El concepto de minería responsable representa un modelo de gestión integral donde la extracción de recursos debe convivir armónicamente con la preservación del ecosistema y el desarrollo humano de las comunidades circundantes, quienes se constituyen en el motor interno de la empresa que proyecta la cirugía a corto, mediano y largo plazo que se le hace a la tierra.

Esta visión exige que las empresas implementen programas de responsabilidad social que transformen la vida de los ciudadanos mediante educación técnica y salud en lugar de simples donaciones cosméticas o superficiales, como suele ocurrir casi siempre, con las empresas extranjeras que manejan nuestros recursos minerales.

Visiblemente, esta catarsis de la minería irresponsable se manifiesta cuando el beneficio económico inmediato de los accionistas y el gobierno se impone sobre la remediación ambiental y la protección de las fuentes hídricas esenciales, donde al principio y, para garantizar sus ejecutorias, ofrecen de todo a las comunidades y al final de las operaciones las luces del desarrollo se quedan en carpetas.

En minería, la mitigación de daños no debe ser un plan de carpeta diseñado por las empresas extranjeras, más bien, debe ser una obligación supervisada por un Estado que garantice la recuperación total de la capa vegetal afectada y la mitigación ambiental desde antes de iniciar la operación y extracción de minerales.

Antecedentes de Falcondo

Si nos remontamos al pasado nos encontramos con el caso más visual de la historia minera nacional, donde la otrora empresa extractora de ferroníquel operó por más de 52 años efectivos en las lomas La Peguera y Ortega, dejando una cicatriz abierta de deforestación total que es visible desde la principal autopista del país, ante la mirada cómplice e indiferente de las autoridades de turno, quienes nunca priorizaron el bienestar de las provincias de Monseñor Nouel y La Vega, frente a la explotación indiscriminada de sus recursos naturales básicos.

Aunque la compañía se estableció formalmente en el país en el año 1955, fue a partir de 1971 cuando inició la explotación masiva que generó importantes ingresos fiscales, en consecuencia,  también dejó un legado marcado por el incumplimiento crónico del pago del 5% a los municipios afectados y una deuda ambiental acumulada que ningún gobierno ha tenido la voluntad política de cobrar, mediante programas de remediación adecuados para restaurar el equilibrio ecológico perdido en esas zonas estratégicas de las provincias impactadas por la deforestación.

Barrick Pueblo Viejo

La actual operación de Barrick Pueblo Viejo se asienta sobre los yacimientos de la antigua Rosario Dominicana que inició su historia minera estatal en 1975, procesando cantidades masivas de óxidos de oro y plata, los cuales hoy superan las 800,000 onzas anuales bajo una tecnología de oxidación en autoclave diseñada para extraer el mineral contenido en los sulfuros de mayor complejidad geológica y que anteriormente resultaban imposibles de aprovechar.

Como podrán recordar, esta empresa inició sus operaciones bajo una promesa de sostenibilidad que pronto se transformó en una pesadilla para las comunidades de Cotuí, debido a la expansión de presas de cola peligrosas que amenazan los ríos de la zona y los ecosistemas que dependen del suministro de agua pura para la agricultura regional en la provincia Sánchez Ramírez; sin embargo, hoy sus comunidades observan con gran preocupación cómo la industria extractiva avanza hacia áreas de alto riesgo para la vida humana y animal.

Vista esta situación, el temor al desplazamiento forzado de familias y la contaminación del río Yuna ha generado una crisis de confianza, donde la responsabilidad social se percibe como una herramienta de propaganda, más que como un beneficio tangible para los residentes que ven cómo sus tierras fértiles se sacrifican ante la expansión del depósito de relaves El Naranjo, cuestionado por expertos independientes debido a los riesgos extremos para la seguridad ciudadana en sus localidades.

