POR JOHNNY GONZALEZ 

Las predicciones sobre la economía mundial no son las más halagüeñas. Los expertos estiman que la crisis económica que se avecina será una de las más grandes de la historia como consecuencia de dos acontecimientos mundiales que han afectado el crecimiento económico de las principales economías a nivel internacional, y, por ende, el desarrollo económico local: la pandemia del Covid-19 y el conflicto bélico ruso-ucraniano.

Ambos hechos revisten una importancia capital para la República Dominicana a partir de la coyuntura electoral en la cual, por ahora, el liderazgo político tradicional, pretende aplicar las mismas recetas de hace más de medio siglo, para resolver problemas que llevan más de medio siglo sin solución: corrupción, inseguridad ciudadana, crisis energética, pobreza y otros males arraigados en el cuerpo social nacional.

En medio de la mega crisis anunciada por prestigiosos economistas y magnates de la talla de Bill Gates y otros reconocidos hombres de negocios, cuesta pensar en un escenario en el cual, un pueblo vulnerable, empobrecido y desigual como el nuestro.

Una crisis de la magnitud augurada precisamente por los máximos representantes del capital, deba ser administrada por los responsables de las más abruptas iniquidades cometidas contra este pueblo.

Por el mismo liderazgo político que ha hecho causa común con la oligarquía (tradicional-criolla), para defender sus intereses por encima de los nacionales y de las grandes mayorías, a cambio de gobernabilidad para garantizar el “status quo” que, en el contexto de la presente reflexión, solo beneficia a las élites del país, siempre al amparo de un Estado cómplice que establece las normas para favorecer determinados grupos en detrimento de las mayorías.

Jerome Haegeli, economista de Swiss Re Group, expresa con preocupación: “Nos encontramos en una crisis que se produce en cámara lenta como consecuencia de las perturbaciones de los precios de los alimentos, de la energía y de la cadena de suministro” y agregó que “cualquier orden nuevo que surja debe abordar mejor las necesidades y capacidades de los mercados emergentes junto con las economías más avanzadas”.

Mientras estos augurios se tornan cada vez más espeluznantes, el gobierno se empecina en ofrecer indicadores económicos que no le hacen honor a la verdad y coloca en una espiral peligrosa el desenvolvimiento económico y social del país, sin reparar en las posibles consecuencias de un futuro económico lleno de incertidumbres y marcado por una fuerte contracción que ya se manifiesta en el aumento de inflación y sus efectos en los precios.

En tanto, el rechazo al liderazgo tradicional y sus plataformas políticas (40% en la última medición), reflejan el sentir y el hartazgo de la sociedad que reclama inclusión, transparencia, equidad y participación; una política social que abarque, de manera directa, a los sectores más débiles y mayores oportunidades para la clase media y un plan de desarrollo nacional que contemple un amplio programa social.

Cualquier propuesta política que no conlleve el compromiso insoslayable del Gobierno y el Estado -conjuntamente- de colocar, como eje fundamental de las políticas públicas, al común de los ciudadanos, al soberano, no puede contar con el concurso del pueblo y para ello se requiere de un liderazgo renovado, sin compromisos con los factores de poder representados por las élites del país.

Al parecer, 60 años no han sido suficientes para saciar las apetencias de la arrogante oligarquía dominante, dueña de todo, incluyendo el país, a quien el tradicionalismo político defiende sus intereses, modelo que ha hecho aguas sobre las bases del sistema político nacional, mientras el viejo liderazgo no advierte que el devenir histórico está marcando la pauta para el surgimiento de nuevas fuerzas que impulsen la construcción de una Nueva República.

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El gobierno y sus funcionarios deben ser más cautelosos en sus propuestas y anuncios sobre los diferentes temas del quehacer nacional para evitar dar argumentos a quienes, desde la oposición, están permanentemente al acecho de cualquier error para, de inmediato, arremeter contra las autoridades y el partido en el poder, como pasó con el anuncio de la posible reducción del presupuesto de Educación en 4,250 millones de pesos para ser destinados, según el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, a mantener el subsidio a los combustibles y a la tarifa eléctrica, principalmente.

La descomunal campaña de ataques que desató la oposición a raíz del desafortunado anuncio, conllevó a que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reuniera el pasado martes con un grupo de organizaciones, no gubernamentales, que trabajan en Educación, para dar seguridades de que los fondos del 4 por ciento del PIB serían respetado, y por el contrario, el gobierno aumentaría en 1,390 millones el presupuesto de la educación superior y destinaría 484 millones más para la cultura.

Ese anuncio no bastó por lo que el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, se vio precisado a dar seguridades de que el presupuesto de Educación no sería tocado. Todo este escarceo, pudo evitarse.

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