SAN CRISTOBAL.- Representantes legales de 17 de los afectados de la explosión, que el pasado 14 de agosto cobró la vida de 42 personas, anunciaron el sometimiento y demanda por daños y perjuicios patrimonial y civil contra el Estado.

Las dependencias sometidas son el Ayuntamiento Municipal y su alcalde José Bienvenido Montas; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  y a su  ministro Deligne Ascensión y a la empresa Consorcio RYLCO y Asociados.

El anuncio fue hecho, en rueda de prensa, por los abogados Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez.

Los letrados informaron que el sometimiento fue depositado a través del Tribunal Superior  Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la Republica, que según estos juristas,  establece que  el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal y más en este caso donde el control, guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia.

Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedencia.

Y es que, al cumplirse seis meses de aquella detonación, familiares de los fallecidos y afectados aun exigen una investigación más profunda para dar con toda la verdad de los hechos.

En medio del dolor, con pancartas en manos, decenas de familias siguen pidiendo justicia para tener un poco de consuelo.  Lamentaron que a seis meses de aquella trágica tarde 14 de agosto, todavía no se conozcan con certeza las causas de aquella explosión que acabó con las vidas de 42 personas y afectó a otras tantas.

De su lado, representantes de la Comisión de la Verdad reiteraron su llamado hacer una investigación responsable sobre los hechos ocurridos aquella trágica tarde.

Cabe resaltar que hasta el día de hoy, ni el Ministerio Público ni las demás autoridades han hecho las indagatorias que la Comisión de la Verdad de San Cristobal demanda en espera de toda la verdad de los hechos.

of-am

Santo Domingo, 13 feb (Prensa Latina) Al menos cuatro personas resultaron heridas después de que agentes de la Policía Nacional dominicana lanzara bombas lacrimógenas durante una manifestación organizada por exuniformados pensionados en demanda del pago de indemnización de retiro correspondiente a dos años.

El  enfrentamiento entre los agentes activos y los pensionados tuvo lugar en la concurrida avenida 27 de Febrero con Leopoldo Navarro.

Dos de los heridos presentan lesiones en los pies y reciben atención médica en los centros de salud Centro de Otorrinolaringología y en el hospital Darío Contreras.

El rotativo precisó que una representación de dos mil pensionados protestó este martes frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el pago de la indemnización correspondiente a los años 2022 y 2023 que, según explicaron, está retenida por el Ministerio de Hacienda a pesar de que el presidente Luis Abinader dispuso los fondos para el pago.

Además de los pensionados, también se unieron  a la movilización los desvinculados del Consejo Estatal de la Azúcar, quienes exigen el abono de sus prestaciones laborales.

De acuerdo con declaraciones de los participantes, las protestas tienen lugar cada martes y los cuatro heridos de balas son exoficiales desarmados.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como: “Yo no estoy pidiendo”, “Por favor, no roben más y devuélvanos nuestro dinero”, “Somos veteranos y no tenemos miedo”.

NOTARIOS

También este martes decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios marcharon hacia el edificio de la Procuraduría General de la República en reclamo de que ese organismo le entregue más de 113 millones de pesos que presuntamente le retienen «ilegal e injustificadamente».

Laura Sánchez Jiménez, presidenta del gremio, dijo que «reclamamos la aplicación de la ley 140-15, para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital».

La marcha de los profesionales del derecho partió desde la esquina la avenida Jiménez Moya esquin Correa y Cidrón, en el Centro de los Héroes, y concluyó en la sede de la Procuraduría.

Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría dejó de pagar al Colegio de Notarios 130 pesos por cada acto notarial.

Agregó que desde el 12 de agosto de 2015 la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio, lo que ha causado daños materiales y morales a sus afiliados.

Señaló que el organismo percibió casi tres mil millones de pesos por la aplicación del recibo notarial y debería  cobrar, conforme con la Ley 140-15 del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial, pero está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.

Advirtió que el gremio no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.

«Es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15 del Notariado», enfatizó.

sp-am

 

SANTO DOMINGO.- Decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios marcharon hacia el edificio de la Procuraduría General de la República en reclamo de que ese organismo  entregue a este gremio más de 113 millones de pesos que presuntamente le son retenidos «ilegal e injustificadamente».

Laura Sánchez Jiménez, presidenta del gremio, dijo que «reclamamos la aplicación de la ley 140-15, para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital».

La marcha de los profesionales del derecho partió desde la esquina la avenida Jiménez Moya esquin Correa y Cidrón, en el Centro de los Héroes, y concluyó en la sede de la Procuraduría.

Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría dejó de pagar al Colegio de Notarios 130 pesos por cada acto notarial.

Agregó que desde el 12 de agosto de 2015 la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio, lo que ha causado daños materiales y morales a sus afiliados.

Señaló que el organismo percibió casi tres mil millones de pesos por la aplicación del recibo notarial y debería  cobrar, conforme con la Ley 140-15 del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial, pero está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.

Advirtió que el gremio no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.

«Es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15 del Notariado», enfatizó.

sp-am

 

SANTO DOMINGO.- Un grupo de juristas, miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció ante la Junta Central Electoral (JCE) el desvío de RD$2,040 millones de bonos navideños ( ayuda destinada para personas de escasos recursos en Navidad) para comprar cédulas a favor de la reelección presidencial.

Miguel Surun Hernández, saliente presidente del CARD, aseguró que el Gobierno sólo entregó en la referida época bonos por 460 millones de pesos reservando 2,040 millones para las elecciones de febrero y mayo, extendiendo su vigencia hasta el mes de junio, todo en violación a la Ley Orgánica del Presupuesto, y de la propia Ley del Régimen Electoral.

“El artículo 210 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cédula se entregan a cambio del citado bono, el cual por venir al portador, es un instrumento de cooptación y manipulación”, manifestó.

Indicó que la Junta Central Electoral al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos, maxime cuando se trata de todo un plan para forzar la abstención financiera a la oposición, usando los bonos.

“Se trata de un plan de compra de votos y cédulas realizado desde la Presidencia, a través de gobernadores provinciales, presidentes provinciales, municipales y de bloques, lo cual constituye la destrucción de la democracia”, aseguró.

Dijo que esperan que el organismo de elecciones actúe en consecuencia, pues de lo contrario estaría institucionalizando la compra del voto, en detrimento de miles de dominicanos de escasos recursos.

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