Sin embargo, estas modificaciones parecen más un arreglo cosmético que una verdadera solución a los profundos problemas estructurales que enfrenta la nación.

La propuesta estrella consiste en cambiar el artículo 268, que establece la forma de gobierno como «civil, republicano, democrático y representativo», para incluir restricciones sobre las modificaciones a las reglas de elección presidencial.

Esto, bajo la apariencia de protección, podría interpretarse como una maniobra para asegurar posiciones de poder de manera indefinida, más que como un genuino esfuerzo por preservar la integridad democrática.

Contravención e ignorancia

Mientras los líderes políticos alardean de defender la democracia, en los pasillos del poder se aprueban leyes que contravienen los principios básicos de la Constitución, como es la reciente Ley 1-24.

Ignoran los principios y valores constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho, impulsando un modelo económico que beneficia a unos pocos mientras ignora las necesidades de la mayoría.

El sarcasmo se hace difícil de contener cuando observamos cómo se nos intenta vender esta reforma como una protección a la democracia.

Parecería que cambiar algunas palabras en la Constitución podría resolver problemas de corrupción rampante, desigualdad social creciente y la falta de oportunidades, que son los verdaderos desafíos que siguen esperando atención tras bambalinas del espectáculo político.

Es fundamental recordar que una verdadera protección de la democracia no se logra con reformas superficiales o ajustes temporales, sino mediante un compromiso firme con el respeto a las leyes y la promoción del bienestar común. Las medidas deberían encaminarse a garantizar la transparencia, la equidad y el acceso igualitario a los recursos y oportunidades, no simplemente a perpetuar un ciclo de poder político.

Esta comedia constitucional, que algunos podrían llamar un blindaje a la democracia, revela no solo vacíos legales sino también una crisis ética y moral.

En este caso, las “reformas” que se pretenden realizar son maquillajes que no contribuyen a fortalecer las instituciones democráticas ni a proteger los derechos de los ciudadanos. Todo lo contrario, podrían tener otros objetivos políticos o de generar controversia.

Si existiera la verdadera voluntad política, primero deberían comenzar por el respeto y la implementación efectiva de la Constitución actual, que establece un Estado social y Democrático de derecho.

Es válido señalar que el incumplimiento de los principios constitucionales, especialmente en lo que respecta a la protección de la dignidad humana y la equidad social, ha contribuido a perpetuar un sistema basado en la creación de miseria espiritual, moral y económica.

Ante esta situación, en el Frente Cívico y Social estamos claros que el verdadero blindaje necesario no es solo para nuestra democracia, sino también para los derechos de cada ciudadano dominicano. Y que el verdadero desafío radica en promover una cultura de respeto a las normas y al Estado de Derecho.

Por lo que es imperativo despertar y exigir cambios que no solo estén en el papel, sino que se reflejen en acciones concretas que fomenten una verdadera cultura democrática. Solo así, paso a paso, podríamos aspirar a una sociedad que verdaderamente valore y practique principios democráticos e igualitarios para todos sus habitantes.

¡Despierta, RD!

Recuerdo como ahora a monseñor De la Rosa y Carpio haciendo un vehemente llamamiento para detener el “sicariato mediático”.

Aunque hace algunos años de ello, lo ha traído a mi memoria un comentario de un lector que me honra con su seguimiento. Y ha salido a relucir por la manera generalizada para tramitar ciertas “denuncias” a través de muchos medios.

Hasta hace poco, los medios tradicionales de comunicación tenían tanta incidencia que mucha gente consideraba lo que en ellos se decía como una especie de “palabra de Dios”. Pero ahora, si bien es cierto que todavía hay gente que, al enterarse de algo por las redes, acude a medios tradicionales para confirmar determinadas informaciones, no menos cierto es que sigue en franco ascenso la incidencia de cada vez más medios “alternativos”.

Eso provoca que esta etapa de “todos comunicando para todos” se haya convertido en campo idóneo para la “infoxicación” y la “infodemia”. Ahora cualquiera dice y no solo le creen, sino que además le ayudan a redifundir desde soberanos disparates hasta siniestras mentiras, y todo disfrazado de información.

Por eso ahora hay “juicios mediáticos”. Sencillamente, quien quiere el camino más fácil y rápido, aunque perverso, apela a dilucidar en los medios sus diferencias con la contraparte. Incluso, cada vez menos gente se empeña en conocer los trámites para resolver cualquier situación porque apela a los medios a su alcance para “echar su pleito”.

