Contrario a la solicitud del jurista Nassef Perdomo de que se deje fuera de la proyectada ley de libertad de expresión y medios audiovisuales lo concerniente al manejo y regulación de los contenidos en las plataformas digitales, considero que a ese aspecto del referido proyecto hay que darle atención especial ante el desborde de quienes, moviéndose en la impunidad, convierten sus medios  en fuentes de calumnias, insultos y campañas sucias muchas veces motivadas por el morbo, el chantaje y, en ocasiones, auspiciadas por sectores afectados por medidas  del funcionario o persona blanco de los ataques.

En lo que se dilucida esa extraña solicitud que empantana el conocimiento y aprobación de una nueva y consensuada ley de libertad de prensa, los afectados por el libertinaje, injuria y difamación de algunos personajes que se han convertido en sicarios de la comunicación, han optado, con todo su derecho, a recurrir  ante los tribunales de justicia en busca de ser resarcidos moralmente con la condena a quienes se han prestado a difamarlos.

Este es el caso de los prestantes y honorables comunicadores que recientemente depositaron una querella contra sus detractores, y ahora de la ministra de Interior y Policía, licenciada Faride Raful. Apoyamos las iniciativas que esperamos, sienten precedentes.

JPM

POR JULIO  CESAR GARCIA ESPINAL

La vida, en su irónica manera de enseñarnos lecciones, nos enfrenta a situaciones que en algún momento advertimos que llegarían. No es grato tener que mirar a nuestro alrededor y decirnos unos a otros: “Ya lo sabíamos”.

La crítica hacia los funcionarios públicos ha existido siempre, y debe seguir existiendo en una sociedad democrática. Lo preocupante no es la crítica en sí, sino el tipo de discurso que ha ido ganando terreno en los espacios de opinión pública. Hoy, plataformas globales como las redes sociales han amplificado las voces de quienes, sin preparación, sin valores, sin ética ni criterio, emiten juicios que rayan en la difamación y la calumnia.

Lo más alarmante es que muchos de estos individuos se escudan en el concepto de libertad de expresión para violentar los límites del respeto, la dignidad humana y la verdad. Pero eso no es libertad de expresión. La libertad de opinar conlleva deberes: el deber de informarse, de respetar, de no dañar. No todo puede justificarse como una opinión.

Como sociedad, estamos frente a una crisis que exige una catarsis colectiva. Si no corregimos el rumbo, nos veremos condenados al caos, a la normalización del irrespeto, a la impunidad moral de quienes hacen daño desde el anonimato o la irresponsabilidad, y a las disculpas vacías de los difamadores sin honor.

Lo que hoy ocurre con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no es un hecho aislado ni nuevo. Es el reflejo de una enfermedad social que lleva tiempo incubándose: comenzó con burlas, sarcasmos y rumores que toleramos en voz baja, y que ahora se han transformado en campañas de descrédito que se viralizan sin control.

Lo preocupante no es solo el ataque a una figura pública. Es que lo permitimos como norma. Es que callamos cuando la víctima fue un profesor al que le fabricaron un video para chantajearlo. Cuando se humilló a un pastor en redes sociales, exhibido de forma vulgar por no ceder ante una banda de delincuentes. En todos esos casos, la sociedad falló por omisión.

Hoy, ante este nuevo atropello, es necesario actuar con firmeza. No solo porque se trata de una ministra. No solo porque es una mujer. Sino porque si no ponemos un alto ahora, el deterioro seguirá afectando a cualquiera. Se deben sancionar las malas prácticas, sí. Pero el compromiso debe ser con la dignidad de todas las personas, no con el cargo que ocupen.

El momento de corregir este rumbo es ahora. Por justicia. Por decencia. Por el país. Que se detengan estas malas prácticas, que se sometan y castiguen a quienes se dedican a estas acciones, pero que no sea solo por la ministra.

 juliogarciaespinal@gmail.com

La caótica situación de la circulación vehicular en las principales ciudades de la República Dominicana es, sin ninguna duda, uno de los problemas que más gravitan sobre la vida de todos los ciudadanos, por lo cual, solucionarlo de manera radical se presenta como uno de los grandes desafíos que deben afrontar las autoridades.

Hay varias vertientes del problema cuyo aporte al desorden tienen un enorme peso: la incontrolada cantidad de motocicletas y la falta de sentido común de quienes dirigen la circulación vehicular, son algunas.

El primero de estos aportes tiene una solución bastante compleja, pues se lo dejó crecer como plaga, al punto que ni las propias autoridades encargadas de su regulación tienen hoy una respuesta firme y concreta.

Las entidades estatales que debieron prever el impacto que tendría el desbordamiento, son Aduanas e Impuestos Internos. Una, controlando lo relacionado con el ingreso al país de esos artefactos, y la otra, obligando a quienes utilizan este medio de transporte a estar dentro de la ley.

En consecuencia, el aporte de las motocicletas al desencaje de la civilización, y en algo más grave aún, en el incremento del flagelo de muertes por siniestros viales, ha sido fruto de un inexplicable «laissez faire, laissez passer» que fue sembrando sus reales hasta llegar al punto en que nos encontramos.

Digesett

El otro renglón generador del desorden lo tenemos en la falta de sentido común de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), encargada de “dirigir” la circulación de vehículos en las grandes ciudades, pero que, de hecho, es parte esencial del desorden.

Nadie entiende con cuál orden de prelación los agentes de la Digesett sustituyen un semáforo operativo y abren una vía durante interminables minutos, mientras las demás están paralizadas, con toda la afectación que esto conlleva, no solo en términos económicos medidos en tiempo perdido y combustibles, sino en el deterioro de la salud de las personas a través del estrés.

Por consiguiente, el pacto por la seguridad vial anunciado por el presidente Luis Abinader, más las 103 medidas conexas para fortalecer esa iniciativa, no tendrían una viabilidad práctica si no tienen en cuenta, de manera fundamental, estas cuestiones que parecerían hasta elementales.

Podemos afirmar que si el presidente resuelve este embrollo, tendrá garantizado uno de los lugares de oro en nuestra historia, cuando en el futuro se analice.

Pero no habría que esperar el juicio de la historia, pues los ciudadanos de este tiempo le valoraremos en su justa dimensión.

Nelsonencar10@gmail.com

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