POR CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ

El pasado día 1º de junio, mediante Resolución número 24-23, la Junta Central Electoral (JCE) otorgó «el reconocimiento a la organización política, Partido Esperanza Democrática (PED), por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley». Con esta decisión, esa organización se convierte en «sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones, y podrá realizar todos los actos jurídicos que fuesen necesarios o útiles para los fines propios.»

El reconocimiento se produce luego de que la JCE comprobara que «los principios y propósitos que sustentarán a dicha organización no entran en conflicto con la Constitución y las leyes y que los documentos presentados en la solicitud se ajustan en su esencia y forma a las prescripciones legales».

Es entendible que haya quienes muestren disgusto ante la decisión de la JCE. Demasiada la sangre vertida, demasiado el horror. Demasiado respeto por los héroes y mártires que, con la antorcha de la libertad en alto, transitaron por las fauces oscuras del espanto. Demasiado el dolor de los que aún viven, para que un nieto del tirano venga a revivir tantas heridas.

Pero esta es una cuestión que va más allá de un nieto del dictador. Es una cuestión que interpela el corazón mismo la democracia y del ordenamiento jurídico. Invito a verlo desde ese prisma.

Constitucionalidad ?

El alegato jurídico principal que se ha esgrimido para cuestionar la decisión de la Junta Central Electoral es el contenido de la Ley 5880, dada por el Consejo de Estado en fecha 3 de mayo de 1962. El artículo 1 de esta ley considera como «autor del delito contra la paz y la seguridad públicas», a «toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas.» Para tales hechos, prevé sanciones de «prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro» o «ambas penas a la vez.»

Iguales sanciones se prevén para «los que hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo por estar éste en pugna con el sistema democrático establecido por la Constitución de la República.»

No voy a analizar la constitucionalidad (a mi juicio muy dudosa) de la Ley 5880. Me limitaré a una breve valoración jurídica del asunto, a la luz de su contenido material. De ese contenido se deriva: I) el establecimiento de un tipo; II) que el tipo se configura cuando una persona (el autor) incurre en cualesquiera de las conductas informativas del ilícito y, III) que la materialización de esas conductas convierte al autor en pasible de las sanciones que el texto indica.

Se impone la siguiente pregunta: ¿Cómo encaja el conjunto de trámites tendentes al reconocimiento de un partido político, con el tipo establecido por la Ley 5880, y las sanciones que el mismo comporta? La respuesta es: de ninguna manera. Y la razón estriba en que la previsión legal en cuestión está orientada a sancionar actuaciones concretas perpetradas por personas, individuales o individualizables, que distan mucho de las finalidades constitucionales de los partidos políticos. La eventual desnaturalización de esas finalidades no se puede presumir. Debe ser evaluada a la luz del accionar de la organización, con posterioridad a su reconocimiento.

Más aún, la probabilidad de que algunos miembros del partido en cuestión puedan incurrir en actos reñidos con la ley o, incluso, el hecho de que su principal dirigente comulgue con ideas autoritarias o dictatoriales, no constituyen actos penalmente sancionables por nuestro sistema jurídico, regido por el «derecho penal del acto», en oposición al «derecho penal del autor.»

Lo anterior significa, entre otras cosas, que «el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo solo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto, o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos» (Carlos Gaviria Díaz. Sentencias: Herejías constitucionales, p. 28).

De lo anterior se deriva una imposibilidad jurídica para negar el reconocimiento a un partido político bajo la premisa de que su cabeza principal comulgue con ideas dictatoriales o autoritarias.

En una democracia, las ideas se discuten, se confrontan. Son la materia prima de la conversación pública. De una conversación pública en la que todos los participantes le asignan una pretensión de validez a su visión de las cosas que a todos nos importan. Su legitimidad no viene otorgada por el poder que confiere una determinada facultad para prohibir aquellas ideas con las que no comulgamos. Proviene de la autoridad que confiere «la coacción sin coacciones del mejor argumento» (Habermas).

Las ideas no se combaten prohibiendo aquellas que no profesamos. Esa es la práctica común de los autoritarismos en todas partes, y en todos los períodos de la historia política. La forma de combatir las ideas es oponiéndoles, en un debate abierto y sin censura, una visión alternativa cuya autoridad depende de la adhesión que la misma pueda concitar entre los ciudadanos.

Discutir hoy sobre democracia pasa, antes que por una confrontación con los fenómenos que amenazan sus cimientos -el nacional populismo, los autoritarismos de todo signo ideológico, o el trujillismo-, por un examen profundo sobre sus promesas incumplidas.

