La ejecución presupuestaria constituye uno de los principales indicadores para evaluar la capacidad del Estado de administrar sus recursos, atender las necesidades sociales y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de las finanzas públicas. En el caso dominicano, los resultados del primer semestre de 2026 muestran algunos avances, particularmente en materia de crecimiento económico e inversión pública, pero también revelan desafíos estructurales que todavía deben ser atendidos.

El presupuesto del Gobierno dominicano continúa operando con un déficit fiscal recurrente. Los ingresos corrientes se sitúan alrededor de entre 15.3 % y 16 % del PIB, mientras el gasto corriente ronda el 18.3 %, generándose una brecha que obliga al Estado a recurrir al endeudamiento para financiar parte de sus compromisos y, especialmente, sus inversiones.

República Dominicana alcanzó en 2025 un PIB nominal estimado en US$127,861 millones de dolares, mientras la economía registró un crecimiento de alrededor de 2.1 %. Ese año también se produjo un desempeño significativo de la inversión extranjera directa, que alcanzó aproximadamente US$5,000 millones de dolares.

Durante el primer semestre de 2026, el crecimiento económico se aceleró hasta 4.5 %, reflejando una recuperación de la actividad productiva que también ha contribuido a la estabilidad del mercado cambiario y a un mayor dinamismo de la inversión. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no resuelve los desequilibrios fiscales.

La estructura presupuestaria continúa mostrando un elevado predominio del gasto corriente frente al gasto de capital. Aproximadamente el 88 % de las erogaciones corresponde a gastos corrientes, mientras cerca del 12 % se destina a inversión y gastos de capital. Esta composición limita el margen del Estado para ampliar la infraestructura pública sin recurrir al financiamiento externo o interno.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, durante el primer semestre de 2026 el Gobierno ejecutó RD$764,310.4 millones, equivalentes aproximadamente al 47 % del presupuesto vigente, establecido en RD$1,627,412 millones.

Los ingresos alcanzaron RD$668,366.6 millones, equivalentes al 49.8 % de lo presupuestado para el año. La diferencia entre ingresos y gastos produjo un déficit fiscal de aproximadamente RD$95,943.8 millones durante los primeros seis meses del año.

La composición del gasto también muestra cambios importantes. Mientras en el primer semestre de 2025 los gastos registrados alcanzaron RD$643,781.8 millones, durante igual período de 2026 se situaron en RD$764,310.4 millones. Este incremento refleja tanto una mayor ejecución presupuestaria como las presiones derivadas de las necesidades operativas y sociales del Estado.

Uno de los aspectos más positivos de la ejecución presupuestaria de 2026 es el comportamiento de la inversión pública. Durante el primer semestre, la inversión pública consolidada alcanzó RD$60,644.1 millones, frente a RD$31,171.1 millones de pesos ejecutados en igual período de 2025. Esto representa un incremento considerable y evidencia una mayor orientación de recursos hacia proyectos de infraestructura y formación de capital público.

Entre las principales obras figura la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, uno de los proyectos de infraestructura que concentra una parte importante de los recursos destinados a inversión.

No obstante, el incremento de la inversión pública debe ser acompañado por una evaluación rigurosa de su rentabilidad social y económica.

 No se trata únicamente de gastar más en infraestructura, sino de garantizar que cada peso invertido genere productividad, movilidad, empleo, competitividad y mejores condiciones de vida para la población.

Otro elemento que merece atención es la distribución institucional y territorial de la inversión pública.

Una proporción significativa de los recursos se concentra en un reducido número de instituciones, mientras el Gran Santo Domingo absorbe una parte importante de la inversión territorial. Durante el primer semestre, esta zona concentró aproximadamente el 46.9 % de la inversión territorial.

La provincia de Santo Domingo recibió RD$2,776.7 millones y el Distrito Nacional RD$2,048.8 millones, seguidos por provincias como Santiago y Duarte. En contraste, algunas provincias fronterizas, como Independencia, registraron partidas considerablemente menores.

El principal desafío continúa siendo lograr un equilibrio entre crecimiento económico, gasto público, inversión y sostenibilidad fiscal.

Una economía que crece al 4.5 % debe aprovechar ese dinamismo para mejorar la calidad del gasto y ampliar la capacidad recaudatoria sin comprometer la competitividad. Al mismo tiempo, resulta necesario revisar el crecimiento del gasto corriente y establecer mayores prioridades en la asignación de los recursos.

El endeudamiento público puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura productiva cuando existe una adecuada capacidad de pago y cuando los proyectos generan beneficios económicos y sociales superiores a su costo financiero. El problema surge cuando el endeudamiento termina financiando principalmente gastos recurrentes.

En este sentido, las alianzas público-privadas pueden desempeñar un papel importante, siempre que estén estructuradas con transparencia, adecuada distribución de riesgos y mecanismos que garanticen beneficios concretos para el Estado y la sociedad.

La elevada participación del gasto corriente, la persistencia del déficit fiscal, la dependencia del endeudamiento para financiar parte de la inversión y las desigualdades en la distribución territorial de los recursos siguen siendo asuntos que requieren atención.

El reto no consiste solamente en ejecutar el presupuesto, sino en ejecutarlo mejor. El Estado dominicano necesita avanzar hacia una estructura presupuestaria en la que el gasto corriente tenga un crecimiento sostenible y una proporción cada vez mayor de los recursos pueda orientarse hacia inversión productiva, infraestructura, educación, salud, seguridad y generación de oportunidades.

En definitiva, el primer semestre de 2026 deja una señal positiva en materia de crecimiento e inversión pública, pero también recuerda que el verdadero éxito de una política presupuestaria no se mide únicamente por cuánto dinero se ejecuta, sino por qué resultados produce cada peso del presupuesto y qué impacto tiene sobre el desarrollo nacional.

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En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.

Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.

En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.

Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.

Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.

A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.

Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.

Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).

A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales.

Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.

En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.

Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario.

A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

¡Ah, consumismo y lujos!

¡Uy, prima del dólar!

¡Guau, globalización!

Area céntrica de Barahona

Ambiente judicial

Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.

El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.

Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.

Actualidad

El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.

Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención.

Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!