Santo Domingo, 3 ago.- El Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto el horario de toque de queda en la provincia La Altagracia y el Distrito Nacional, luego de que en esas demarcaciones más del 70 % de sus poblaciones han recibido las dos dosis contra la covid-19.

Un decreto emitido hoy por el presidente Luis Abinader libera a las dos provincias del toque de queda a partir del lunes 9 de este agosto, pero mantiene la obligación del uso obligatorio de mascarillas en lugares públicas y privados de uso público.

El toque de queda impuesto en el resto del país es de 11.00 de la noche a 5 de la mañana, todos los días, con dos horas de libre circulación con el propósito de que las personas regresen a sus hogares.

La Altagracia registra el 82,6 % de sus habitantes con dos aplicaciones de la vacuna, mientras que la capital ha vacunado con dos dosis al 77,1 % de su población.

En el Distrito Nacional y La Altagracia se prohíbe la venta y consumo de alcohol en lugares públicos y privados de uso público entre las 12.00 de la noche y las 5.00 de la mañana.

Asimismo, se requieren de «permisos especiales» para la celebración de actividades que impliquen aglomeración, sin importar el lugar de que se trate.

Estos permisos los otorgarán las autoridades del «sector correspondiente, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Además, los establecimientos públicos y privados de uso público solo podrán acoger hasta el 75 % de su capacidad total, «siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes».

El decreto establece que los espacios abiertos al aire libre, como parques y malecones, podrán ser utilizados por las personas en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

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SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos  asesoría para seleccionar una firma privada que fiscalice sus recursos.

En un documento de prensa, Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que a pesar de que los fondos del gremio no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con el proceso.

Explicó que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, la actual administración también requirió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al Colegio de Contadores Públicos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a Participación Ciudadana, acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión para que el proceso de licitación sea realizado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia correspondientes.

“Actuar con pulcritud y apegados a las leyes ha sido el principal norte de esta administración del CARD, por lo que solicitamos dicho acompañamiento con el objetivo de que los abogados, abogadas y el país en general sepan en que invertimos los recursos del gremio”, expresó.

Entre las firmas privadas sugeridas para realizar dicha auditoría se encuentran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Price WaterhouseCoopers, Ernest&Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey&Company, The Cocktail, Baker&McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey CorreaS.C, Mckinsey&Company.

Destacó que “el CARD ha implementado férreos controles contables, conjuntamente con la eficiencia en el manejo de los limitados fondos que ingresan a nuestra institución, manejados con apego a la Ley 340-06, a pesar de  no son recursos públicos”.

of-am

SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo estar preocupada por «enfrentamientos jurídicos» que, según afirma, existen entre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Ministerio de Educación y otras instituciones de la Administración Pública.

A su juicio.  la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar la anulación de los 56 lotes para la adquisición de equipos portátiles para las clases virtuales del año escolar que acaba de finalizar, lo que ha provocado que se elevaran varias solicitudes de medida cautelares anticipadas ante el Tribunal Superior Administrativo.

ADOCCO recordó a la DGPC que «existen varias estrategias para luchar por la transparencia y contra la corrupción, algunas que parten de la desconfianza de los funcionarios públicos y que establece un sinnúmero de mecanismos preventivos, que en muchos casos hace ineficaz la compra y contratación para el suministro de bienes, servicios y obras en beneficio de la colectividad».

Por otro lado, otras estrategias parten de la confianza en los funcionarios públicos con procesos y criterios más flexibles, que fortalece el mecanismo preventivo en las consecuencias civiles, disciplinarias, administrativas y penales que pudiera generar una actuación incorrecta.

«En ese sentido, ADOCCO ve con preocupación una serie de criterios e interpretaciones legales establecidos por la DGPC que vulneran las competencias exclusivas del órgano operativo (el comprador) para definir su compra, lo que limita irrazonablemente las posibilidades de proceder a los contratos y contrataciones públicas para traducirlo en bienes y servicios en beneficio de la colectividad, lo que ha provocado que un número importante de instituciones del Estado, no hayan podido ejecutar ni el 25% de su plan anual de compras, faltando solo 4 meses para el cierre del año, constituyendo un revés para la consecución de los propósitos de esas instituciones», indicó la entidad en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Opinó que la DGCP ha excedido sus competencias en sus comunicaciones denominadas “remisión de resultados de análisis preliminares y solicitud de presentación de escrito de defensa”.

Recomendó a la DGCP la creación de una unidad de indicios penales que analice los casos de posible corrupción en las contrataciones públicas, pero que permita al gobierno realizar las compras y contrataciones necesarias para cumplir con la demanda de bienes y servicios en beneficio de la sociedad.