La evidente complicidad de China con el régimen de Moscú ante el conflicto bélico ruso ucraniano, agravado tras la criminal agresión colonialista incrementada tras la masiva invasión militar del ejército ruso, ordenada por Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022, condena al fracaso el cacareado y desacreditado, por su opacidad, «Plan de Paz Chino»

 Desde el inicio de la irracional incursión rusa al territorio soberano de Ucrania, con el fin declarado de derrocar el gobierno legítimo del ejemplar y heroico presidente Volodimir Zelensky, para anexar esa nación al inmenso territorio ruso; el dirigente chino, Xi Jinping, no ha mostrado transparencia en su posición ante dicho conflicto.

 Y es que las afinidades entre los dictadores de ambas potencias totalitarias, los hace cómplices, por lo que no garantiza imparcialidad ninguna al sospechoso Plan de Paz Chino. A eso se une la imprecisa y confusa retórica ambivalente de China sobre la guerra imperialista de su socio autoritario con ínfulas de nuevo zar.

 Llamar a un cese al fuego y a una «solución política», es pretender que haya concesiones de parte de Ucrania, cediendo parte de su territorio a los invasores, con el supuesto fin de ganar la Paz, lo que sería un triunfo para Rusia, que precisamente es lo que quiere, para quedarse con lo ya robado. Esto, lo que en realidad haría, es dejar intacto el conflicto, pues la anexión de territorios para ganar una paz temporal, significa una bomba de tiempo permanente, al dejar encendida la mecha de la discordia.

 Es un descaro vergonzoso el mostrado por el régimen chino al presentar un supuesto plan de paz, cuando es evidente el alto grado de complicidad entre esos dos regímenes totalitarios, con ínfulas imperiales.

 Occidente, la OTAN y Ucrania, deben rechazar de plano ese mamotreto llamado falsamente acuerdo de paz, que no es más que un acto burlón y cínico, que muestra el carácter altamente hipócrita del régimen chino, y es contrario a los intereses del pueblo ucraniano y en extensión, de Europa, Estados Unidos y todo el mundo occidental, pues sólo favorece los planes imperiales y colonialistas de nuevo cuño del déspota malvado, Vladimir Putin.

 En mi opinión, no se puede creer en un árbitro que evidentemente está comprometido con una de las partes en conflicto, por lo tanto, hay que descartar por turbio, falso e inútil, el mal intencionado «Plan de Paz Chino».

JPM

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desglosa  los crímenes  que estarán  dentro de la competencia  de la Corte, genocidio, crímenes de lesa humanidad,  crímenes de guerra y el crimen de agresión.

El artículo 6 determina que el crimen de genocidio  será definido, para efectos del Estatuto, de la misma manera  en que actualmente se define en el artículo 2 de la Convención  sobre Genocidio de 1948.

Tanto los crímenes de  lesa humanidad , como ¨los crímenes de guerra , han sido cuidadosamente definidos en el Estatuto  para que se puedan  incorporar los distintos conceptos de diversos tratados  y fuentes consuetudinarias,  acordados  por 120 Estados en la Conferencia de Roma  como  ¨los crímenes más graves de trascendencia  para la comunidad internacional en su conjunto¨ , articulo 5 del Estatuto de Roma.

La Corte Penal Internacional  será  competente sobre todos los crímenes una vez que el Estatuto entre en vigor, excepto sobre el crimen de agresión. Los artículos 5, 121 y 123 integralmente  prevén que la Corte ejercerá competencia  sobre el crimen de agresión una vez que se apruebe una definición conforme, aceptada por dos tercios de los Estados Partes  de la CPI  en una Conferencia de Revisión que se llevará a cabo siete años después de la entrada en vigor  del Estatuto. La disposición sobre el crimen de agresión también deberá regular las condiciones  bajo las cuales la Corte ejercerá su competencia  sobre este crimen de conformidad  con la Carta de las Naciones  Unidas.

Respecto  al crimen de agresión  de referencia anteriormente debemos señalar  que en la Conferencia  de Revisión  de Kampala celebrada en el año 2010 se adoptaron disposiciones que permitirán a la Corte ejercer su competencia sobre el crimen de agresión, comprometiéndose  expresamente a  activar dicha competencia  ¨lo antes posible¨.

Este logro ha sido aclamado  como un hito histórico, tanto en el derecho internacional  como en  la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Por primera vez en la historia, una corte internacional permanente e independiente tendrá la competencia para declarar a dirigentes nacionales como responsables de las formas más graves de uso ilegal de la fuerza contra otros Estados.

Los preceptos procesales del Estatuto de Roma han sido redactados creando  un balance óptimo entre las siguientes prioridades: La  necesidad de una corte internacional, independiente  apolítica  y representativa, que pueda  funcionar eficiente y efectivamente para enjuiciar a aquellos responsables  por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

Otras  prioridades  interesantes del Estatuto de Roma  es el derecho  de los Estados de enjuiciar de manera prioritaria  estos crímenes, si pueden y están dispuestos. También pueden brindar adecuada compensación y reparación a las víctimas de estos crímenes.

