Alivia que, en el ciclo más acentuado de la haitianización de la sociedad dominicana que indefectiblemente traslada hacia el precipicio, el Consejo Nacional de Migración decidiera, en una reunión guiada por el presidente Luis Rodolfo Abinader, dar un ultimátum a los empresarios sobre la contratación irregular de extranjeros, que sea cumplido el 80/20 establecido en el Código Laboral y frenado/reducido el ingreso a nuestra Nación de parturientas del Oeste de la isla. 

Intimado por el puntiagudo y harto inquietante agujero, el jefe del Estado optó por la construcción del muro fronterizo, el reforzamiento castrense de las franjas limítrofes; en la última Asamblea de las Naciones Unidas puntilló que “no hay, ni habrá, una solución dominicana a la crisis de Haití”, y ahora resoluta los tópicos relacionados con el presupuesto de salud que desangran los vecinos y el despojo de empleos a los dominicanos. 

Al Barbudo del infinito habrá que implorarle para que fortalezca espiritualmente al presidente Abinader -y también que le respalden los dominicanos que aman a su Patria- para frenar la inmigración ilegal a cargo de mafias que comercializan con seres humanos, con el contubernio monetario de altos jefes militares que ponen caras de serios, especialmente en el saludo. Ese es el principal nudo gordiano. 

El segundo punto nodal es el relativo a la ilegal contratación de mano de obra extranjera por empresarios que han utilizado una y mil argucias para que la paga a los dominicanos sea tan miserable como sus propias mentalidades. Y son cómplices los atomizados y medio aburguesados dirigentes de las centrales gremiales, que no han sido activos en la dominicanización del empleo, por la solidaridad internacional con el “proletariado”, y porque no han asimilado la cubanización laboral de 1933, que incluyó la repatriación forzosa de más de 70 mil haitianos. Ni siquiera la revolución de Fidel Castro ha acogido a uno solo de ellos. 

En la fisura de la haitianización, los dominicanos están abandonando los pueblos fronterizos, donde los indocumentados de Occidente han pasado a ser la mayoría, con el agravante de que han existido alcaldes pedáneos que no hablan español. Y están contados los días en que las embarazadas nativas con dolores pre-natales y sus familiares apelen a la violencia para ocupar camas hospitalarias.         

Pero, ¿cómo lograr la dominicanización del empleo? 

El magnate empresarial mexicano Carlos Slim, quien por varios años se disputó con el norteamericano Bill Gates la primacía de ser el más rico del globo, planteó que lo mejor para combatir la pobreza es el empleo, coincidiendo con expertos que estiman que la ocupación laboral y la elevación de impuestos a los acaudalados reducen las desigualdades. 

En parecido tenor se ha manifestado reiteradamente el primer mandatario, al  que habrá que bautizar como “Abinader empleo”, porque cada vez que respira y espabila matiza ese verbo. Ha dicho que los empleados no pueden vivir con salarios tan bajos, que las pagas chiquiticas promueven la informalidad y que se precisa buscar alternativa como contrarrestar ese cuadro. 

Tampoco hacemos gran cosa creando puestos de trabajo para que sean ocupados por indocumentados, que desplazan a dominicanos en la agricultura, la construcción, el comercio informal, como en la venta de frutas y coco; el motoconcho y el turismo cuentan con una presencia mayoritaria en la región Este.  

La frontera dominico-haitiana demanda mucho más resguardo y, como guardianes del territorio donde nace la República, el Ejército está en el deber de impedir que continúen arribando oleadas de haitianos y otros extranjeros, que traen drogas, armas, mercancías de contrabando y epidemias. Y son esenciales las cámaras instaladas en la línea limítrofe, para garantizar la reducción del contrabando y el tráfico humano, que destruyen el aparato productivo nacional y ponen en peligro los escasos empleos y la salubridad de los dominicanos. 

Pero ese reclamado control fronterizo amerita, ya, que sea acompañado de un gran proyecto de desarrollo socio-económico en esa deprimida demarcación del país, para que los criollos no sigan abandonándola y los forasteros ocupándola, para entonces exigir negociación. 

Históricamente, los haitianos han ocupado espacios físicos dominicanos, para luego proclamar que son de su propiedad. La corriente migratoria desde Haití comenzó a partir de 1919, cuando los dueños de los ingenios azucareros, especialmente de Estados Unidos, ejecutaron un plan de reclutamientos y trasiego de trabajadores haitianos para ser incorporados al corte de la caña en plantaciones agrícolas de la República Dominicana. En ese año, los dos países estaban intervenidos por marines gringos. 

