La Constitución de los EEUU diseña un modelo de Estado social y democraìtico de derecho, que propugna como valores superiores la libertad y el pluralismo político.

Un modelo democrático no solo basado en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. En ese aspecto, los grupos de intereìs desempenÞan un papel importante y legiìtimo en dicho proceso.

Es considerado como un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones y de forma muy especial a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de comunicar sus ideas e intereses, recabar informacioìn, defender su situacioìn o instar a cambiar la legislacioìn que les afecta.

El lobby es una actividad profesional que se centra en la defensa de esos intereses legiìtimos que adornan a los diferentes representantes de la sociedad civil ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas.

Trata de que la posición e intereses de algunas organizaciones (públicas o privadas) formen parte del debate y sean tenidos en cuenta y conseguir que las decisiones provenientes del Estado no perjudiquen los intereses de la organización o colectivo.

Pero en realidad, ¿qué es un lobby? Una definición neutra sería la de un grupo de personas que en nombre de una serie de intereses, interactúan con el poder para dar su punto de vista e influenciar en las tomas de decisiones de los funcionarios públicos, especialmente los legisladores.

La idea original de estos grupos de presión surgió alrededor del Gobierno Federal de los Estados Unidos y, hoy en día, es el lugar donde su presencia es más numerosa e importante, realizando su actuación tanto frente a los funcionarios del gobierno como ante las cámaras legislativas.

De hecho la palabra lobby, que en español significa vestíbulo, se aplica a estos grupos de presión porque, durante la Guerra de Secesión estadounidense, el General Grant estuvo instalado, después del incendio de la Casa Blanca, en el lobby de un hotel, que pronto se llenó de cabilderos que defendían intereses de distintos grupos.

Por mucho tiempo en los EEUU no hubo una regulación de los lobistas. Hacia finales del año 1880, el Congreso estaba irritado con la cantidad de lobistas, por lo que decidieron controlarlo y exigieron una inscripción, la cual no tuvo éxito dado que no todos acataron la norma de registro.

A principios de 1900, hubo un gran movimiento en los Estados Unidos, en donde existía mucha presión para tratar de hacer una regulación del lobby, pero no fue sino hasta el año 1938 cuando finalmente se sancionó la ley de regulación de las actividades lobistas.

Pero en verdad, más que por las inquietudes internas, la referida ley fue aprobada por inquietudes e intereses de los lobistas internacionales que mantenían cierta influencia en los Estados Unidos.

Con el transcurrir del tiempo, se dieron dos decisiones en la Corte Suprema en 1952 donde se estableció que la ley no era aplicable porque no se definían los términos de manera clara.

Finalmente, con el crecimiento sustancial del lobby en los Estados Unidos, apareció su última, y actual, regulación en 1995. El presidente Clinton sancionó la ley de regulación del lobby, la cual consta de dos etapas: el registro y la divulgación de información.

Aunque la existencia de los lobbies no es ilegal en los EEUU, sí podría llegar a ser ilegal si los mismos sustentaran su accionar en la extorsión, el  chantaje o el soborno a funcionarios públicos.

Generalmente se tiene una imagen muy negativa de los lobbies pero esto no tiene por que ser siempre así.Por un lado también existen con fines altruistas (como la defensa del medio ambiente o de intereses culturales); y, por otro lado, que empresas de determinado sector se unan para defender sus intereses legítimos.

Los medios económicos y políticos de que disponen este tipo de organizaciones en los EEUU son impresionantes y su influencia es enorme.

En los últimos años se han hecho avances en su regulación, lo que para muchos autores implica contribuir a su transparencia y normalización.

La actividad de los grupos de presión tiene un vasto historial en Estados Unidos, donde su práctica ha sido entendida como una colaboración necesaria entre la sociedad y los poderes públicos para el ejercicio eficaz de la política.

Se atribuye al presidente Kennedy la frase: “Los cabilderos me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días”.

Aunque es cierto que han aparecido a lo largo de los años varios escándalos que se asociaron al cabildeo de los lobbies, su regulación permite establecer ciertas garantías a la hora de interceptar las malas prácticas.

