En su recorrido por España, el presidente Abinader solicitó ayuda a la comunidad internacional para que no le dejen a nuestro país la solución del drama haitiano. Señaló el problema de las parturientas que ocupan aproximadamente un treinta por ciento de las camas de los hospitales dominicanos, así como el éxodo constante hacia este lado de la isla. Su iniciativa a fin de internacionalizar el problema es válida, puesto que no somos los que debemos resolver las múltiples adversidades por las que atraviesa el vecino país. Hasta ahí todo esta bien y resulta comprensible, pero se deben tomar en consideración otras aristas.

El presidente Abinader debe entender que ya no es candidato, sino mandatario de todos los dominicanos, razón por la cual no basta con anunciar medidas, promover la construcción de un muro y solicitar ayuda internacional para enfrentar ese exceso de población que se ha derramado sobre nuestro territorio. Es hora de que se adopten medidas concretas, efectivas e inmediatas para regularizar indocumentados, controlar la frontera y repatriar una inmensa cantidad de ilegales que diariamente se pasean como chivos sin ley por las calles y avenidas del país. Se deben poner en práctica medidas especificas que no requieren de recursos económicos para poner en orden la casa común, sin descuidar, por supuesto, las anunciadas iniciativas proyectadas con la finalidad de preservar nuestra soberanía.

El actual mandatario debe estar consciente que, en términos geopolíticos, desde el exterior nos ven como región. Para esas naciones desarrolladas, Haití es poco menos que una ficción, un conglomerado humano, una especie de proceso en curso al cual se debe ayudar sin asumir mayores compromisos, pues para ellos solamente constituye un problema en la medida que afecta sus intereses. De ahí que la estrategia ha sido conceder generosamente visas a los dominicanos que deseen emigrar a los Estados Unidos a cambio de que se abra el mercado dominicano a la mano de obra haitiana. Una de las exigencias del DR-CAFTA era legalizar esa mano de obra de los países que intervinieron en el acuerdo, lo cual suponía regularizar a nacionales haitianos que desde hace años se encuentran entre nosotros.

En consecuencia, las palabras del presidente resultan oportunas, siempre y cuando se asuman, sin pérdida de tiempo, medidas para detener, controlar y fiscalizar la constante penetración haitiana. El pueblo le otorgó el poder para implementar medidas a corto plazo, con carácter de urgencia, y no simplemente para continuar debatiendo un tema que ya no resiste posposiciones para que sea otra gestión de gobierno la que resuelva la situación. La carga tributaria que representa para los dominicanos sostener hospitales para que sean desbordados por extranjeros debe ser abordada inmediatamente. En otros términos, no necesitamos esperar la construcción de un muro ni la llegada de recursos económicos para encarar aspectos que requieren atención urgente. Asumir el control de la zona fronteriza, el control de los hospitales y espacios públicos es cuestión de voluntad política. Los próximos años no pueden discurrir sin que se avance significativamente sobre estos puntos.

La inmensa mayoría del pueblo dominicano está a favor de que se fortalezcan los controles migratorios, sin importar su naturaleza y costo, pero también desea que estas medidas no estén supeditadas a factores externos y eventuales que bien podrían naufragar en la demagogia política. Otros gobernantes han expresado su intención de regularizar el permanente y desmedido flujo migratorio hacia suelo dominicano, pero desafortunadamente todo ha quedado en pura retórica. En ese sentido, no se puede seguir aplazando, prometiendo y posponiendo la solución de un problema que cada día se torna más complejo y difícil.

El 21 de octubre de 1993, un grupo de valientes dominicanos redactaron un documento dirigido a la nación dominicana y a la comunidad internacional, titulado “Manifiesto sobre la crisis haitiana”, en el que denunciaban el perjuicio que genera la constante entrada de extranjeros a nuestro territorio. Esos valiosos ciudadanos, la mayoría ya fallecidos, que a la sazón conformaron el movimiento Unión Nacionalista, expresó en un histórico documento lo siguiente: “El pueblo dominicano, enfrascado en una ardua lucha por alcanzar su desarrollo económico y social, contempla con natural solidaridad las aspiraciones del pueblo haitiano de lograr el mismo objetivo, pero no puede aceptar que ello sea alcanzado a expensas suyas, con sacrificio de sus propias aspiraciones, por imposición y conveniencia de las grandes potencias”.

Ese documento redactado hace 27 años por personas preocupadas por la suerte de su país, que no buscaban beneficios personales como suele suceder actualmente con muchos de los que opinan sobre el tema, criticaba el bloqueo naval que se le había impuesto al vecino país, el cual generaba un desbordado flujo migratorio hacia este lado de la isla. En tal virtud, criticaron duramente esa medida que empobrecía aún más al pueblo haitiano. El indicado manifiesto recomendaba a todos los dominicanos “mantenerse en estado de alerta y reacios a la desinformación propagada por los ejecutores de esta acción, disponiéndose a luchar -sin diferencias de cualquier índole que nos dividan-por el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la viabilidad de nuestra nación”.  Se trata de un documento impecable, inspirado en los mejores intereses nacionales, los cuales deben ser defendidos por las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

La memoria y los esfuerzos por preservar la integridad territorial de ese histórico movimiento, desconocido para la mayoría de la juventud, debe ser rescatada. Constituye un motivo de orgullo que estos valiosos compatriotas, siempre preocupados por las mejores causas, hayan dejado plasmado este testimonio para la historia dominicana. En consecuencia, el presidente Abinader no debe limitarse a solicitar ayuda, comprensión y esperar recursos para preservar la integridad territorial. Por el contrario, debe adoptar medidas firmes, inmediatas y coherentes para convencernos con acciones y no con palabras, puesto que ya no es candidato, sino primer mandatario de todos los dominicanos.

En aquel entonces la Unión Nacionalista reclamaba que se emplearan todos los recursos que la Constitución y las leyes colocan al alcance de los poderes públicos para salvaguardar la nacionalidad. Más concretamente, el documento apunta: “De manera especial, solicitamos al Gobierno nacional, emplear todos los recursos que la Constitución y las leyes ponen a su alcance, para preservar los atributos de nuestra nacionalidad y explicar en todos los foros internacionales, la denuncia de conspiración hecha previamente por el presidente de la República, oponiéndose resueltamente a su ejecución y concomitantemente, tomar todas las previsiones de lugar para la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía nacional”.  De manera, pues, que no es posible que 27 años después continuemos con el mismo discurso sin que se hayan implementado los correctivos correspondientes.

La preocupación de la Unión Nacionalista en el 1993 era porque se estimaba una población superior a un millón de nacionales haitianos en suelo dominicano. Ahora, 27 años después, cuando son más de tres millones, cifra realmente escandalosa en cualquier país del mundo, no podemos continuar aplazando este tema con simples denuncias en foros internacionales. Es hora de actuar enérgicamente con este asunto, y el presidente Abinader debe estar consciente de ello y no continuar postergando la adopción de medidas o correctivos que sólo requieren de voluntad política y sentimiento patriótico. Ojalá reaccione oportunamente y no se limite a formular quejas o denuncias como ha ocurrido con otros mandatarios que le han precedido.

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