Otras  prioridades  a destacar  es la  que tiene que ver con la necesidad  de proteger los derechos de las personas acusadas; y el papel del  Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional , de acuerdo a sus potestades según el Capítulo VII de la  Carta de las Naciones Unidas. Estas consideraciones  están todas reflejadas en las funciones y potestades de la Corte Penal Internacional y su relación con otras unidades, de acuerdo al Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

jpm-am

La condición de alcalde se puede perder con mucha más facilidad que los demás cargos de elección popular, aunque, en contraste con esto, para su ocupación se exige el cumplimiento de un gran número de requisitos, inelegibilidades e incompatibilidades.  

 En ese sentido, de conformidad con el artículo 37 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, para ser alcalde, vicealcalde y regidor se requiere, además de los requisitos de ciudadanía y edad, el de estar domiciliado en el municipio de que se trate.  

De su lado, en virtud del artículo 38, las causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo de alcalde son las relativas a la suspensión de los derechos de ciudadanía, conforme lo dispone la Constitución, así como las condenas de privación de derechos, dispuestas por el Código Penal, y los condenados por sentencia con autoridad de cosa juzgada a pena privativa de libertad.  

Por otra parte, las causas que dan lugar a la pérdida de la condición de alcalde, contempladas en el artículo 43, son las siguientes: a) Decisión judicial con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada; b) Nulidad de elección; c) Fallecimiento o incapacitación declarada judicialmente; d) Extinción del mandato; e) Renuncia; Incumplimiento de sus funciones por un período de tres meses; y, g) Por incompatibilidad en las condiciones establecidas en la ley.  

Antes de la perdida de la condición de alcalde, el legislador dispuso su suspensión, en los siguientes casos: 1) Cuando se dicten en su contra medidas de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad; y, 2) Cuando se inicie un juicio de fondo en el que se le impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.    

Tanto la suspensión como la reincorporación del procesado es competencia del concejo municipal.  

Para tener una mejor comprensión de la fragilidad de los alcaldes, vicealcaldes y regidores, se debe repasar el artículo 83 de la Constitución de la República, el cual contempla como la primera atribución de la Cámara de Diputados, la de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por el voto popular por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Esta acusación debe contar con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula, pero cuando se traté del presidente se requerirá el voto de las tres cuartas partes.  

Como se puede apreciar, para la celebración de un juicio político contra el presidente de la República o los legisladores, que es la única manera de destituirlos, se requerirá siempre de una mayoría calificada, en el caso del presidente casi inalcanzable. Por el contrario, los alcaldes, vicealcaldes y regidores pueden ser suspendido, sin dificultad, por el Concejo de Regidores, en los casos antes señalados.    

El ejemplo más reciente de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que, a pesar de ser correccional, provocó la sustitución definitiva de un alcalde, fue el de Juan Antonio Adames Bautista (Tony con el Pueblo), del municipio de La Romana, quien actualmente está cumpliendo condena por haber violado las disposiciones de los artículos 211 del Código de Trabajo, 2 y 3 de la Ley 3143 y 411 del Código Penal, que tipifican el delito de trabajo realizado y no pagado. 

 Por tanto, es importante que los alcaldes estén conscientes de lo fácil que se puede perder el principal cargo del municipio.   

jpm-am

El Ministerio Publico continúa navegando en aguas turbulentas, ahora trata de pescar moluscos cefalópodos de la variedad gigante y lanzó la «Operación Calamar» para atraparlos.

A un grupo de personas afines a los primeros apresados en la mencionada operación, no les ha gustado el proceder de los fiscales y dicen que esa fijación con los ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina no tiene otro propósito que desacreditar su labor y facilitar la reelección de Luis Abinader, ya que no se persigue a quienes fueron colaboradores de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, ni a los miembros de este gobierno, donde según ellos existe mucha tela por donde cortar. Creo que el orden de los factores no altera el producto, y que en cualquier momento podrían iniciarse otros procesos que involucren a quienes esos comentarios señalan.

La realidad del caso es que en nuestro país la corrupción se ha convertido en sistémica, una hidra de siete cabezas que por donde quiera asoman, controlar este flagelo no es tarea fácil, por eso admiro y respeto a quienes se dedican a ello de manera seria y responsable, poniendo en riesgo su tranquilidad y la de sus familias.

Antes resultaba muy difícil detectar asociaciones entre contratantes y contratados, así como saber el monto recibido por la concesión de un permiso, la aprobación de una compra, un contrato, la gestión de un pago, etc., hoy la informática y el terror de terminar en la cárcel que algunos tienen facilitan la obtención de esas informaciones.

