SANTO DOMINGO.- La comunidad haitiana en República Dominicana denunció este miércoles «la intensificación de las violaciones graves de derechos humanos» en operativos migratorios «ilegales de detención y expulsión masiva» por parte de las autoridades dominicanas desde el cierre fronterizo hace casi un mes.

Por disposición del presidente Luis Abinader, el 15 de septiembre pasado quedó bloqueada la totalidad de la frontera entre los dos países, una de las medidas adoptadas en represalia a la construcción de un canal de riego en el lado haitiano del fronterizo río Masacre, que recibe el nombre de río Dajabón del lado dominicano.

Desde entonces, según señaló el colectivo en un comunicado, han arreciado las expulsiones forzosas de personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida, derivadas del «el modus operandi de perfilamiento racial» de las autoridades dominicanas.

«Esta semana el gobierno dominicano hizo un anuncio en falso de que reabrirá la frontera y luego anunció el endurecimiento de las medidas», excepto por la aplicación de corredores comerciales para la exportación de productos esenciales, bajo estrictas medidas de seguridad, y se mantiene indefinidamente el cierre de la frontera con fines migratorios y la no emisión de visas.

Efectivamente, este miércoles se abrió la frontera con fines comerciales en los diferentes pasos, pero en Dajabón (norte) se produjo con retraso sobre la hora prevista, las 8.00 de la mañana, a causa de un incendio en las instalaciones del mercado binacional, cuyas causas se investigan.

El incendio, apuntó el colectivo, estuvo antecedido «por amenazas públicas de grupos de ultraderecha» que afirmaron «que no permitirían la reapertura de la frontera a nivel comercial».

La organización reiteró su rechazo «al discurso de odio del gobierno dominicano que presenta a los trabajadores migrantes haitianos como una carga para el Estado”, una «mentira repetida hasta la saciedad» y usada «para justificar la violencia racista contra los inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana».

Esto, a pesar de que «la fuerza de trabajo inmigrante aporta entre el 7 y el 9,5 % del PIB dominicano» y aportan a las arcas del Estado tributos directos e indirectos, señaló el colectivo, que reclamó «todos los derechos laborales reconocidos internacionalmente y en las leyes dominicanas», así como «canales abiertos para la regularización migratoria».

«Intentar capitalizar electoralmente los prejuicios raciales de un sector de la población con medidas de persecución y discursos de odio es una apuesta arriesgada y éticamente condenable», señaló el colectivo en referencia a las medidas, tomadas en víspera de año electoral.

Los haitianos insistieron en su petición de «cese de deportaciones masivas, sumarias y colectivas, incluyendo las detenciones arbitrarias en base al perfilamiento racial y los allanamientos sin orden judicial de viviendas», así como el fin del discurso de odio hacia los haitianos.

También abogan por la regularización migratoria ordinaria o extraordinaria sin discriminación por nacionalidad o racial y la apertura de la frontera a todos los niveles, y que se retome la concesión y renovación de documentos migratorios, sin discriminación.

SANTO DOMINGO.- El embajador de la República Dominicana en Haití, Faruk Miguel, informó que la cancillería del vecino país le notificó que la construcción del canal que pretende desviar las aguas del rio Dajabón o Masacre no es  un proyecto gubernamental sino una obra particular del ex primer ministro interino, Claude Joseph, y de grandes productores haitianos encabezados por el señor Joseph.

Afirmó que  desde que se enteraron de la continuación del referido canal, cuya construcción se inició en 2016, las autoridades diplomáticas dominicanas se opusieron tajantemente, situación que provocó una reunión de la Comisión Mixta Bilateral en la que participaron los embajadores ambos países y en donde República Dominicana solicitó la documentación y planos de la obra, para confirmar que la misma no afectaría el cauce del río.

“En esa reunión  quedó establecido que no podía ser un canal que desviara el río. Por eso, en el documento que sale de esa reunión, que no es un acuerdo, es un documento que sale como resultado de lo tratado en la reunión, una minuta; ahí se establece que no es un canal que desvía el río”, explicó Miguel al participar en el conversatorio “Crisis dominico-haitiana: origen y evolución” que auspiciaron el Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP) y la Red Nacional de Noticias (RNN), canal 27.

