SANTO DOMINGO. — El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholití), advirtió que el nuevo Código Penal podría utilizarse para perseguir adversarios políticos si no existe un Ministerio Público independiente.

Durante el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, organizado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), el legislador alertó sobre los riesgos de aplicar la normativa con fines partidistas.

“El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político”, afirmó.

Duluc reconoció los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la independencia del Ministerio Público, pero advirtió que una futura administración podría revertir esos avances.

El senador sostuvo que la aplicación efectiva de la reforma requiere órganos de persecución independientes y criterios jurídicos claros que eviten actuaciones arbitrarias.

Asimismo, propuso implementar un plan piloto para fortalecer las funciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, mediante mecanismos que permitan exigir informes y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

A su juicio, el Poder Legislativo ha concentrado históricamente sus esfuerzos en representar a la ciudadanía y aprobar leyes, sin desarrollar suficientemente sus atribuciones de supervisión.

El legislador consideró que una fiscalización más efectiva contribuiría a prevenir irregularidades y reducir los casos de corrupción, en lugar de limitarse a perseguirlos después de que ocurran.

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SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García advirtió que la imagen internacional de República Dominicana podría verse afectada si el Gobierno no esclarece la salida hacia Haití de más de 900,000 municiones calibre .50, según un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El aspirante presidencial calificó el caso de escandaloso y vergonzoso, y pidió a las autoridades presentar los resultados de una investigación rigurosa y convincente ante la opinión pública nacional y la comunidad internacional.

García consideró insuficiente la explicación del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, quien afirmó que las municiones que habrían llegado a territorio haitiano desde República Dominicana tienen más de 50 años de antigüedad.

“Estamos ante un hecho que no es de rango menor, sino que tiene una envergadura tal que podría afectar significativamente la imagen de República Dominicana a nivel internacional”, expresó.

El dirigente manifestó su esperanza de que las indagatorias del Ministerio de Defensa permitan establecer lo ocurrido y ofrezcan respuestas acordes con la gravedad del caso.

Asimismo, sostuvo que la buena reputación internacional del país constituye un activo fundamental que debe ser preservado por cualquier Gobierno.

García insistió en la necesidad de aclarar los hechos para evitar que el caso tenga consecuencias negativas para la percepción de República Dominicana en el exterior.

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SANTO DOMINGO.- El politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou identificó a David Collado y Carolina Mejía como figuras principales en la disputa interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló a Gonzalo Castillo y Francisco Javier García como los principales aspirantes.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Pou afirmó que las principales organizaciones políticas ya mueven sus piezas con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

Explicó que Mejía cuenta con el respaldo de sectores tradicionales vinculados al antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mientras Collado conecta con grupos empresariales y dirigentes incorporados más recientemente al oficialismo. También consideró que el ministro de Turismo tendría el apoyo del presidente Luis Abinader.

En el PLD, valoró la trayectoria y estructura política de Francisco Javier García, así como los vínculos de Gonzalo Castillo con sectores populares. Sobre la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el expresidente Leonel Fernández continúa siendo su principal referente.

Pou estimó que una nueva fuerza política podría influir en una eventual segunda vuelta, aunque descartó un cambio drástico del sistema partidario en el corto plazo, debido a la preferencia del electorado por las organizaciones tradicionales.

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad, advirtió que la delincuencia ha evolucionado hacia estructuras más organizadas, algunas vinculadas al narcotráfico y al microtráfico, con mayores recursos y capacidad de expansión.

Señaló que el fenómeno requiere un abordaje que trascienda la acción policial e incluya factores sociales, económicos y culturales.

Asimismo, cuestionó el manejo de los llamados intercambios de disparos y sostuvo que la Policía debe priorizar la captura y el sometimiento a la justicia de los infractores, mediante el uso proporcional de la fuerza.

Agregó que estos hechos deben ser investigados para esclarecer las circunstancias y garantizar que las actuaciones de los agentes se ajusten a la ley.

dh/am

Santo Domingo, 12 oct.- El Partido Comunista del Trabajo (PCT) de República Dominicana condenó hoy la derogación del decreto 693-24, que protegía la producción nacional de arroz, y acusó al Gobierno de favorecer los intereses de Estados Unidos.