Las señaladas prácticas de corrupción antes no implicaban ningún riesgo para quienes las cometían, pruebas al canto, los sometimientos a la justicia de funcionarios públicos y políticos fueron muy pocas y selectivas, y las condenas no se produjeron, a pesar de los súbitos cambios de estilos de vida, y el ofensivo y público derroche de que hacían gala algunos de ellos. Hoy en día, los hechos indican que el que la hace corre un gran riesgo de pagar por sus hechos, única manera de controlar esa plaga que afecta a la República Dominicana y que en los últimos tiempos había sobrepasado la etapa de los sobornos y comisiones, para convertirse en un entramado de intereses en donde se mezclaban iniciativas empresariales, tráfico de influencias y las más variadas prácticas para desfalcar al Estado.

 Ahora bien, es evidente que tenemos un profundo problema que afecta a nuestra sociedad, una deficiente educación y un consumismo desenfrenado; mezcla que lleva a muchos a creer que llegar a una posición pública es la oportunidad de su vida y que si no la aprovechan es un pendejo.  A otros, a pesar de tener buena posición económica, el poder los enloquece y pierden el rumbo cometiendo hechos que desde su particular punto de vista, no son incorrectos y la gran masa carente de casi todo, con innumerables necesidades insatisfechas, que se agarra hasta de un clavo ardiendo.

 Por esas razones, es que cada cierto tiempo aparecen algunos individuos, a veces de izquierda, otras de derecha, unos con estilos liberales y otros autoritarios, que se presentan como los salvadores del mundo, con planes muy fáciles de vender, pero muy difíciles de ejecutar, que una vez llegan al poder en la mayoría de los casos sumen a sus países en el caos económico, acompañando ese desastre con una pérdida de libertades y un debilitamiento de la institucionalidad.  Por eso es que escuchar esos cantos de sirena es muy peligroso.

 Aquí en nuestro país, aunque las aguas se enturbien con la tinta que expelen los calamares cuando están en peligro, tenemos que admitir que en materia judicial hemos avanzado, la Procuraduría está haciendo lo que la Ley le ordena, queda en mano de los acusados y sus abogados demostrar su inocencia, independientemente de lo que digan las redes este es el procedimiento que se tiene que cumplir y el que los ciudadanos conscientes tenemos que apoyar. 

jpm-am

La degradación de la actividad política en nuestro país ha llegado a un punto tal de descaro y desfachatez que un movimiento, como la Marcha Verde, que, en sus orígenes, se erigió como espacio plural-democrático de presión sociopolítica bajo la consigna “fin de la impunidad y la corrupción”; aunque terminó asaltada y teledirigida por la posición política-electoral -2020-, tuvo su momento de verdadero movimiento social -2017- digno de mejor suerte y fin: conquistas tangibles y pactadas sobre esos dos flagelos históricos-estructurales “corrupción e impunidad”, pues para nadie es un secreto que el binomio ha sido caldo cultivo de acumulación rápida de riquezas y sistema de “justicia” de colindancia política-empresarial.

De modo que revivir ese trapo político -lo que quedó de la otrora Marcha Verde- resulta un insulto y tomadura de pelo a la memoria colectiva del pueblo dominicano que vio como ese genuino movimiento social devino en agendas corporativas de actores políticos disfrazados de redentores sociales y «hacedores de opinión pública» (periodistas-intelectuales o “políticos de la secreta”) -entre ellos, una franja de la llamada sociedad civil-.

Y no es para menos, pues ahora ese trapo político, después de cobrar factura (el que no está nombrado -de sus gestores- en el organigrama estatal o repleto de publicidad oficial, anda dándose golpes en el pecho) quiere erigirse de apoyo seudo social-mediático en defensa-apoyo de un ala del ministerio público que ya ha evidenciado, con creces, su interés político-mediático por judicializar la política haciendo de “la lucha contra la corrupción” pura propaganda política-electoral.

Tal interés lo denuncia el hecho de una persecución “judicial“ selectiva aunque en sus propias narices otras “delaciones” le gritan y exigen igualdad de interés público-judicial. !Pero que va!

Tal espectáculo da pena y vergüenza, pues no es más que parte de una jugada o teatro político-electoral que, por más que quieran, ya no tendrá los mismos resultados de 2020 cuando hubo una ola colectiva de cambio que hace rato caducó y ya no hay forma posible -así lo quiera el genio-angelito Vengoechea- de reeditar.

En fin, hay que ser más creativos y saberse ajustar la máscara, pues resulta cuesta arriba engañar dos veces en tiempo de redes sociales, año antesala de elecciones y aprestos abiertos y sin pausa de re-postulación.

Luego, que nadie se queje cuando la noria histórica de la retaliación política, tras un cambio de gobierno -posible-, venga -2024- por sus fueros y el país no gane nada en término de adecentamiento de la actividad política y el ejercicio del poder. ¡Qué desgracia!

Que no se olvide, tampoco, el hecho fáctico-histórico de que en nuestro país se ha hecho cultura-cliché -verdad o mentira- que el penúltimo gobierno se lleva el mote “del más corrupto”. Es cuestión de tiempo; pero, sobre todo, de lo transitorio que es el poder.

jpm-am