Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, con dos meses de casados, hallaron la muerte viviendo el gozo de los cuarenta días de adoración con los que su iglesia conmemoraba la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad evangélica y a todo el país, que se pregunta, con sobrada indignación  ¿cuáles son los protocolos que usa la Policía  Nacional para su labor de combate a la deliencuencia?

Consolidaban sus votos de unión en luna de miel con su Señor en este período de reflexión, preparación, purificación y conversión espiritual, conocido como la cuaresma, que inicia el Miércoles de Cenizas y finaliza el Domingo de Resurrección.

Incluye algún  sacrificio y estoy seguro que el de dos predicadores recién casados era de abstinencia hasta que el hijo de Dios volviera a la vida, pero el destino los convocó a  la entrega extemporánea, cruel e inmerecida de sus vidas.

Y no pueden ser un simple agregado a las cifras de ejecuciones extrajudiciales que todos los años resalta en sus informes sobre la República Dominicana el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que el mismo día en que se conoció del homicidio  policial en que perecieron los jóvenes pastores, resaltaba la muerte de tres mil personas en el período comprendido entre 2007 y marzo 2019.

El hecho hace recordar lo que ocurrió en febrero de este mismo año con Francis Mercado, que el día en que su esposa embarazada alumbraba, estaba tendido en un ataúd a causa de un disparo que le hizo un policía por presunta violación al toque de queda; y la muerte del teniente coronel, Ramón Israel Rodríguez Cruz, de 37 años en Valverde, también producto de una persecución por las restricciones de circulación.

Ilusionados con la vida, llenos de su fe, Joel y Elizabeth, no repararon que se desplazaban cerca de la medianoche en uno de los tramos más riesgosos para la vida porque por ahí vive el Demonio encarnado en consumidores de drogas y competidores de carreras clandestinas de motocicletas que  buscan recursos lanzando piedras contra vehículos o colocando obstáculos para que las personas se accidenten y asaltarlas, aún  moribundas.

Lo que hacen no es ajeno a ciertos agentes del orden público que también se alimentan de la criminalidad, y que sólo se deciden a enfrentarla con contundencia cuando se sienten burlados por quienes no reportan lo que se han comprometido.

¿Por qué la saña para disparar contra las descripciones de un vehículo del que no salió ni un solo disparo?

Los agentes policiales mataron a los dos pastores e hirieron a un acompañante, pero no era con ellos que ajustaban cuentas, sino contra quienes suponían que venían en ese vehículo, y esa orden alguien la impartió por algún motivo.

No es la dominicana la única  policía que se excede vulnerando los protocolos o aplicándolos antojadizamente. Los que intentan darnos cátedras y que todos los años nos repiten el mismo informe, están llenos de casos de abusos que han derivado en fatalidades irreparables.

La reforma policial es una tarea pendiente, prometida campaña tras campaña, que se intenta y se queda a medio camino, no sólo por falta de recursos sino de la voluntad política para llevarla a cabo no pensando en su impacto en una próxima elección, sino en lo que pueda implicar para el desarrollo del país.

También   forjar ciudadanía, porque de ella sale todo .

sp-am

RD fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 por no tener policía instruido.

Las muertes por detención han registrado un ligero aumento. Todas se producen por ausencia del protocolo para arrestar una persona.

En la doctrina policial el que huye al alto policial respeta a la policía, se rinde apunta el experto en seguridad ciudadana y el ex general Juan Tomas Taveras, y yo agregaría que no constituye un peligro para la vida de los policías y no hay necesidad de disparar. Es desproporcionada la acción policial.

El uso de la fuerza y las armas están también reglamentados en la ley procesal penal y ley policial. Se prohíbe el uso de la fuerza y de armas. Excepto si hay peligro y resistencia. Estas leyes ordenan utilizar métodos no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas. Solo se usaría la fuerza y armas contra la personas en defensa propia o de otras personas.

Agregan estas reglas jurídicas que aun cuando sea inevitable el uso de armas, deben actuar con proporcionalidad y moderación. Deben evitar los daños y proteger a la vida humana.

El artículo 276 del cpp establece el protocolo para arrestar a una persona por parte de la policía: “Art. 276.- Arresto. Los funcionarios de la policía sólo pueden arrestar a los imputados en los casos que este código lo autoriza, con apego estricto a los siguientes principios básicos de actuación: 1) Identificarse, al momento del arresto, como funcionario de policía y verificar la identidad de la persona contra quien se procede. La identificación previa de la persona sujeta al arresto no es exigible en los casos de flagrancia; 2) Abstención del uso de la fuerza, salvo cuando es estrictamente necesario y siempre en la proporción que lo requiere la ejecución del arresto; 3) Abstención del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que coloque en peligro la vida o integridad física de las personas, o con el objeto de evitar la comisión de otras infracciones, dentro de lo necesario y la proporcionalidad a que se refiere el numeral precedente; 4) No aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, tormentos u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 5) Informar a la persona, al momento de su arresto, de su derecho a guardar silencio y a nombrar su defensor; 6) No permitir la presentación del arrestado a ningún medio de comunicación social o la comunidad, sin su expreso consentimiento, el que se otorga en presencia del defensor, previa consulta, y se hace constar en las diligencias respectivas; 7) Comunicar a los familiares, persona de confianza o al abogado indicado por la persona arrestada, sobre el arresto y el lugar al cual es conducida o permanece; 8) Hacer constar, en un registro inalterable, el lugar, día y hora del arresto, la orden o circunstancia en que ocurre y los funcionarios o agentes responsables de su ejecución.” 

Este protocolo se ve reforzado por el artículo 55 de la ley 590-16 de la policía, el cual identifica las reglas para el uso de la fuerza y armas policial.

Nuestra PN se identifica con las armas en las manos y el uso de esta, es la última repuesta del policía.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la responsabilidad internacional de varios Estados de la región por tener una policía poco instruida y ha expresado la Corte IDH que los Estados deben capacitar a sus policías en Derechos Humanos y debido proceso penal básico.

La RD fue declarada responsable en el 2012 por la Corte IDH, en el caso Nadege Dorzema y Otros Vs. RD, sentencia de 24 de octubre de 2012, unos agentes detuvieron a unos nacionales haitianos en violación Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) de la CADH. Estos agentes al no pararse el vehículo que lo transportaba le cayeron a tiro, muriendo una persona y otras heridas. La corte dijo entre otras cuestión:

«81. A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes con la finalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Más aún, frente a infracciones administrativas, como las migratorias, el Estado debe asegurar una capacitación acorde para enfrentar la calidad de la infracción y la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. 

82. En razón de lo anterior, el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza, tampoco demostró haber brindado capacitación y entrenamiento en la materia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley y en específico a los agentes involucrados en los hechos del caso (infra párr. 87), en contravención del deber de garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, en conexión con el artículo 1.1 y de adopción de medidas de derecho interno, dispuesto en el artículo 2 de la Convención.»

johngarrido@yahoo.es

JPM