Pasa por reflexionar sobre una forma de gestión de la economía, la producción y la inversión, que contribuya a que los ciudadanos tengan «verdaderamente una voz a la hora de dar forma a las fuerzas que gobiernan sus vidas, tanto en el trabajo como en la política» (Michael J. Sandel). 

Pasa por el trabajo de tejer los lazos que otorguen cohesión a un tejido social resquebrajado por la exclusión y la marginalidad. Por buscar y encontrar la manera de devolver unos mínimos de confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Por avanzar en la construcción de una cultura de respeto a los derechos, y de convivencia pacífica y solidaria, entre otras cuestiones capitales.

Antes que cuestionar el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática, debemos cuestionarnos seriamente en qué hemos fallado como sociedad para que un nieto de Trujillo, constitucionalmente impedido de ser candidato a la presidencia, y aficionado al parecer a silenciar a periodistas críticos, marcara sobre dos dígitos en la intención de voto de algunas encuestas, en el contexto electoral de 2020.

Porque, hay que recordarlo, el señor Domínguez Trujillo está impedido de ser candidato a la presidencia mientras no de cumplimiento a las previsiones del artículo 20 constitucional. El mismo impone dos condiciones para optar por la presidencia o la vicepresidencia de la República a quienes «por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, «hayan adoptado otra nacionalidad: I) renunciar «a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección» y II) residir «en el país durante los diez años previos al cargo.»

Nuestro problema no es Ramfis, es la democracia y sus promesas incumplidas. Enfoquemos nuestro esfuerzo en lo que de verdad importa.

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Una revisión, ni siquiera minuciosa, nos conduce al ranking de las 10 ciudades más violentas y peligrosas del continente americano, entre las cuales no figura ninguna de la República Dominicana. 

Pero si creemos que la evaluación resulta muy reducida, podemos ampliarla hasta 50 ciudades para estar más seguros sobre un ranking que resulta tan importante a la hora de decidir visitar un lugar, y aún así no figura una sola ciudad de nuestro país.

Es probable que tampoco figuremos entre las 100 urbes más peligrosas del planeta, pero lo dejamos hasta aquí. 

Y es que toca la casualidad que entre esas 50 ciudades potencialmente peligrosas y de alto riesgo para un visitante, figuran unas 10 de los Estados Unidos, sin contar el hecho de que en cualquier lugar de ese país puede aparecer un desquiciado armado hasta los dientes que disponga de forma masiva de la vida, solo por deporte o pura maldad. 

Pero ese es otro cantar de los muchos que suenan en la gran nación del norte, donde por ilógico que parezca, resulta más difícil comprar en una farmacia una pastilla para la presión arterial que adquirir en una armería un fusil AR-15, una ametralladora M-16 o cualquier arma letal

Sin embargo, y muy a pesar de la realidad que señalamos, las autoridades estadounidenses se despachan frecuentemente con alertas para que sus ciudadanos tengan cuidado al visitar la República Dominicana “debido a la alta inseguridad”.

Dichas autoridades saben perfectamente que los niveles de inseguridad en la República Dominicana están muy lejos de ser un alto peligro para los turistas, pues los visitantes extranjeros se mueven en lugares donde la protección que ofrecen los organismos encargados es bastante efectiva.

Esto se evidencia en la escasa incidencia de ataques delictivos contra los visitantes extranjeros, pues si bien los delincuentes intentan penetrar los lugares donde se mueven nuestros huéspedes, se sabe que, además de la vigilancia de los organismos del Estado, también los establecimientos adoptan sus propias medidas de precaución.

Otra cosa que saben muy bien es que la economía dominicana tiene una dependencia importante del turismo, razón por la cual sus advertencias pudieran ser una puñalada a nuestros intereses.

Es decir, sus alertas son una agresión gratuita y perversa. ¡Con amigos así…!

nelsonencar10@gmail.com

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Las estadísticas representan cuadros fríos, impersonales, l.os cuales en política partidista únicamente sirven para ubicación inmediata y normas de trabajo a seguir.

Sin embargo, tiene que mover a reflexión y el dar un paso al frente para comenzar a trabajar, los cuadros estadísticos de que hay en la población de votantes un mayor número de personas entre los 35 y los 75 años, y que la juventud menor de 34 años está en minoría.

En el rejuego electoral si es importante que la mayor parte de la población está constituida por mujeres. No se trata solo de la cuota de género, sino que la mujer tiene la potestad de decidir el problema electoral.