El gobierno dominicano se muestra hoy incapaz de exigir auditorías ambientales rigurosas a la Barrick, debido a su dependencia extrema de los millonarios aportes que esta empresa realiza anualmente para sostener el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el presupuesto estatal que se alimenta de las exportaciones de oro, convirtiendo la supervisión técnica en una mera formalidad que ignora las denuncias de las comunidades que colindan con el megaproyecto minero.

El antes y el despues de Mina Cerro Maimón

Desde el inicio de sus operaciones en 2007, Mina Cerro Maimón, a través de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), marcó un hito histórico mediante programas modelo de Responsabilidad Social, con los que se priorizó la alfabetización y la formación técnica de hombres y mujeres, a través de alianzas estratégicas con instituciones de gran prestigio que permitieron elevar el nivel de vida en las comunidades de El Copey, Los Martínez y La Raíz de forma tangible y progresiva como un referente de gestión humanista.

Durante esa época dorada de CORMIDOM los beneficios netos eran invertidos directamente en el entorno, permitiendo que los residentes locales se convirtieran en proveedores directos de servicios alimenticios y técnicos para la empresa, impulsando así una microeconomía local robusta que transformó el entorno social y económico, sobre todo, en el municipio de Maimón, bajo una visión de vecindad responsable que hoy se recuerda como un ejemplo de lo que debe ser la verdadera integración comunitaria.

En esta oportunidad y para desgracia de las comunidades, hoy el presente de CORMIDOM, bajo su nueva administración, muestra a sus comunidades una faceta de tacañería institucional, donde los programas sociales fueron desmantelados y la infraestructura vial quedó en un absoluto abandono, provocando que la carretera El Copey-Los Martínez, parezca un mosquitero de tantos hoyos, mientras el ayuntamiento desvía los millones de pesos del 5% para fines particulares, dejando a sus habitantes en un ardiente hormiguero de indignación y olvido frente a la riqueza que sale de sus entrañas.

El suspenso del Proyecto Romero

La lucha comunitaria por la conservación del agua en la ciudad San Juan, es el valor de reclamos proyectado por un grupo que siente en carne propia por la preservación de los recursos naturales y su lucha en contra del Proyecto Minero Romero, sin dudas que hoy día se ha convertido en un muro de contención social donde toda una población empoderada decidió levantarse en favor del agua, sobre todo, de su vocación agrícola antes que permitir otra experiencia de explotación minera fallida en el país.

Aunque siempre hemos estado de acuerdo con la ejecución de una minería responsable y que responsa a las necesidades de las comunidades, mediante claros y específicos programas de mitigación ambiental y responsabilidad social – también es justo decir que la decisión del presidente Luis Abinader, de suspender la explotación del Proyecto Miero Romero, es un reconocimiento implícito de que el modelo minero actual carece de la licencia social necesaria para operar en zonas de alta vulnerabilidad hídrica donde el agua vale mucho más que cualquier tipo de mineral o interés empresarial.

Minería y oportunismo estatal

El Estado dominicano ha actuado históricamente con una gran desconsideración hacia las comunidades permitiendo acuerdos tras bastidores que sacrifican el patrimonio natural a cambio de un porcentaje de beneficios económicos que lamentablemente nunca llega a los sectores más necesitados, principalmente a las comunidades que se ven laceradas por la minería irresponsable.

Si es cierto que la minería aporta cerca del 2% al PIB, no es menos cierto que este crecimiento estadístico no se traduce en bienestar real para las familias que hoy conviven con el polvillo y la contaminación en sus propios entornos vitales, debido a la irresponsabilidad de los ejecutores de una minería que sólo llena de dinero sus bolsillos.

El futuro del sector minero dominicano depende estrictamente de la capacidad de los gobernantes para dejar de actuar como socios del capital extranjero y comenzar a fungir como guardianes del patrimonio natural exigiendo transparencia absoluta en el manejo del 5% y garantizando que cada gramo de mineral extraído deje una huella de progreso real y no una herida incurable en el corazón de nuestras montañas.

