ni con trabas técnicos legales, que genere confianza y seguridad jurídica a los inversores.

   Una ley que como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del país fortalezca el Régimen de Desarrollo Fronterizo, orientado a incrementar el empleo, el desarrollo económico, disminuir la pobreza y mejorar el Índice de Progreso Social (IPS).

   Sin embargo, este instrumento fiscal de incentivo al desarrollo regional, en medio de la incertidumbre de esta pandemia del Covid-19, que de acuerdo a los pronósticos de los organismos internacionales lanzará a la región a ¨otra década perdida¨, tiene que estar acompañado de otros instrumentos de política pública de desarrollo no fiscales, necesarios para el despegue estructural y sostenible de la frontera.

   Como la puesta  en ejecución de las licitaciones de los proyectos de Manzanillo (Nuevo espigón en el Puerto, astillero, terminal de combustible y de energía en base a gas natural, construcción carretera bananera y arrocera Copey –Manga), y de las licitaciones de los proyectos de desarrollo del Sur (Desarrollo Turístico de Pedernales y las carreteras que unifiquen el territorio fronterizo de Pedernales por el Cruce de Banano, lateral al rio Pedernales, Fondo Negro con Independencia y Elías Piña) para concluir el proceso de homogenización territorial de la Nación.

   Un Plan Maestro  de desarrollo regional, como el que acaba de anunciar el presidente Abinader en Puerto Plata, que incluya  no solo a la Novia del Atlántico y Samaná, sino también a Montecristi y los 60 kilómetros del bulevar que conectará a Montecristi –Puerto Plata.

   Muchas de estas obras deben ser impulsadas por la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas, que recientemente promulgó el presente Gobierno.

   En definitiva, la gente de la región, lo que espera no es solamente que terminen ¨Los intereses creados¨   entorno a la Ley 28-01. Lo que se espera es una decisión política que genere un nuevo despertar de la frontera.

   Que el Estado dominicano defina lo que quiere con la Ley No. 28-01. Porque ninguna Ley en un ¨Estado Social y Democrático de Derecho¨ puede funcionar como la metáfora de ¨El mito de Sísifo¨.

cerrona1@hotmail.com

JPM