La mujer en sentido general, es la que lleva sobre sus hombros el peso de la casa, y de ahí que cada ofrecimiento electoral que se haga debe tomar en cuenta sus necesidades, sus inquietudes y su visión a futuro.

La mayor parte de esas mujeres no militan en partidos políticos, y talvez no les importe, pero si son afectadas por el alto costo de la vida, la intranquilidad ciudadana y la falta de seguridad en las escuelas.

El alto costo de la vida será uno de los puntos básicos de las próximas elecciones. Desde ya hay que rebajar los precios de los artículos de primera necesidad. Pero esta es una expresión trillada, día a día suben los precios de los productos y las tarifas de los servicios.

Ahora se habla de aumentos en la libra de azúcar y reajustes en los precios de los pollos y los huevos. Esos vaivenes de la economía popular afectan a todos los dominicanos, pero a las mujeres muy en particular.

Para ganar las simpatías de las mujeres no sólo es importante el clientelismo y regalar la funda con alimentos, hay que acabar con la intranquilidad ciudadana, la cual en los barrios, hace a las madres doble víctimas; sus hijos son los pandilleros y los que resultan muertos en los intercambios de disparos, y ellas corren el riesgo de ser atracada desde que salen a las calles.

Hay una mayoría de mujeres sobre los hombres en lo que se refiere a eventuales votantes, pero esos cuadros estadísticos no son definitivos, porque de por medio está el fervor humano.

Hay que tomar en cuenta situaciones económicas, ´áreas de vida y perspectivas de atraso y mejoría. Vistas al día de hoy, las votaciones lucen complicadas, vamos a esperar.

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La Edad Media, ese larguísimo período de la humanidad que se prolongó por mil años, hizo contribuciones al proceso de la civilización mediante la creación de diversos sistemas legales que todavía influyen en el pensamiento jurídico universal.

Algunos consideran que esa etapa comenzó cuando cayó el Imperio romano y se mantuvo hasta que apareció el Renacimiento. Por eso es verosímil decir que el Derecho Romano sirvió en gran medida de base e influyó para el proceso de formación de muchas leyes fijas y disposiciones transitorias durante ese milenio.

Los textos legales que surgieron en Francia, España, Inglaterra, Alemania y otros países de Europa, en las diferentes escalas en que los historiadores dividieron la Edad Media, son vivos ejemplos de que durante esos siglos hubo importantes aportes en el tema que nos concierne.

Eso no significa que la creación y aplicación de normas y edictos no tuvieran muchos obstáculos en el origen, florecimiento, maduración y muerte del Medioevo.

Hubo miles de disputas entre reyes, grupos religiosos, burócratas del más alto nivel, señores feudales (que eran intransigentes especialmente en su llamado derecho de pernada), comerciantes y pensadores, muchos de estos últimos (guardando la distancia) que, como en el cuento La Mancha indeleble del escritor dominicano Juan Bosch, no permitieron que sus cabezas fueran colocadas en una extraña vitrina.

Tal vez pensando en ese irrepetible ciclo de la vida humana fue que mucho tiempo después un filósofo y teólogo católico (Blaise Pascal), nacido en la Edad Moderna, afirmó con la categoría de su sapiencia, que: “La justicia sin la fuerza es impotente, y la fuerza sin la justicia es tiránica”.

Las dificultades, logros y avances de las leyes en ese largo trayecto del proceso de civilización de la humanidad se comprueban en el extraordinario recorrido histórico-jurídico que hizo el académico británico Peter G. Stein, en su obra titulada Derecho Romano en la historia de Europa.

El carro que lleva en su interior las leyes, edictos, preceptos y normas siempre ha sido pesado y costoso. Por eso no se mueve con la facilidad deseada.

En la Edad Media muchos monarcas, al aplicar sus leyes, dejaban de lado la parte correspondiente a la sanción religiosa que reclamaban jerarcas de diversas creencias, y, además, desoían reclamos mundanos de otros grupos de poder como los indicados precedentemente.

Esa práctica, revestida de prepotencia, fue una de las fuentes generadoras de las principales confrontaciones de entonces.

Eran luchas feroces, con vertientes soterradas y también a cielo abierto, dependiendo de las circunstancias y de la correlación de fuerzas en cada ocasión.

Por la rudeza e intolerancia de los sectores enfrentados muchos pueblos de la Europa medieval decidieron aplicar en sus respectivas poblaciones sus propios sistemas legales, sin tomar en cuenta las imperfecciones que los mismos tuvieran.

Es necesario precisar que cada nación europea, de las más fuertes en la Edad Media, tenía su estilo particular para resolver las diferencias entre los diversos estamentos que las componían.

