POR WILLIAMS REYNOSO SANCHEZ

El clientelismo, el uso del Estado como botín político y el amiguismo en la administración pública no son fenómenos nuevos en la República Dominicana. Durante décadas, y a través de las diferentes administraciones de todos los partidos tradicionales que han gobernado el país, la sociedad dominicana ha arrastrado la pesada carga de las «botellas»: un mal endémico institucionalizado que sangra el presupuesto nacional gobierno tras gobierno.

​Hoy, en un contexto internacional complejo marcado por los efectos económicos colaterales de las crisis en Ucrania y el Medio Oriente, el presidente Luis Abinader ha hecho constantes llamados a la austeridad y a la protección de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, a pesar de las directrices de eficiencia del Poder Ejecutivo, las estructuras colonizadas por el favoritismo político se resisten a morir.

Detrás de los discursos oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y otras dependencias estatales siguen atrapados en viejas prácticas que sabotean las intenciones de cambio y perpetúan un escandaloso doble gasto público.

​El MIREX se ha consolidado históricamente como el refugio predilecto para el parasitismo de lujo. Vicecónsules, auxiliares consulares y ministros consejeros son designados en capitales del mundo donde jamás se presentan a trabajar.

Las excusas del pasado siguen vigentes en el presente: “El país receptor no ha emitido la acreditación”, “estoy en formación diplomática”, o “el visado oficial está en trámite”. Bajo estos pretextos, los meses se convierten en años de cobros puntuales en dólares desde la comodidad del hogar en República Dominicana.

​Pero la anomalía adquiere dimensiones alarmantes en las propias sedes en el extranjero. ¿Cómo es posible que habiendo personal asignado de sobra en las nóminas oficiales de embajadas y consulados, estas dependencias tengan que recurrir a la contratación externa de personal administrativo?

​La realidad operativa es cruda: dado que los favorecidos por los amarres políticos carecen de las capacidades técnicas mínimas o simplemente no asisten a sus puestos, las sedes consulares se ven obligadas a contratar secretarias, asistentes, “buscones” que son algunos ex funcionarios diplomáticos de pasados gobiernos y técnicos locales para que realicen el verdadero trabajo del Estado dominicano.

El contribuyente termina pagando una doble nómina por la misma función: el sueldo VIP del diplomático ausente y el salario del empleado administrativo externo que realmente mantiene la oficina a flote.

​El escándalo de los funcionarios-suplidores

​El escándalo pasa de la ineficiencia a la ilegalidad flagrante cuando los funcionarios se convierten en comerciantes de su propio Estado. Hace apenas unos días, la propia Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sacó a la luz pública un listado oficial que provocó un terremoto político: decenas de funcionarios actuales continúan haciendo negocios directos con el Estado dominicano.

​En ese listado relucieron nombres sonoros de la diplomacia actual, incluyendo cónsules, vicecónsules, embajadores, ministros consejeros y viceministros. Esta práctica representa un desafío frontal a la recién estrenada reforma estructural en compras públicas.

​El blindaje de la ley Núm. 47-25 y el decreto 52-26

​La antigua Ley 340-06 quedó totalmente derogada tras la entrada en vigencia de la nueva Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el Decreto Núm. 52-26.

​Esta nueva legislación eleva drásticamente los estándares de transparencia y establece una prohibición absoluta en su régimen de incompatibilidades: ningún funcionario de alto nivel, incluyendo el cuerpo diplomático y consular, puede ser oferente ni contratar con el Estado, de forma directa o a través de sociedades comerciales intermedias.

Violar esta norma ya no es un simple desliz ético; bajo la Ley 47-25, constituye una conducta tipificada con sanciones penales y administrativas severas.

Silencio institucional respalda la impunidad

​Lo que resulta verdaderamente inconcebible y alarmante para la salud democrática de la nación es la total ausencia de un régimen de consecuencias. El Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante sus resoluciones y la misma Ley No. 41-08 de Función Pública, establece con claridad meridiana que los funcionarios públicos tienen prohibición estricta de incurrir en conflictos de interés, descuidar sus labores o abandonar sus jornadas de trabajo, tipificando estas conductas como faltas graves pasibles de destitución inmediata.