POR CARLOS FERNANDEZ

Lo que pasó en San Juan de la Maguana no fue un accidente. Fue una señal de alerta que el gobierno de Luis Abinader no debería tomarse a la ligera. Lo que comenzó como una demanda ambiental con años de historia se convirtió, en cuestión de días, en un enfrentamiento directo entre el Estado y su propia gente.

Los gases lacrimógenos cerca de la Presa de Sabaneta, lanzados contra manifestantes que defienden su agua, dicen mucho más de lo que cualquier comunicado oficial podría desmentir. Para un gobierno que ha construido su imagen sobre la base del diálogo y la cercanía ciudadana, esas imágenes duelen, y duelen políticamente.

Cuando un Estado responde con fuerza a agricultores y líderes religiosos que salen a la calle por algo tan elemental como el agua, el mensaje que llega a la gente no es el de orden público, sino el de imposición. En política, la percepción tiene un peso brutal, y permitir que San Juan se convierta en el símbolo de una represión innecesaria sería un error que costaría caro. No solo en términos de imagen, sino de gobernabilidad.

La empresa GoldQuest, por su parte, creyó que salir a explicar su proyecto en medio de la crisis era una buena idea. Hablar de minería subterránea y sin cianuro cuando la gente está en la calle con miedo al futuro de su río suena, en el mejor de los casos, a mal momento.

En el peor, a presión corporativa disfrazada de transparencia. Los Sanjuaneros no rechazaron los argumentos técnicos porque no los entiendan, los rechazaron porque desconfían, y esa desconfianza tiene raíces profundas que ningún folleto va a borrar.

La pregunta que alguien en el Palacio Nacional debería estar haciéndose hoy, es simple: ¿vale la pena? Un proyecto que no tiene aceptación social no es solo un problema ambiental, es una carga política permanente. San Juan no se opone a Romero por capricho.

Se opone porque esa provincia vive de la tierra, del agua y de la agricultura y sabe perfectamente lo que significa perder cualquiera de las tres. Seguir empujando estudios técnicos cuando el tejido social ya está fracturado no va a convencer a nadie; solo va a profundizar la herida.

A veces, en política, saber cuándo dar un paso atrás, es la decisión más inteligente. Pausar o dejar sin efecto el proyecto minero en Romero no sería una derrota. Sería una señal de que este gobierno escucha, y eso, en el contexto actual, vale mucho más que cualquier concesión minera.

Insistir en Romero, tiene un costo claro: distrae, desgasta y opaca otros logros que el gobierno podría estar comunicando. Si la apuesta real es el desarrollo del sur del país, el camino pasa por fortalecer la agricultura, invertir en infraestructura hídrica y proteger los recursos que esa región ya tiene. No por abrir una mina que la propia comunidad ha rechazado.

Aprovechamiento

Y mientras el gobierno navega esta tormenta, hay alguien que la está aprovechando muy bien. El senador Félix Bautista ha encontrado en esta crisis exactamente lo que necesitaba: un escenario donde pararse al frente, con micrófono en mano, y presentarse como el defensor del pueblo.

Al encabezar las marchas y oponerse al proyecto minero, Bautista logra algo valioso para él: cambiar la conversación. Sus cuestionamientos del pasado quedan en segundo plano mientras él aparece como el escudo de San Juan. Es política pura, y hay que reconocer que la está jugando bien.

Al final, lo que está en juego aquí no es solo una mina. Es el legado ambiental de este gobierno y la clase de señales que quiere mandar sobre quién manda realmente en la República Dominicana: si las comunidades o las empresas extranjeras.

El presidente tiene todavía la oportunidad de desarmar esta tensión, de devolver la calma a San Juan y de dejar claro que ninguna inversión vale más que el bienestar de su gente. El agua de Sabaneta no tiene precio. Y los sanjuaneros, con su determinación en las calles, ya se lo dijeron sin rodeos.

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