Y eso termina contribuyendo al desorden al que ciertos sectores le sacan bastante provecho. El saber popular lo explica desde hace mucho tiempo: “Río revuelto, ganancia de pescadores”. Pero la distracción no nos deja entenderlo.

Y no es que sea completamente malo usar los medios para denunciar. De hecho, una de las principales ventajas de tramitar denuncias a través de los medios es la visibilidad y el alcance que estos ofrecen. Al publicar una denuncia en un medio de comunicación masivo o en una plataforma de redes sociales, el denunciante puede llegar a un público mucho más amplio que si la tramita directamente en la entidad correspondiente (Bennet, 2012). Esta mayor visibilidad puede acelerar la respuesta de las autoridades porque sienten la presión mediática.

El problema

El problema está en que las denuncias hechas a través de medios de comunicación a menudo carecen del rigor y la verificación que requiere la actuación con criterio de aporte a la sociedad. Esto puede llevar a la propagación de información falsa o inexacta, dañando reputaciones y generando pánico injustificado. Si bien los medios ofrecen una plataforma para la expresión y la denuncia, es crucial que se manejen con ética y rigor para evitar daños innecesarios y promover una cultura de transparencia genuina y constructiva (Bauman, 2000).

Otra de las ventajas es que los medios proporcionan una plataforma para aquellos que sienten que sus voces no son escuchadas en los canales oficiales. Eso empodera a los ciudadanos, ya que pueden utilizar estos medios para exigir rendición de cuentas y transparencia por parte de las autoridades (McQuail, 2010).

En donde el asunto se daña es cuando la opinión publicada forma veredictos basados en información parcial o mañosamente sesgada, sin el suficiente apego al rigor ni a la ética, máxime cuando el escándalo y el entretenimiento se disfrazan de periodismo.

En situaciones donde la inmediatez es crucial, los medios de comunicación pueden difundir información rápidamente, alertando a la comunidad y a las autoridades pertinentes de manera más eficaz que los canales burocráticos tradicionales (Chadwick, 2013). Pero, del otro lado, ¿cuánta gente logra diferenciar entre verdad o mentira cuando alguien, aviesamente, usa imágenes viejas para presentarlas como nuevas, independientemente de que se trate de un fenómeno natural o de un accidente?

Sólo con adecuados niveles críticos en la ciudadanía lograremos romper el círculo vicioso que inicia con el interés perverso de alguien y se alimenta con la creencia ciega de quien se mantiene en desviación de lo esencial y se “traga lo que le den”.

Si mejoramos los niveles de criticidad, los medios resultan muy útiles para tramitar denuncias y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Así, tanto las instituciones públicas como privadas serían cada vez más cuidadosas de sus acciones para evitar ser sometidas al escrutinio público en cualquier momento.

Mientras el sensacionalismo y la irresponsabilidad caractericen el uso de los medios, todos seguiremos perdiendo, aunque algunos crean que están ganando. Cuando alcancemos a ver las ventajas de contar con medios para aportar y mejorar, todos comenzaremos a ganar.

nestorestevez@gmail.com

jpm-am

Dentro de una semana, el Poder Ejecutivo apoderará al Legislativo del proyecto de modificación a la Constitución de la República, a fin de adecuar determinadas normas a las necesidades de la sociedad dominicana. Por ejemplo, la independencia del Ministerio Público con respecto al jefe del Estado es una prioridad.

La Presidencia de la República ha venido escuchando a distintos sectores sociales en interés de consensuar el contenido de las reformas  a ser aplicadas en la Ley Sustantiva. El pasado martes, el consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, se reunió con cincuenta abogados que ejercen en  diferentes ramas de esa profesión. Y eso está bien.

Ahora, también estará bien, o quizá mejor, escuchar a una comisión de expertos en el uso del idioma español para evitar enredos verbales y alargamientos de frases en el texto constitucional. La Constitución vigente adolece de múltiples defectos idiomáticos y resulta oportuno enmendarlos, a la vez que se reforma la parte dispositiva.

El lenguaje jurídico, como el de toda ciencia, requiere sobriedad y llaneza, nada bien le queda la rimbombancia. Tampoco le son propios ciertos modismos que vienen impuestos por grupos irreverentes que han hecho de la llamada equidad de géneros una agenda mundial a la cual se han adherido dirigentes políticos y otros hacedores de opinión.

Ridiculeces

Los constituyentes de 2010  cayeron de manera ingenua o complaciente, de eso no estoy seguro, en plagar la Constitución de ridiculeces que entorpecen el texto y lo hacen pesado. Ese vicio comienza en el artículo 18: “Son dominicanas y dominicanos: 1-Los hijos e hijas  de madre o padre dominicanos”.