​Sin embargo, tras las contundentes revelaciones de la DGCP, el panorama actual es el de un pacto de silencio. El MIREX, el MAP y el propio Poder Ejecutivo han guardado un mutismo absoluto. No ha habido destituciones, no se han abierto expedientes disciplinarios y ni siquiera se ha emitido una amonestación pública. Todo ha quedado, una vez más, bajo el manto protector de la impunidad política, evidenciando que las leyes se aplican con rigurosidad para el ciudadano común, pero se flexibilizan para la élite gobernante.

​Los marcos Jurídicos violentados con este accionar de algunos funcionarios diplomáticos, están:

1. ​Constitución de la República (Artículo 146): Proscribe de forma categórica la corrupción en la función pública y condena a todo aquel que utilice su cargo para obtener ventajas económicas deliberadas. El Artículo 138 obliga a la administración a regirse por la eficacia y la meritocracia.

2. ​Ley No. 41-08 de Función Pública (Artículo 77): Prohíbe taxativamente a los servidores del Estado recibir más de una remuneración o descuidar el rendimiento de sus labores. Cobrar un salario público sin cumplir con la contraprestación del trabajo y el horario establecido constituye un fraude al erario.

3. El Principio de la Contraprestación Laboral: El no cumplimiento del horario laboral establecido sin causa justificada es una falta de tercer grado, sancionada con la destitución inmediata. Cobrar un salario público desde el hogar sin ejercer funciones constituye técnicamente un fraude contra los fondos del Estado.

La paradoja de la austeridad

Los datos objetivos de la ejecución presupuestaria del servicio exterior revelan una contradicción insostenible entre la narrativa de crisis y la práctica institucional:

✓ El Discurso de la Austeridad.

✓ La Realidad Cruda en el Servicio Exterior.

✓ Llamado Nacional a abstenerse del derroche y el gasto excesivo ante la crisis del petróleo. ✓ ✓ Mantenimiento de nóminas consulares hipertrofiadas llenas de allegados políticos.

✓ Exigencia de optimización y eficiencia de los recursos públicos.

✓ Doble Gasto: Pago de salarios de lujo a diplomáticos “fantasma”, más Pago a personal administrativo externo para hacer el trabajo real.

✓ Promesa de transparencia total con la Ley 47-25 y el Decreto 52-26.

✓  Falta de auditorías físicas integrales y silencio administrativo ante los funcionarios-suplidores.

​Conclusión y reflexión

El problema central de la República Dominicana no es la falta de recursos, sino la distribución de estos para complacer a «compañeritos, amigas y amiguitos» del poder de turno. Este panorama nos invita a dejar una profunda reflexión en el despacho del presidente Luis Abinader:

​En el país, y residiendo en el exterior, existen miles de jóvenes dominicanos brillantemente preparados en universidades internacionales de alto prestigio, con licenciaturas, maestrías y doctorados en diplomacia, economía y comercio internacional. Jóvenes con un deseo genuino de servir a su patria, pero que hoy ven frustradas sus aspiraciones porque las nóminas públicas están acaparadas por «los hijos de papi y mami» y los allegados a las cúpulas políticas.

​Incluso a nivel interno del partido, el PRM, existen cientos de técnicos y compañeros valiosos que llevan ya seis años en las gradas y en la banca, esperando una oportunidad justa para demostrar su capacidad y aportar al desarrollo del Estado, mientras observan con impotencia cómo los «diplomáticos fantasma» disfrutan de privilegios intocables sin aportar una sola hora de labor.

​La vigencia de la Ley Núm. 47-25 y el Decreto Núm. 52-26 abre una oportunidad histórica. El presidente tiene en sus manos las herramientas legales para romper con el pasado y aplicar el verdadero cambio que prometió. El saneamiento del Estado dominicano y de su servicio exterior no puede seguir esperando; no es una opción política, es una emergencia ética y una deuda sagrada con el futuro de la nación.

jpm-am.