El gobierno de Estados Unidos, vanguardia transnacional en la brega contra los descarríos administrativos gubernamentales, acaba de donar 251 millones de dólares a República Dominicana para rivalizar implacablemente (raspar y/o trasquilar) la corrupción y otros flagelos, prosiguiendo un “altruismo” que percute con más visaje desde 1961.

 ¿Protege con exceso de ternura esa superpotencia imperial a nuestro país por un amor espontáneo y fraterno?

La preocupación del coloso del Norte es tan pronunciada que, en su reproche a la República Dominicana, cual procónsul, su encargado local de negocios no reconoció ni un ápice las adjudicaciones preliminares en los lindes del rastreo y las imputaciones judiciales detrás del castigo por las substracciones oficiales -una cosecha de la conjunción de los reclamos tanto socio-populares como gringos-, en el primer año del actual mandato presidencial. Mister Robert W. Thomas se fue de bruces… Imitó al burro cuando al conejo le dijo “orejú”.  

El día que Thomas se quejó de los extravíos metálicos generalizados en República Dominicana -lo que hasta los chinitos de Bonao saben que es cierto-, obvió que esta Nación subió de 3.26 a 4.38 su puntuación anticorrupción, el superior aumento de Latinoamérica en el 2021, en el Indice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) y que, en cambio, Estados Unidos ha descendido a 67 puntos en los últimos cinco años (2016-2020), colocándose por debajo de 24 países en el ranking de esta fusta.

Al margen de la positiva valoración que tenemos que hacer por los aportes financieros de los norteamericanos a la patria de Duarte, también se precisa apostillar que su interés por “ayudarle” no es simplemente por una devoción entrañable, sino porque la corrupción bruma como la barrera principal para sus empresas competir en el mercado dominicano, y asegurar rentabilidad en sus inversiones.

Antes de Estados Unidos establecer relaciones diplomáticas con República Dominicana, en 1884, su agente David Dixon Porter efectuó una misión secreta a Santo Domingo (1846) -no confió en los datos enviados por el presidente Pedro Santana-, estudiando en el terreno las riquezas nacionales y las posibilidades reales de sacar beneficios económicos. Ya en 1923, un grupo de compañías creó la Cámara Americana de Comercio (AmchamRD), que hoy está integrada por cerca de dos mil unidades productivas norteamericanas y dominicanas vinculadas con éstas.

En el 2021, Estados Unidos crespa como el primer inversionista del país, con 6,412.4 millones de dólares entre 2010 y 2020. Evoca, como una constante en los intervalos de las fechas, a su sexto presidente, John Quincy Adams (1767-1848), quien ha hecho célebre la máxima de que esa Nación no tiene amistades, sino intereses permanentes.

¿Tiene o no razones el terruño de Donald Trump para abogar por una administración dominicana sana, acorde con sus leyes extraterritoriales y sus faenas en los negocios corporativos?

Enquistadas como sabuesos en los sobornos, empresas como Odebrecht guisan y quitan contratos a las firmas norteamericanas y sus subsidiarias, que están compelidas a cumplir el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, 1977) o Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos. Esta disposición de aplicación en el extranjero sanciona a las corporaciones que cotizan en mercados de valores de ese país, que incurren en cohecho en distintos territorios del globo terráqueo. Entre 2010 y 2019, Estados Unidos condenó a 174 firmas empresariales y 115 ejecutivos por delitos cometidos en el exterior.

Utilizando un lenguaje cercano al propio del robusto palacio (aunque es pequeño de tamaño) presidencial/neocolonial de Washington, compilamos un glosario/decálogo en torno a los perjuicios del espantajo de referencia. ¿Cuáles son los daños de la corrupción?

1.- Sube y desconfigura el gasto y las prioridades presupuestales gubernamentales, especialmente en la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura de gran dimensión, que son propicias para los escapes financieros y difíciles de controlar.

2.- Distorsiona el modelo de negocios, obstruye el intercambio comercial y la atracción de la inversión extranjera.

3.- Despoja de derechos esenciales a los ciudadanos y retrasa los esfuerzos contra la pobreza.

4.- Obstaculiza tanto el crecimiento como el desarrollo económico, viabiliza la delincuencia organizada y el terrorismo transnacional.

5.- Inestabiliza el acceso a los servicios e incrementa la inequidad.

6.- Fortalece a los mandantes autocráticos, desgasta la esperanza en los sistemas democráticos y facilita que aventureros y pervertidos saquen provecho de la prosperidad por la labor entre socios.

7.- Demanda de exageradas sumas de dinero en indagaciones jurimétricas, compilación de pruebas legales, servicios jurídicos y prolongados juicios en los tribunales.

8.- Socaba los derechos humanos en la irritable conflictividad social: aumento de la violencia y dificultades de empleos y servicios de salud, educación, cultura, etc.

9.- Pone en riesgo la gobernanza y la seguridad nacional de las naciones.

10.- Desmorona la confianza de los gobiernos y los países.

¿Cuáles medidas son implementadas para prevenir y contrarrestar la corrupción?

1.- Contribuciones económicas para la ejecución de proyectos y programas de asistencia técnica para fortalecer procedimientos y procesos gerenciales gubernamentales, a fin de elevar la rendición de cuentas y la transparencia.

2.- Aprobación de leyes financieras y bancarias para impedir el ocultamiento de activos ilícitos, por vía de compañías de carpetas y/o fantasmas.

3.- Imposición de multas millonarias a corporaciones y funcionarios públicos.

4.- Aplicación de sanciones y restricciones, como el despojo de visas a funcionarios gubernamentales y familiares.

5.- Establecimiento de alianzas con prestantes organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

6.- Fortalecimiento de los gobiernos corporativos y reforzamiento de las reglas para las empresas que operan en los mercados de capitales.

7.- Fomento de la cooperación intergubernamental, a través de acuerdos específicos.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha declarado -a través de una orden ejecutiva- de “altísimo interés para la seguridad nacional” la contienda contra la depravación gerencial, que redimensiona exponencialmente la escalada de encausamientos judiciales, encarcelamientos y sentencias inculpatorias, en esa nación norteamericana y el tablazón mundial, de funcionarios oficiales, legisladores y empresarios por robos del erario, obtención de beneficios privados en transaccionales comerciales, la aceptación de regalos impropios, conflictos de intereses y hasta por la compra de votos.

Esa liza o contraplumas anti-corrosivas implica un más amplio incentivo para nuevas reformas institucionales y legales, más voluntad y decisión política, más cambios culturales, más persecución y más sanción para disminuir la impunidad. Y, lógicamente, más monedas.

Cuando se transparenta el uso de recursos oficiales y menguan las infracciones de cuello blanco, se avanza, más si se parte del hecho de que la corrupción se ciñe como un fenómeno de genealogía sistémica, que brota de los abolengos de la nobleza y la indigencia, así como de gobiernos de todas las ideologías.

Con frecuencia, en su interposición genética/ambiental se vuelve autoinmune y -como hemos visto- resulta menos costosa la prevención que la búsqueda de penalización.

Como colofón, dos certidumbres tenemos que admitir, como un ejercicio de honestidad, más que un idilio, los logros del gobierno dominicano en el Indice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), en su primavera, y el empeño/empuje global de Estados Unidos contra los sobornos, que marcan una ligera diferencia de sus tradicionales agravios y embestidas  a países tercermundistas (como lo hecho inmisericordemente contra Cuba) en su propósito hegemónico, independientemente de que sea para proteger los intereses de sus empresas en ultramar.