La Constitución no admite pausas ni conveniencias. En un Estado de Derecho, ningún órgano público —y mucho menos el árbitro electoral— puede “congelar” mandatos constitucionales a la espera de cálculos políticos o de la inercia legislativa. El artículo 6 es categórico: todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Y el artículo 184 cierra cualquier duda institucional: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado.

Cuando el Tribunal Constitucional fija un estándar, el Estado no lo debate: lo ejecuta. Relativizar esta obligación no debilita una figura legal específica; debilita la autoridad misma de la Constitución y, con ella, la confianza en el sistema democrático.

Por eso la Sentencia TC/0788/24 debe leerse como lo que es: una corrección constitucional obligatoria. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un régimen que hacía inviable —o meramente simbólica— la figura de las candidaturas independientes y fijó parámetros precisos para una regulación compatible con la Carta Magna. Desde ese momento, el debate dejó de ser si se “quiere” permitir la participación independiente y pasó a ser, estrictamente, cómo se ejecuta lo que ya fue definido como constitucionalmente exigible.

La ruta institucional correcta es una sola: cumplimiento. Insistir —por acción u omisión— en operar con el esquema que el máximo intérprete constitucional ya corrigió coloca a cualquier institución en colisión con la supremacía constitucional. Y esa colisión no es teórica: en materia electoral se traduce en impugnaciones, nulidades, incertidumbre y pérdida de confianza. Un país no puede aspirar a elecciones creíbles si su autoridad electoral actúa como si el precedente constitucional fuera optativo.

De ahí que el argumento de que la Junta Central Electoral (JCE) debe “esperar al Congreso” sea jurídicamente frágil y políticamente peligroso. Si el Congreso decide retrasar, engavetar o politizar la adecuación legislativa, esa omisión no puede convertirse en un veto de facto al derecho ciudadano a competir. La omisión legislativa no suspende la Constitución. Si el Congreso no actúa, la obligación de la JCE se vuelve más estricta, no menos: debe garantizar que el proceso electoral se organice conforme al estándar constitucional vigente.

Ese deber responde al diseño constitucional. La JCE organiza, dirige y supervisa las elecciones, y tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia (arts. 211–212). La JCE no está llamada a sustituir al Congreso; está llamada a aplicar el estándar constitucional vigente y hacerlo operativo con procedimientos. Cumplir TC/0788/24 por vía administrativa no equivale a “legislar”: equivale a establecer reglas de trámite y control que hagan posible el derecho sin sacrificar la integridad del proceso.

Lo que se espera, entonces, no es una “ley nueva” emanada de la JCE. Se espera un reglamento transitorio, auditable y razonable que habilite el cauce práctico: una ventanilla y plataforma para la declaración de asociaciones cívicas, un calendario claro, reglas objetivas de verificación, oportunidades de subsanación y decisiones motivadas. Ese estándar no puede ser un laberinto que reproduzca, por otra vía, las trabas que la sentencia corrigió; debe ser un procedimiento que permita competir y, a la vez, permita controlar.

La alternativa —no crear el canal operativo— produce el peor escenario democrático: un derecho reconocido en teoría, pero bloqueado en la práctica. Y ahí el artículo 6 deja de ser una cita solemne y se convierte en un riesgo real. Resoluciones, instructivos o decisiones administrativas que desconozcan un precedente vinculante quedan expuestas a impugnación y nulidad. En un proceso electoral, la nulidad de piezas estructurales (inscripción de candidaturas, verificación de requisitos, calendario, boletas) puede arrastrar nulidades de resultados y convertir la proclamación en una disputa judicial y social.

Conviene decirlo sin eufemismos: el peor escenario plausible no es un titular alarmista; es una crisis de gobernabilidad insostenible. Si se llega a 2028 con exclusiones estructurales y los correctivos judiciales llegan tarde —con boletas impresas, campaña avanzada o resultados proclamados— el país puede enfrentar una tormenta perfecta: judicialización masiva, nulidades que obliguen a repetir procesos en demarcaciones, parálisis institucional y un gobierno electo bajo cuestionamiento permanente. Cuando se rompe la confianza en el árbitro, se erosiona la legitimidad del mandato y la convivencia democrática se vuelve frágil.

