MANHATTAN.- Legisladores de la ciudad de Nueva York quieren prohibir que la revisión del historial de crédito sea un requisito por parte de las empresas para aceptar demandas de empleo y contratar trabajadores.
Los concejales Brad Lander (D-Brooklyn) y Deborah Rose (D-Staten Island) consideran que la práctica es discriminatoria porque afecta desproporcionadamente a comunidades de bajos recursos.
«Los empleadores no deben negarle trabajo a nadie basado en su historial de crédito», declaró Lander. La propuesta que fue introducida recientemente también restringe que éste se use a la hora de considerar un ascenso o compensación para empleados.
Los funcionarios argumentan que el requisito es injusto con los neoyorquinos que tienen un crédito pobre por circunstancias fuera de su control, tales como la pérdida de empleo, gastos médicos o exorbitantes deudas por préstamos estudiantiles.
La Gran Recesión de la que se está saliendo muy lentamente ha dejado a buena parte de la población en una situación muy difícil en este sentido.
«Cómo es posible pagar las deudas si no se tiene trabajo», cuestionó la concejal y coautora del proyecto de ley, Deborah Rose.
La medida cuenta con el respaldo de varios concejales, entre ellos, Julissa Ferreras (D-Queens), Ydanis Rodríguez y Dan Garodnick (D-Manhattan).
A nivel federal, la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts) introdujo una medida similar en la Cámara Alta en diciembre del año pasado.
«No tiene sentido que se la gente tenga dificultad para conseguir un trabajo por un sistema de informe de crédito que no tienen ninguna correlación con la capacidad de la persona para hacer su trabajo y además puede estar lleno de inexactitudes», dijo entonces la senadora.
jt/am

NUEVA YORK.- Unos 1,700 inquilinos de 42 edificios en Brooklyn, El Bronx y Manhattan recibirán más de un millón de dólares de compensación en créditos de renta, después de que sufrieran pésimas condiciones de vivienda y fueran hostigados por una compañía inmobiliaria que intentó negar su derecho a reunirse, según se supo el lunes.
El Fiscal General de Nueva York Eric T. Schneiderman anunciará oficialmente este martes un acuerdo con la sociedad de propietarios de estos edificios que —en el plazo de un año— deberán completar una serie de reparaciones sustanciales en las viviendas afectadas.
«Más de un millón de arrendatarios que viven en edificios de renta controlada tienen derecho a una vivienda decente y segura», dijo el fiscal Schneiderman en un comunicado.
«Este acuerdo aliviará considerablemente a miles de inquilinos abusados, y pone sobre aviso a los propietarios que no se tolerará el acoso a los inquilinos», agregó.
Como parte del acuerdo, los propietarios aceptaron rescindir el contrato con la compañía que maneja los edificios, Colonial Management, al considerar que no informó debidamente a los inquilinos sobre un posible embargo hipotecario por impago, además de impedir a los inquilinos que se reunieran y organizaran, además de tomar represalias contra los que lo hicieron.
La investigación determinó que Colonial Management también obligó a los inquilinos a pagar recargos y tasas ilegales cuando se mudaron a los edificios, a los que no dio mantenimiento y presentaban múltiples violaciones al Código de Mantenimiento de Vivienda.
Según la información proporcionada por la fiscalía, su intervención vino después de varias denuncias de inquilinos en noviembre pasado porque no les permitían organizarse.
Los inquilinos trataron de unirse después de que circularan rumores de que los dueños, una sociedad de firmas inversionistas que incluyen a Normandy Real Estate Partners y Westbrook Partners, se enfrentaban a un posible embargo hipotecario.
Como parte del acuerdo, los propietarios deberán proporcionar un crédito de renta $600 a los inquilinos en cada unidad de los 42 edificios, como compensación por los sobrecargos ilegales.
Los propietarios también deberán renunciar a cualquier aumento del alquiler, además de rendir cuentas regularmente a la oficina del Fiscal General de Nueva York, según se informó.
Fuente: EDLP
jt/am