En este conversatorio participó también el dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo.  El moderador fue el doctor Eliades Acosta, director ejecutivo del CIPP.

CANCILLER EXIGIÓ DETENCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA

Añadió que, al no recibir los planos y la documentación de la obra,  el 6 de junio del 2021 el canciller dominicano Roberto Álvarez  remitió una comunicación a la cancillería haitiana, solicitando  el cumplimiento de lo acordado y la detención inmediata de la obra, produciéndose al día siguiente el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

Dijo que los constructores del canal buscan subir metro y medio cúbico de agua por segundo, cuando el cauce del acuífero sólo tiene tres metros en tiempo de lluvias y uno en tiempo de sequía.  El gobierno dominicano está opuesto a dicha obra, porque socavaría el río binacional, enfatizó

“Nosotros no nos negamos como gobierno a que los campesinos de un lado y de otro y los productores de un lado y de otro utilicen las aguas para sus necesidades domésticas y para la agricultura, porque para eso son los ríos, pero desviar el cauce, llevarse el agua para un lado y dejar la parte de abajo sin agua,  afecta no solo a los productores, sino el medio ambiente”, enfatizó. 

El Embajador destacó que hay necesidad indiscutible de diálogo diplomático para resolver esa crisis, pero la carente institucionalidad que impera en Haití no permite que se creen las condiciones para lograrlo.

PROVOCACIÓN PARA CREAR CONFLICTOS

De su lado, Pelegrín Castillo, ex ministro de Energía y Minas, dijo que el interés de hacer el canal para desviar agua del río Dajabón o Masacre es una provocación para crear conflictos con República Dominicana.

Catalogó como oportunas y acertadas el cambio de doctrina de política exterior, la construcción del muro y el llamado de unidad nacional asumido por el Estado dominicano, a los fines de consolidar a la Republica Dominicana frente al tema haitiano. 

sp-am

MIAMI.- El exsenador haitiano Joseph Joel John se declaró culpable en el tribunal de Miami de participar junto a otras personas en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse,  el 7 de julio del 2021, según documentos judiciales.

John, de 52 años, admitió haber proporcionado vehículos y otros recursos para el magnicidio así como haberse reunido varias veces con los demás conspiradores tanto en Haití como en el sur del estado de Florida, según el acuerdo de culpabilidad que firmó con la Fiscalía estadounidense.

John es la tercera persona inculpada en Estados Unidos por la muerte de Moïse. El país norteamericano tiene jurisdicción sobre este caso porque el plan para asesinato se organizó en parte en Florida.

OTROS ACUSADOS

Los demás acusados hasta la fecha son Rodolphe Jaar, un empresario haitiano-chileno, y Germán Rivera, un oficial retirado del ejército colombiano, quienes también se declararon culpables de participar en el magnicidio.

Jaar fue condenado en junio a cadena perpetua, mientras que Rivera espera su sentencia a finales de este mes.

EL MAGNICIDIO

El 7 de julio de 2021, un comando armado de unos 20 colombianos asesinó a tiros al presidente haitiano, de 53 años, en su residencia privada en Puerto Príncipe, la capital de Haití, sin que intervinieran sus guardaespaldas.

Según la Fiscalía estadounidense, dos directivos de una empresa de seguridad de Miami idearon un plan para secuestrar a Moïse y sustituirlo por Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense que quería convertirse en el presidente del país caribeño.

Su idea inicial era secuestrar a Moïse, pero al no conseguirlo, los conspiradores decidieron asesinar al mandatario.

EL PROPÓSITO ERA FIRMAR CONTRATOS LUCRATIVOS

El objetivo de esos instigadores -el venezolano Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel Ortiz- era firmar contratos lucrativos para construir infraestructuras y proveer fuerzas de seguridad a un futuro gobierno liderado por Sanon, también inculpado en Estados Unidos.

Haití se encuentra sumido en el caos desde el asesinato de Moïse. Las bandas controlan alrededor del 80 % de la capital haitiana, y los delitos violentos, como los secuestros para pedir rescate y los robos a mano armada se disparan en la empobrecida nación caribeña.

SP-AM