A ese riesgo institucional se suman responsabilidades concretas. En el plano patrimonial, la Constitución establece responsabilidad del Estado y de sus agentes por daños derivados de actuaciones u omisiones administrativas antijurídicas (art. 148). Si se frustra un derecho político por falta de canal operativo o por rechazos incompatibles con el precedente, aparecen reclamaciones por daños. Y, en supuestos graves, la legislación penal-electoral prevé consecuencias vinculadas a negativas arbitrarias, a exclusiones indebidas y a alteraciones en la oferta electoral.

Hay una dimensión adicional que no debe minimizarse: el frente internacional. La República Dominicana asumió compromisos en materia de derechos políticos y participación. Cuando un Estado bloquea —por acción u omisión— vías razonables de acceso a la contienda, se expone a escrutinio y responsabilidad internacional, con un costo reputacional y político que agrava cualquier conflicto interno. Un país democrático no debería llegar a 2028 bajo la sombra de controversias internacionales evitables.

En el Foro y Frente Cívico y Social sostenemos que la salida responsable está sobre la mesa. Depende de la JCE adoptar un reglamento transitorio con procedimientos claros, plazos definidos, verificación transparente y proporcional, garantías de debido proceso e integración impecable en boletas. Eso fortalece al sistema electoral, previene conflictos y protege la democracia. Esperar, negar o dilatar es abrir la puerta a nulidades y a una crisis de gobernabilidad que ningún dominicano responsable debería aceptar como daño colateral.

En democracia, la Constitución no se administra por conveniencia: se cumple. Y el árbitro electoral debe ser el primero en demostrarlo.

Despierta RD!

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Hay datos que, cuando uno los lee, no deberían servir para inflar el pecho: deberían servir para despertarnos. Uno de esos datos está en la Maddison Project Database (MPD 2023), una de las bases más citadas para comparar PIB per cápita histórico entre países. Y sí: en 1950, República Dominicana aparece por encima de Corea del Sur en “riqueza” medida como PIB per cápita.

Según esa serie histórica, en 1950 el PIB per cápita estimado (en dólares internacionales comparables) coloca a República Dominicana en ~1,637, mientras que la República de Corea (Corea del Sur) ronda los ~998. Dicho simple: en ese corte, el dominicano promedio “producía” más que el coreano promedio.

Ahora bien, cuidado con el autoengaño: ese número no significa que aquí hubiera prosperidad justa, instituciones sanas o oportunidades para todos. Significa, estrictamente, que en esa métrica y en ese año, la economía dominicana luce por encima. En 1950, el país estaba bajo el mando de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó con control total del Estado y con las sombras que conocemos , aunque con capacidad para imponer orden administrativo y dirigir recursos a su manera.

¿Y por qué Corea del Sur estaba tan abajo en 1950? Porque 1950 no fue “un año más” para Corea: fue el inicio de una tragedia nacional. Ese mismo año estalla la Guerra de Corea (1950–1953), una guerra que partió al país y lo dejó con cicatrices humanas y económicas profundas.

Y aquí viene la parte incómoda: la historia no premia al que “estaba mejor” una vez; premia al que construye mejor durante décadas.

Hoy, más de 70 años después, Corea del Sur es una potencia tecnológica e industrial, y República Dominicana —con avances reales— sigue lejos de ese nivel. Míralo en un número frío, actual y directo: PIB per cápita 2024 (Banco Mundial): Corea del Sur ~US$36,238.6 vs República Dominicana ~US$10,875.7.

Corea no llegó ahí por magia, ni por “destino asiático”, ni porque un día amanecieron genios. Llegaron por una combinación feroz de educación disciplinada, industrialización orientada a exportación, ciencia y tecnología como religión de Estado, y una cultura nacional que convirtió la productividad en orgullo. Mientras tanto, nosotros muchas veces hemos convertido la “viveza” en filosofía, el corto plazo en estrategia y la improvisación en identidad.

Entonces, el dato de 1950 no es para decir “¡ves! nosotros éramos más ricos”. Es para preguntarnos, sin maquillaje: ¿qué hicimos con el tiempo? ¿En qué momento dejamos que el futuro se nos fuera volando mientras otros lo planificaban con obsesión?

La comparación no es para humillarnos; es para empujarnos. Porque si una nación devastada por guerra pudo reinventarse hasta convertirse en referencia mundial, nosotros también podemos —pero solo si tomamos decisiones que duelen: elevar calidad educativa de verdad, blindar instituciones, premiar productividad, apoyar innovación, y dejar de vivir “resolviendo” para empezar a construir.