Hoy en día se habla cada vez más del poder en ciertos grupos de influencia en el gobierno. Incluso se utiliza ya el término lobbycracia para referirse a la influencia que ejercen los conglomerados y grupos de interés en la política de centros de decisión en Washington.

El cabildeo es una actividad de la esfera pública cuya práctica es cada vez más recurrente en las democracias modernas, pues se reconoce a la acción de cabildeo como una forma profesional de ejercer la libre participación política para incidir en el proceso de toma de decisiones de los actores e instituciones políticas de un país, sin cometer tráfico de influencias.

Ojala en nuestro país vayamos tomando conciencia sobre la necesidad de que en algún momento nos sentemos a debatir sobre la pertinencia o no de una ley que instituya y regule el accionar del lobismo o cabildeo en República Dominicana, como forma de poder contribuir a la transparencia y  al fortalecimiento de nuestra democracia.

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Por ROBERTO VERAS  

En una reciente participación en el programa, “Con Punto y Coma” me encontré con una revelación sorprendente por parte de Juan Cruz Triffolio, reconocido productor, comunicador y sociólogo.

En un tono despreocupado, confesó que no conocía a la gobernadora de la provincia de Santo Domingo y, aún más intrigante, desconocía la ubicación de su oficina. Esta declaración, por sí sola, arroja luz sobre la falta de conexión entre los ciudadanos y sus representantes gubernamentales locales.

Tomé la iniciativa de recordar a la audiencia que las oficinas de la gobernadora, Altagracia Julia Drullard De Jiménez, se encuentran en la Avenida Coronel Fernández Domínguez. Sin embargo, con una pizca de ironía, añadí que llegar a ellas implica atravesar primero una compraventa donde se exhiben electrodomésticos como neveras y estufas. Una descripción simbólica de los obstáculos y distracciones que los ciudadanos enfrentan antes de llegar a la esfera gubernamental.

La pregunta que surge naturalmente es: ¿realmente conocemos la labor de un gobernador? Julia Drullard, según fuentes, parece tener una simpatía mayúscula a los periodistas y los micrófonos. La realidad es que muchos ciudadanos desconocen las funciones y responsabilidades de un gobernador.

No es solo Juan Cruz Triffolio quien admite su ignorancia, sino que este caso ejemplifica una brecha más amplia entre la sociedad y sus líderes locales. ¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones si no comprenden quiénes son sus representantes y qué hacen?

Es imperativo que tanto los líderes gubernamentales como los ciudadanos se esfuercen por construir puentes de comunicación. La gobernadora Julia Drullard, a pesar de su supuesta aversión a los medios, debería considerar la importancia de la transparencia y la apertura en su gestión. Los ciudadanos, por otro lado, deben asumir la responsabilidad de informarse sobre el trabajo de sus representantes y exigir la rendición de cuentas.

En última instancia, este episodio en el programa revela una oportunidad para un diálogo más profundo sobre la participación ciudadana y la transparencia en el gobierno local. La ignorancia no puede ser excusa en una democracia informada, y es deber de todos trabajar hacia un sistema donde la comunicación fluya sin obstáculos entre los ciudadanos y sus líderes.

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Mientras la fiscalía de Bonao, el Alcalde de Sabana del Puerto, Juan Romero, el Director Provincial de Medio Ambiente, Ing. Franklin Bautista, la gobernadora de la provincia, Adela Tejada, entre otros funcionarios gubernamentales, buscaban una salida negociable a los problemas existentes en los centros de diversión que tienen al garete el ecoturismo en la comunidad de Fula, comerciantes oportunistas que además de contaminar las aguas tampoco pagan impuestos, defendían a regañadientes sus atrocidades en contra de los recursos naturales.

Juanito Romero, alcalde del Distrito Municipal de Sabana del Puerto, sorpresivamente defendió a regañadientes la debacle subjetiva de los recursos acuíferos que lloran inmisericordemente cada vez que son víctimas del torpedeo humano. “El representante de la comunidad” se pronunció como un León Feroz en favor de la contaminación, convirtiéndose en el asesino intelectual de la flora y la fauna, además de asesor de los comerciantes irresponsables que sin menoscabo socaban constantemente, sin control y en violación a la Ley el caudal del río Fula.