Para esa época la cúpula dirigente francesa fue, en varios tramos, muy astuta, puesto que buscó y logró parcialmente un acomodamiento entre su objetivo de centralización y los intereses que reclamaban los pueblos.

En otros lugares de la Europa de aquella era también partes en conflicto, apelando a lo que en derecho se conoce como el legalismo, ejercitaron la aplicación literal de las leyes, limpiando el camino de obstáculos.

Un ejemplo claro del esfuerzo que se puso en ejecución en puntos claves de la Europa medieval fue el denominado “espejo sajón”, cuyo objetivo era acomodar las costumbres propias del llamado derecho feudal con los intereses de las monarquías.

Esas controversias dejaron su sedimento positivo, como una especie de argamasa en el proceso de la civilización a través de las leyes.

Del aludido “espejo sajón” brotaron, como si fueran esporas en una llanura húmeda, grupos organizados de ciudadanos diestros que buscaban armonizar textos legales con la usanza de los pueblos.

Esa fue una labor minuciosa y profunda, que tardó siglos para que tomara cuerpo. Dicho proceso incluso obligó a muchos funcionarios a instruirse en los asuntos legales para poder realizar su trabajo con eficiencia.

En Inglaterra el rey Enrique I, en plena Edad Medía, ordenó una importante recopilación de leyes y de normas. Ese proyecto cuajó más que por su poder en sí, por su esmerada formación, su carácter y su sentido de la eficacia.

Enrique I, que tenía un gran dominio de la condición humana y los tejemanejes de la política, le colocó un elocuente epígrafe a esa monumental colección  para que todo el mundo entendiera sus intenciones: “el pacto se impone sobre la ley y el amor sobre el juicio”.

Ese compendio de leyes, edictos y jurisprudencias contenía casi todo lo necesario para el desenvolvimiento armónico de los pueblos bajo su monarquía.

Mucho tiempo después (1983) el afamado medievalista británico Michael Thomas Clanchy,  en su libro titulado Ley y amor en la Edad Media, que es una valiosa radiografía de aquella etapa de la humanidad, divulgó al mundo, con sus sopesados comentarios, ese hito editorial de un soberano que llegó al trono de manera accidental.

Enrique II, a su vez, creó jueces itinerantes que se desplazaron por toda la geografía de Gran Bretaña a impartir justicia sobre propiedades, sucesiones y una gama de otras controversias.

Esa modalidad logró, entre muchas otras cosas, que disminuyeran grandemente las venganzas personales, que habían adquirido una suerte de carta de naturaleza en esa parte del mundo. Se impone reiterar que esos jueces móviles también lograron ponerles término a miles de disputas.

 Fueron esos magistrados los que le dieron forma a lo que se conoce como el  “common law”, o ley común, sistema legal en el cual priman las decisiones de los tribunales.

Ese fue el comienzo en firme de lo que hasta entonces eran amagos de introducir en  Gran Bretaña lo que se conoce como “la ley no escrita”.

Es importante decir que los dichos jueces itinerantes no aniquilaron a los tribunales locales que existían como una antiquísima tradición de los anglosajones que llegaron en oleadas, en son de conquista, durante los siglos V y VI a Gran Bretaña, una importante isla situada en el océano Atlántico Norte.

Vale decir que los sheriffs de Enrique II les dieron paso a jueces de paz para conocer una gran cantidad de casos, entre ellos actos de felonía,  infracciones de cazadores furtivos, etc.

En lo que se refiere a España, en esa época larga y llena de espinas y guijarros que fue la Edad Media, hay que mencionar como un aporte sustancial al proceso de civilización un formidable cuerpo normativo llamado Las Siete Partidas, creado para desechar la confusión generada por preceptos legales que colidían en sus objetivos y con normas que no se ajustaban a las leyes que tenían que regular.

Fue tal vez el más elevado aporte que en materia jurídica se hizo en la Edad Media en favor del proceso de la civilización. Al menos ese ambicioso resumen de leyes titulado Las Siete Partidas se ha considerado como una de las mayores contribuciones del Derecho Español al sistema legal universal.

Ese texto serial y aglutinador tuvo como su máximo inspirador al rey Alfonso X, un ilustre toledano a quien también se le conocía como el Sabio. Sus proyecciones como monarca sobrepasaron su reinado.

Alfonso el Sabio tiene un lugar destacado en la historia del Derecho y también en el proceso de la civilización.

Su citada obra cumbre contenía no sólo elementos jurídicos per se, sino también asuntos de filosofía, de teología y de moral.

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