La historia ya habló. Ahora falta que hablemos los dominicanos … con hechos.

angelpuello@gmail.com
JPM

POR ENMANUEL DÍAZ SANTIAGO

Invertir en la niñez y juventud no es un gasto: es la base de un país más justo, resiliente y próspero.

 La República Dominicana ha experimentado avances significativos en materia de desarrollo social en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la niñez y juventud. Sin embargo, persisten brechas estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes. Estas notas analizan los principales logros y desafíos en el periodo 2023–2025.

La inversión pública en niñez y adolescencia alcanzó en 2023 el 24% del gasto público total, equivalente al 5.0% del PIB nacional. Este crecimiento sostenido (más del 10% respecto a 2022) se distribuyó principalmente en educación (65%), salud (12%) y protección social (9%) (UNICEF, 2024). Además, se ha consolidado el Gabinete de Niñez y Adolescencia, una instancia interinstitucional que busca coordinar políticas públicas con enfoque de derechos.

En el ámbito de la salud, la implementación del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Neonatal permitió reducir en un 9% las muertes neonatales en 2023 respecto al año anterior (Listín Diario, 2024). También se han fortalecido los programas de formación técnica: INFOTEP capacitó a más de 2.4 millones de jóvenes entre 2020 y 2024, priorizando áreas como comercio, tecnología, farmacología y educación (El Día, 2025).

A pesar de estos avances, la pobreza infantil sigue siendo alarmante. El 34% de los niños vive en pobreza monetaria, y en zonas como el suroeste del país esta cifra asciende al 59.4% (UNICEF, 2024). En comunidades como Bayaguana y Monte Plata, se reportan condiciones de abandono estatal, hambre, inseguridad y falta de infraestructura básica (Al Instante Diario, 2025).

La violencia contra niños y adolescentes continúa siendo una problemática grave. Dos de cada diez adolescentes han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, y cuatro de cada diez padres admiten utilizar castigos físicos como método de corrección (Acento, 2025). Esta normalización de la violencia en el hogar tiene efectos devastadores en el desarrollo emocional y social de los menores.

El embarazo adolescente y las uniones tempranas siguen siendo prácticas extendidas. En 2023, 7,616 niñas menores de 18 años dieron a luz, incluyendo 647 entre los 9 y 14 años (Diario Libre, 2024). Estas situaciones interrumpen la trayectoria educativa de las adolescentes, perpetúan ciclos de pobreza y aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia y la exclusión.

El desempleo juvenil, por su parte, se mantiene en niveles preocupantes. Al cierre de 2024, la tasa de desempleo juvenil era del 8.3%, y la inactividad económica afectaba al 34.5% de la población en edad de trabajar (El Día, 2025). Esta situación genera frustración, migración forzada y pérdida de capital humano.

Acciones

 Ante este panorama, es urgente fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial, intersectorial y de derechos. Algunas acciones claves incluirían:

1. Ampliar la cobertura de protección social en zonas vulnerables, priorizando transferencias condicionadas, alimentación escolar, acceso a servicios básicos y atención psicosocial.
2. Implementar programas de prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria, con formación para padres, atención a víctimas y fortalecimiento de los sistemas de protección infantil.
3. Fortalecer la educación sexual integral en las escuelas, junto con servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para adolescentes, especialmente en zonas rurales.
4. Promover la empleabilidad juvenil mediante alianzas público-privadas, incentivos a la contratación de jóvenes, apoyo al emprendimiento y expansión de la formación técnica en sectores emergentes.
5. Fomentar la participación juvenil en la formulación de políticas públicas, garantizando espacios de consulta, representación y toma de decisiones en los niveles local y nacional.
6. Monitorear y evaluar las políticas públicas con indicadores desagregados por edad, sexo, territorio y nivel socioeconómico, para asegurar que las intervenciones lleguen a quienes más lo necesitan.

La niñez y juventud dominicanas representan una oportunidad histórica para el desarrollo del país. Si bien se han logrado avances importantes, las brechas persistentes exigen una respuesta más ambiciosa, coordinada y sostenida. La inversión en este grupo poblacional no solo es un mandato ético y legal, sino una estrategia inteligente para construir una sociedad más equitativa y resiliente.

Cada niño que accede a educación, cada joven que encuentra empleo, cada adolescente que se empodera es una victoria colectiva. Podemos hacer la diferencia. Y debemos hacerlo ahora.

enmanuel.diaz@hotmail.com

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