Los alcaldes de Monseñor Nouel deben ser más responsables. Se supone que somos 5ta. Provincia Ecoturística, ubicada en el centro de la República Dominicana, donde todo el que pasa por nuestro entorno se entera del desastre que se está cometiendo contra flora y fauna.

No hay controles, los comerciantes de Fula se manejan bajo la sombrilla de la ilegalidad, por tanto, los síndicos que también apoyan sus desafueros al igual que el Ministerio de Medio Ambiente, deben de asumir sus responsabilidades con drasticidad y sin favoritismo. Somos una provincia ecoturística, en tal sentido:

1. No se debe permitir que los comerciantes sigan utilizando las porciones laterales de los 12 metros de terrenos que deben dejarse libres a orillas de los ríos, tal como lo establece la Ley de 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Los alcaldes, junto a Medioambiente, la Fiscalía, la Gobernación y los organismos de socorro de la provincia, deben crear normas, donde se establezca el buen uso de los ríos y a los comerciantes que no se sometan a cumplirlas deben cerrarle su negocio o en su defecto meterlo preso. Ningún comerciante está por encima de las leyes.

3. Como provincia ecoturística, los alcaldes están en el deber de cobrar los impuestos correspondientes a los propietarios de los negocios, por tanto, sería preciso empezar a monetizar las entradas a los balnearios que pertenecen a los municipios, distritos, secciones y parajes.

4. Las vías que comunican a esas comunidades deben ser convertidas en Corredores Ecoturísticos y esa responsabilidad corresponde al Consejo Ecoturístico de la Provincia, el cual alberga decenas de millones de pesos y no ha invertido un sólo centavo. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo han invertido?

5. Salvaguardar la integridad y la protección de los afluentes, debe ser el papel a jugar por las autoridades de Bonao.

6. Hay que poner las reglas claras para sacarles beneficios a nuestros recursos naturales por encima de los oportunistas, por tanto, los alcaldes, deben empezar a construir pequeños peajes en las entradas a los destinos ecoturístico de la provincia e invertir esos recursos en el embellecimiento natural de sus entornos sin caer en el delirio de robarse dichas recaudaciones.

6. El Consejo Ecoturístico y las autoridades deben prohibir la preparación de alimentos en las inmediaciones de los ríos, no así, tener la desfachatez de estar fabricando fogones para que los bañistas cocinen, contribuyendo de esta manera a la depredación de sus entornos.

7. Debe prohibirse sin reparos, que se coloquen sillas y mesas dentro de los ríos. El comerciante que incurra en esta violación a la ley ambiental debe ser sancionado.

8. Debe prohibirse la entrada de armas de fuego a los balnearios y negocios ecoturísticos de la provincia, eso es lo que ha provocado numerosas muertes de ciudadanos y ciudadanas que van a divertirse a los balnearios.

9. Los alcaldes de la provincia deben crear la Policía Medioambiental en cada municipio para que mantengan el control y la seguridad de la gente en compañía de la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja.

El Consejo Ecoturístico de Monseñor Nouel y las autoridades municipales, no saben el potencial económico y recaudador que tiene en su poder, ¿por qué no lo saben? Quizás porque no les interesa saberlo para no asumir responsabilidades. Esa es la razón por la que ese consejo no ha aprovechado ni siquiera un 25% del potencial ecoturístico que tenemos en la provincia.

Todos los países del mundo aprovechan sus recursos naturales, con el ecoturismo fortalecen su economía y, con ello, agregan valor para combatir el desempleo. No es verdad que Monseñor Nouel se conoce a nivel nacional e internacional por el desastre llamado turismo en la comunidad de Fula, como quiso alegar, con el apoyo de Juanito Romero, uno de los comerciantes irresponsables que opera allí contra la ley.

El ecoturismo en Monseñor Nouel es el activo más importante para reducir el desempleo en los municipios, fortalecer y activar la economía de la provincia y eso va a depender de las responsabilidades que asuman las autoridades municipales y provinciales.

Monseñor Nouel es una provincia desorganizada, subdesarrollada y victimizada durante años por políticos oportunistas e irresponsables que sólo se esfuerzan por defender sus intereses personales. Es tiempo de ponerle el cascabel al gato.

jpm-am