El articulo 19: “Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley, …”. A la vez, el artículo 22 se refiere a los derechos de ciudadanía de este modo: “Son derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Y así siguen muchos otros artículos: “Elección de las y los legisladores…” (artículo 77).

La propia Constitución establece (artículo 29)  que el idioma oficial  de la República Dominicana es el español. Sin embargo, esos usos contravienen la normativa de nuestra lengua. La doctrina lingüística privilegia la economía verbal frente al derroche de palabras. Eso, y no otra cosa, es la duplicidad que ocasiona el doble género.

El lenguaje jurídico debe ser claro y comprensible para todo público, pues las leyes, resoluciones y sentencias van dirigidas al común. La Academia Dominicana de la Lengua ha ofrecido su colaboración para evitar que la nueva Constitución aparezca con vicios gramaticales. Después de aprobada y antes de proclamada debe ser revisada por correctores de alta calificación. Conviene.

rafaelperaltar@gmail.com

JPM

Es fundamental para la clase política dominicana escuchar y trabajar en conjunto con las universidades para lograr objetivos palpables que mejoren las condiciones de vida en lo económico y social en este país que tiene un potencial enorme pero con ciertos grilletes para avanzar.

El crecimiento de la economía dominicana es evidente, pero lamentablemente estamos muy preocupados porque observamos una falta de visión, planificación y fiscalización eficiente. Como destino turístico en esta zona geográfica del Caribe, tenemos el reto de mejorar nuestras deficiencias.

La falta de visión, planificación y fiscalización eficiente se evidencia en la pérdida de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos, como poder caminar por aceras adecuadas sin obstáculos instalados o permitidos por los organismos reguladores municipales o del gobierno central.

La preocupación es válida por parte de los centros de pensamiento, representados por sus técnicos, profesionales y especialistas en diferentes áreas que pueden contribuir al crecimiento económico y social, pero lo más importante es fomentar la conciencia ciudadana.

República Dominicana es un destino turístico por la calidez de su gente, la calidad competitiva de sus instalaciones hoteleras y la diversidad de sus ofertas entre montañas, playas, ríos y una gastronomía acompañada por ritmos tropicales como el merengue y la bachata, que se bailan y escuchan a nivel mundial.

Sin embargo, la indiferencia es una realidad por parte de regidores, alcaldes y organismos reguladores, quienes no asumen las funciones que los ciudadanos dominicanos, como votantes, depositaron en las urnas. Esta responsabilidad es crucial para provocar cambios reales y duraderos en el tiempo, pero podemos afirmar que no ocurre cuando dejamos de escuchar a la academia y a los ciudadanos.

La iniciativa Santo Domingo 2000, que comenzó en 1974 con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, presentó propuestas para lograr avances en la planificación y desarrollo integral. Al acercarnos a la culminación de este año 2024, observamos una indiferencia por parte de la clase política dominicana, ya que no sentimos la aplicación de políticas públicas, sino más bien un deterioro de los servicios públicos y un desorden urbanístico.

República Dominicana tiene leyes, pero lamentablemente los organismos reguladores no tienen interés en hacerlas cumplir. Aún así, mantenemos la esperanza de que se logre despertar, para que mis ojos, llenos de lágrimas y frustración, no sean testigos de la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, y de que los extranjeros que nos visitan sientan orgullo, en lugar de conocer solo los hoteles de Punta Cana.

En mis escritos anteriores, hemos expuesto problemáticas en diferentes formas, así como propuestas presentadas por académicos, especialistas y ciudadanos organizados en juntas de vecinos. También hemos denunciado abusos en los medios de comunicación que los funcionarios públicos están en el deber de atender y resolver.

Es imperativo escuchar a urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, abogados y activistas sociales ,ciudadanos y organizaciones que promueven tertulias y seminarios para hacer entender a los dirigentes políticos asi como funcionarios públicos para aplicar planes de ordenamientos territorial segun las necesidades de cada región. Solo así podremos construir una ciudad amigable en todos sus aspectos.

A 50 años de esta iniciativa Santo Domingo 2000 de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, estamos muy lejos de aplaudir los resultados, ya que, aunque hemos escuchado a arquitectos como Cristóbal Valdez, Gustavo Valdez, Marcos Barinas y Omar Rancier, así como al abogado Marino Tejada, hemos hablado mucho, pero poco se ha hecho para aplicar políticas que conecten con los sectores y con los ciudadanos que caminan por aceras ocupadas por obstáculos.

