SANTO DOMINGO.- El diputado Ramón Bueno exigió al director de la Policía, Edward Sánchez González, detener los atropellos que, dice, se producen contra ciudadanos en la circunscripción tres del Distrito Nacional.

Dijo que en los últimos tres meses agentes del orden han maltratado incluso a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y citó los casos de Blas Blanc, presidente de la organización en la zona P, y José Antonio Candelario, presidente de la zona P3 del sector del Capotillo.

El diputado oficialista denunció que el caso más reciente fue del dirigente Francis Valdez, de la zona E1, del sector de Gualey, que varios agentes penetraron a su negocio y lo maltrataron a él y a su familia.

Manifestó que los atropellos constantes de los agentes se mantienen en la circunscripción tres, por lo que pidió al presidente Luis Abinader tener ojo visor con un sector de la institución del orden que pretende que fracase la reforma en la Policía Nacional.

«Luego de la muerte de la pareja cristiana en Villa Altagracia continúa la actitud irresponsable y de maltrato a ciudadanos indefensos, por lo que entendemos hay un sector dentro de la Policía Nacional que quiere boicotear la gestión y las metas trazadas por el gobierno en materia de seguridad», sostuvo.

Bueno también hizo un llamado al presidente y secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, para que investiguen si existe un plan desde la Policía contra los dirigentes de la organización.

an/am

Desde las perspectivas de la Ley de Salud, parece indicar que sí, que son obligatorias las vacunas contra el Covid-19, e incluso, del propio texto se puede extraer que negarse a la inoculación en razón a una política estatal masiva a esos fines, pudiera dar origen a la imposición de multas contra quienes incumplan.     

En términos específicos, la Ley General de Salud, No. 42-01, en su artículo 64 estable que: “Es responsabilidad de la SESPAS garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunaciones y las revacunaciones que la SESPAS ordene. Estas serán practicadas con los productos autorizados por la SESPAS y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas”.    

De lo anterior, se infiere con certeza la obligatoriedad de ponerse las vacunas contra el Covid-19, y en razón de que en la actualidad mayorías de marcas certificadas y aprobadas por Organismos Internacionales en la materia requieren de más de una dosis, también esta normativa contempla la revacunación.    

Igualmente, la Ley en cuestión, refiere en su artículo 153, que: «Se consideran violaciones a la presente ley, y serán sancionadas con multas que oscilarán entre uno y diez veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello, o mediante ley especial, los siguientes hechos: 1.- Incumplir con las medidas dispuestas por la SESPAS para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que las prescripciones de carácter sanitario;»    

En el tendido del párrafo anterior, la obligación de vacunarse contra el Covid-19, está contenido en un cuerpo normativo de mandato imperativo, pero, además, fija en su incumplimiento un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que contiene repercusión de naturaleza económica.    

Ahora bien, aunque estos textos se presumen conforme a la Constitución, por estar transitando el cuerpo de normas que deben modelar el comportamiento del Estado, discordante e imponentemente pudiera ser el hecho de que, “Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida” (Art. 42.3 CRD), y sobre manera, por que las actuales vacunas, están en fases experimentales.

En otras palabras, si se establece mediante la Ley de Salud que todos los dominicanos estamos obligados a administrarnos las vacunas, se pudiera alegar la inconstitucionalidad del texto, incluso por las fases o etapas en que se encuentran.     

Es por esta observancia constitucional, o pudiera serlo, que, la persona que acude a vacunarse se le solicita, previamente, su consentimiento informado, el cual consiste, por decirlo de algún modo, en expresar su voluntad, previa explicación, de su participación en la investigación.     

En conclusión, la Ley General de Salud, que es del año 2001, dice sí, que es obligatoria la vacuna, pero a decir de muchos, este texto no pasa un análisis de constitucionalidad. Por tanto, aquí lo importante es que, “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas” (Art. 61.1 CRD), y en las vacunas, el distanciamiento social y en otras medidas de higiene, ha puesto su fe en que son las bases para combatir el Coronavirus, en consecuencia, debemos acércanos esos estándares y cumplir con los mismos.

JPM 

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Unión de Farmacias advirtió sobre los riesgos que pueden correr las personas, al comprar medicamentos en lugares que carecen del rigor técnico de las farmacias, para dispensar productos de esa naturaleza en forma segura y con la debida orientación de profesionales farmacéuticos.

La entidad ,que agrupa a más de 1,200 farmacias en todo el país, reveló que, hace unos años en el Ministerio de Salud Pública se intentó desnaturalizar la normativa de medicamentos para rebajar medidas y mecanismos de protección a los pacientes, queriendo con ello permitir la distribución de medicamentos de venta libre en colmados, mercados, gasolineras y otros establecimientos ajenos al sector salud.

“Ahora que hemos visto, con gran consternación las denuncias de venta de sangre humana en colmados, bajo investigación de Salud Pública, consideramos oportuno llamar la atención a la población para que se cuide de adquirir medicamentos en lugares no autorizados”, proclamó la entidad, en una declaración de prensa.

La organización desde hace varios años ha estado opuesta a que se desnaturalice la regulación sanitaria, que establece que la dispensación de medicamentos debe realizarse solo en las farmacias habilitadas por el Ministerio, conforme a un rigor técnico, una vigilancia sanitaria y no en cualquier tipo de comercio.

Indicaron que las normas de higiene y vigilancia sanitaria que rigen a los colmados, mercados o estaciones de combustible no cumplen las previsiones que establece la Ley General de Salud 42-01 respecto a las garantías sanitarias exigidas para importar, exportar, elaborar, producir, maquilar, envasar, conservar, almacenar, transportar, distribuir, expender, comercializar y realizar todo tipo de contratación con relación a medicamentos.

Advirtió que la venta de medicamentos sin recetas en colmados y otros establecimientos, sin el rigor técnico de las farmacias y los profesionales farmacéuticos, abre mucho más las puertas a la falsificación y adulteración de medicamentos, un mal que tiene vigencia actualmente en algunas ciudades y   zonas del país.

“Esto pudiera conducir a afrontar situaciones de salud similares o peores a las que se han presentado con la adulteración de bebidas alcohólicas que en poco más de un año han segado la vida a más de 400 dominicanos”, resaltó.

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