La organización política consideró que la decisión constituye una muestra de subordinación a la Casa Blanca y representa un golpe a la soberanía y a las posibilidades de impulsar un proyecto de desarrollo independiente.

El PCT sostuvo que, con esta medida, el presidente Luis Abinader favorece a los sectores importadores por encima de los productores dominicanos.

Asimismo, afirmó que la actuación del mandatario dejará un precedente negativo en la defensa de los intereses nacionales, al considerar que su política mantiene al país subordinado a los designios del imperialismo estadounidense.

Advirtió que la eliminación de la disposición tendrá graves consecuencias para uno de los sectores estratégicos de la economía nacional.

El PCT llamó a los productores de arroz y a los demás sectores nacionales a protestar y resistir lo que calificó como una disposición antinacional, por entender que pone en riesgo los intereses de quienes sostienen la producción agrícola del país.

También cuestionó lo que definió como la doble moral de la política exterior y comercial de Estados Unidos, al señalar que ese país mantiene diversas medidas proteccionistas para favorecer a su industria, mientras promueve condiciones de competencia desfavorables para los agricultores de otras naciones.

Abinader emitió el decreto 693-24 hace dos años para establecer medidas arancelarias dirigidas a resguardar la cosecha ante la liberalización comercial prevista en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La disposición fijó aranceles del 20 por ciento para determinadas importaciones de arroz dentro del volumen establecido y del 99 por ciento para las que excedieran esa cantidad.

Contempló una cuota de 23 mil 300 toneladas métricas del grano estadounidense con arancel cero.

La derogación se produjo en medio de gestiones de Estados Unidos para garantizar el ingreso de su cereal al mercado dominicano. El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial estadounidense señaló que el país caribeño debía cumplir los compromisos de acceso al mercado establecidos en el DR-Cafta para ese producto.

of-am

SANTO DOMINGO.- El exsenador Héctor Rodríguez Pimentel reclamó medidas urgentes para proteger a los productores de arroz ante la apertura comercial del DR-CAFTA y fortalecer la competitividad del sector.

El dirigente pidió una política arrocera con presupuesto, metas verificables y rendición de cuentas, al advertir que el país llegó al fin de la desgravación arancelaria para el arroz, en 2025, sin completar la modernización productiva necesaria.

“La apertura no llegó por sorpresa. Tuvimos tiempo para modernizar la producción, mejorar los rendimientos y reducir los costos. El arroz dominicano está pagando el precio de llegar tarde”, afirmó.

Rodríguez Pimentel consideró que la derogación del Decreto 693-24 evidencia las limitaciones de recurrir a medidas arancelarias sin una estrategia integral de inversión y planificación.

Como referencia, citó el modelo de Panamá, que en 2018 declaró el arroz cultivo de seguridad alimentaria nacional y estableció mecanismos de asistencia técnica, crédito e incentivos.

Asimismo, solicitó esclarecer la denuncia de FENARROZ sobre la entrada de unas 220,000 toneladas métricas de arroz durante 2025 y publicar los permisos, inventarios y evaluaciones que justificaron esas importaciones.

“Cada autorización extraordinaria debe explicar cuánto arroz falta y por qué es necesario importarlo. El país merece transparencia y el productor necesita reglas claras”, sostuvo.

El exsenador también señaló las ayudas estatales que reciben los agricultores estadounidenses. Citó el programa Farmer Bridge Assistance, que estableció un pago extraordinario de US$132.89 por acre sembrado de arroz en 2025, equivalente a unos US$328 por hectárea. Aclaró que estos recursos no demuestran por sí solos subsidios a la exportación, pero reflejan diferencias en las condiciones de competencia.

Entre sus propuestas figuran facilitar semillas certificadas, maquinaria, sistemas de riego eficientes y financiamiento antes de la siembra, además de reducir pérdidas, elevar la productividad y evaluar los mecanismos de defensa comercial disponibles.

También planteó negociar con Estados Unidos cooperación para la transición productiva, dentro de los compromisos comerciales vigentes.

“La diferencia entre quebrar y sobrevivir dependerá de que el crédito llegue antes de sembrar, la tecnología llegue a la parcela y los recursos públicos fortalezcan al productor”, concluyó.

dh/am