En nuestro país, aunque tenemos crecimiento económico y social, estamos perdiendo derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos. Esto lo comprobamos simplemente al salir a caminar o al preguntar sobre las experiencias de nuestras amistades o personas que han tenido la oportunidad de conocer otros países, donde se pueden garantizar servicios básicos.

En cambio, seguimos atrapados en un laberinto de desorden urbanístico y en la falta de protección de la propiedad privada en nuestro país.

jpm-am

La susodicha y hasta hace pocos años desconocida voz en el habla dominicana, “Encartado”, se puso aquí muy de moda a partir del momento en que un grupo de “prestantes” ciudadanos fueron a parar a la cárcel, en el mes de julio del 2017, acusados de recibir sobornos de la empresa constructora Odebrech.

Como es normal, cada hecho, cada acontecimiento de impactante relevancia saca a la luz voces de uso poco común o que no forman parte del léxico activo de los hablantes pertenecientes a una comunidad lingüística determinada.  En el ámbito dominicano, el caso Odebrecht, por ejemplo, contribuyó a que se extrajera del cofre de la lengua española, y posteriormente se popularizara, un término que hasta el año antes citado escasamente se había escuchado y mucho menos utilizado: “Encartado”

¿Qué significa esta palabra?

Según el diccionario académico, “Encartado” soporta, entre otras acepciones, el significado de individuo: «Sujeto a un proceso, especialmente penal»

Todo ser “sujeto a un proceso…” es, por definición, un procesado, voz esta que en el español dominicano y en otras partes del mundo hispanohablante entraña los más negativos y desagradables valores significativos: “encausado”, “condenado”, “acusado”, “enjuiciado”, “inculpado…

”Merced a estos valores semánticos nada placenteros, “procesado” se nos presenta entonces como una palabra “tabú” (*). Para evitar utilizarla, mas si se les aplica a individuos provistos de rangos, alcurnia o prestigio social, entonces se maquilla o reemplaza por otra que como “encartado” resulta más galante, inofensiva, elegante y decorosa. Y, por consiguiente, menos atentatoria a la moral, al honor y a las buenas costumbres.

Conforme a las ideas preindicadas, el novedoso vocablo, “encartado”, ha de ser concebido como un auténtico eufemismo (**), cuyo uso, en el contexto dominicano, tendría   como propósito central, consciente o inconscientemente, minimizar la dolosa etiqueta que sí entraña el vocablo “imputado” en perjuicio de unos ciudadanos (empresarios, funcionarios, políticos…)  que la sociedad percibe como “honorables”

Por eso no ha de extrañar que solo estos seres con prestancia, nombres y apellidos sean llamados “encartados” por nuestros comunicadores sociales, no así los individuos o delincuentes comunes que incurren en faltas graves reñidas con la ley; pero que carecen de rango y distinción. Cuando estos últimos son sometidos a la justicia, ya no se tratará de “encartados”, sino de “imputados”, “acusados”, “procesados”, “encausados”, “violadores de la ley”, etc.

 

Por esa misma razón, mientras en una nota noticiosa se lee:

 

 « En algunos de los casos que sigue la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como Antipulpo, Coral y Coral 5G, los encartados han logrado llegar a un acuerdo de devolver el dinero producto del flagelo, y así convertirse en testigos, dependiendo de  la particularidad de lo tratado…» (Hoy, sept. 30/2022)

 

En otra, sin embargo, con distinto tono semántico, se lee el siguiente titular:

 

«Dictan tres meses de prisión preventiva contra dos de los imputados por asalto al Banco Popular…» (Diario Libre, junio 18/2024)

 ¿Qué significa eso?

Que las denominaciones para referirse al sometido a la justicia, especialmente por robo, varían según el apellido, prestigio o la clase social a la que pertenezca la persona procesada, vale decir, según el traje que esta exhiba. Si viste traje de gala, el acusado de robo será llamado” Encartado”; mas se carece de nombre o rango social, para nuestros periodistas, simplemente se tratará de un imputado, procesado, delincuente o inculpado.

Notas:

 

(*) – Palabras Tabú: son aquéllas   que hacen   referencia a temas considerados desagradables por una cultura y que, por tanto, son consideradas soeces, indelicadas, vulgares, de mal gusto o atentatorias contra la dignidad, la moral y el decoro.

 

(**) – Eufemismos: Son las palabras o expresiones que los hablantes utilizan en sustitución de las palabras tabú. Palabras o expresiones políticamente aceptables o menos ofensivas que sustituyen a otras palabras de mal gusto que pueden ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente.

jpm-am