Durante los 19 años de ocupación de Estados Unidos en Haití abundaron los despojos de tierras a campesinos para concesionarlas a compañías de esa Nación, y “la emigración tomó proporciones considerables y trágicas”. “En el Norte –escribe Georges Séjourné- se expulsó a 50,000 haitianos, de los que un gran número, al emigrar a la República Dominicana, fue víctima de las matanzas trujillistas de octubre de 1937”. Más de 300 mil se radicaron en Cuba y República Dominicana, “y ninguno regresó a su tierra natral”. 

El “tráfico negrero” se incrementó con la cortadura de la caña, y para controlar la emigración el gobierno militar norteamericano dictó las órdenes ejecutivas números 259, 278 y 372 -18 de febrero y 4 de abril de 1919- firmadas por el general de brigada B. H. Fuller, y el contralmirante de la Armada de los Estados Unidos, Thomas Snowden, gobernadores militares de Santo Domingo. 

Los braceros haitianos tocaban suelo dominicano con un permiso de trabajo por un determinado período de tiempo, sin salir del país antes de la terminación de la zafra azucarera, salvo que decidieran hacerlo cubriéndose sus propios gastos. A las empresas navieras nacionales y extranjeras, a sus agentes o a cualquier otra persona se le prohibió vender pasajes o proveer con medio de transporte a los tenedores de permisos de inmigración para abandonar la República Dominicana. 

En 1920, según el primer censo oficial de República Dominicana, la población de los vecinos ascendía a 28 mil 258 y cinco años después -1925- a 100 mil, conforme con el autor Melvin M. Knight. Hoy se estima en más de dos millones. 

¿Cuál ha sido la política migratoria de República Dominicana entre el 2010 y el 2021? 

El sistema migratorio dominicano se sustenta, esencialmente, en la Constitución, la Ley de Migración y su reglamento de aplicación, más de una decena de resoluciones de la Dirección General de Migración y las convenciones, convenios, pactos y protocolos internacionales. 

1.- Constitución (2010): 

Artículo 9. Territorio Nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de Derecho Internacional. 

Artículo 10. Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. 

2.- Ley Migratoria (2004). La Ley General de Migración número 285-04 ordena y regula el desplazamiento de personas por las vías terrestres, aéreas y marítimas del país: registrar entrada y salida de pasajeros, otorgar las visas de ingreso y permisos de residencias temporales o permanentes, declarar la ilegalidad, deportación o expulsión de extranjeros, etc. 

3.- Reglamentos exteriores. Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención Internacional de las Naciones Unidas, Convención de Viena, Convención sobre el estatuto de refugiados, y otros pactos y convenios. 

¿Qué ha ocurrido…? 

1.- Extranjeros, particularmente haitianos, hacen caso omiso a las disposiciones legales dominicanas. 

2.- Los gobiernos anteriores han aplicado mínimamente estos instrumentos jurídicos, especialmente con los haitianos, porque no colocaron como prioritaria el cuido y protección de la frontera dominico-haitiana, y titubearon y cedieron frente a las presiones de organismos y gobiernos internacionales. 

Contrario a otros países, la presencia laboral extranjera en República Dominicana carecía de reglamentación, y a partir del 2011 la situación cambia: habrá que cumplir requisitos para el estatus migratorio. 

Entró en vigencia el Reglamento 631-11, necesario para la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, que regula la contratación de mano de obra extranjera en todos los sectores productivos del país. 

Esto significa que para emplear a haitianos, ecuatorianos o cubanos, etc. éstos deberán tener pasaportes, visas de trabajo y estar depurados y registrados en la Dirección de Migración, e inscritos en la Seguridad Social. 

Desde hacía varios años, haitianos ilegales han desplazado a los dominicanos en la venta ambulante de productos alimenticios, la agropecuaria y la industria de la construcción, por prejuicios sociales de estos últimos y por resistirse a la explotación inmisericorde.  

El cumplimiento de la Ley conlleva a una revolución laboral: o se acelera la legalización de la fuerza foránea o se transforma la mentalidad de la juventud  dominicana, mejorando las condiciones de pago. ¿Cuál se impondrá?, o ¿No se cumplirá la Ley?