NUEVA YORK.- El alcalde Bill de Blasio anunció el desmantelamiento de una unidad de la Policía acusada de espiar de forma sistemática a la población musulmana en la Gran Manzana, un equipo puesto en marcha después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
«Esta reforma es un paso clave para reducir las tensiones entre la Policía y las comunidades a las que sirve, con el fin de que nuestros agentes y nuestros ciudadanos puedan ayudarse mutuamente para perseguir a los verdaderos criminales», indicó el alcalde en un comunicado.
El regidor demócrata, que reemplazó al republicano Michael Bloomberg tras las elecciones de noviembre, había sido muy crítico durante su campaña electoral con las prácticas de vigilancia que llevaba a cabo la Policía de la ciudad en barrios con gran presencia musulmana.
«Nuestra administración ha prometido a los ciudadanos de Nueva York una fuerza de Policía que mantenga nuestra ciudad segura, pero que también sea respetuosa y justa», explicó De Blasio.
La bautizada como «Unidad de Demografía» del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue puesta en marcha después del 11-S y estaba acusada de llevar a cabo un programa de vigilancia sistemática contra la población musulmana.
Según varias investigaciones periodísticas, esa unidad utilizaba agentes de paisano para mantener vigilados barrios musulmanes al completo, recogiendo datos sobre actividades cotidianas de la población e infiltrándose en mezquitas y grupos de estudiantes sobre los que no había ninguna sospecha criminal.
La organización Muslim Advocates celebró en un comunicado el desmantelamiento de la unidad, pero señaló que es sólo un paso de cara a terminar con los «excesos inconstitucionales del NYPD».
«Lo que tiene que terminar es la práctica de vigilar a comunidades musulmanas sin tener sospechas, no solo la unidad que tenía encargado hacerlo», señaló la organización, que recordó que esas actividades no han ofrecido ni una sola pista criminal.
Fuente: EDLP
jt/am

MANHATTAN.- Más de una veintena de organizaciones comunitarias y sindicatos se han unido en una coalición para presionar para que no se reforme una legislación que protege la seguridad de los 1.5 millones trabajadores de construcción del estado de Nueva York.
Este mismo lunes un obrero cuya identidad aún no ha sido divulgada murió después de caerse de un andamio situado en una zona de construcción cercana a Penn Station, en Manhattan. Es la segunda muerte de este tipo que sucede este mes en la ciudad, después de que otro trabajador falleciera el pasado 2 de abril por la misma causa mientras laboraba en unas obras en el New York Dream Hotel de la calle 55.
«Estos trágicos accidentes demuestran por qué se deben mantener los más altos estándares de seguridad para los trabajadores de construcción», dijo Valeria Treves, directora de la organización pro inmigrante NICE, que funciona también como centro de jornaleros. «La seguridad es especialmente importante para los trabajadores inmigrantes, porque muchos de ellos nos reportan que les encargan las tareas que más riesgo conllevan».
De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, el 60% de los obreros del estado que murieron por caídas en el trabajo entre 2003 y 2011 eran hispanos y/o inmigrantes. En la ciudad de Nueva York la cifra fue aún mayor, llegando al 74%.
Peter Ward, presidente de HTC, sindicato que agrupa a los trabajadores de hoteles, criticó a contratistas y compañías de seguros «sin escrúpulos» por estar cabildeando en Albany para reformar la conocida como «Ley de Seguridad del Andamio» (Scaffold Safety Law), alegando que eleva demasiado los costes de construcción y va en perjuicio de la creación de puestos de trabajo.
«Quieren que sea la responsabilidad de los trabajadores el mantener un lugar de trabajo seguro. La actual ley pone la responsabilidad donde corresponde: en los contratistas, que deben asegurarse que todo trabajador tenga el equipo correspondiente», enfatizó Ward.
La ley obliga a empleadores y compañías de construcción a proveer equipamiento y entrenamiento de seguridad a todos sus empleados. Eso pretende evitar casos como el del obrero Cresencio Pantoja, quién hace siete años salvó la vida de milagro cuando se precipitó al vacío desde una altura de 23 pies mientras renovaba la fachada de una escuela de El Bronx, por no contar con un arnés de seguridad.
«Mi jefe estaba más preocupado de que se hiciera rápido el trabajo que de la seguridad de sus empleados. Muchos otros trabajadores tampoco tenían arneses de seguridad», dijo Pantoja, que estuvo cuatro días en coma después del accidente y aún no ha podido volver a trabajar por las heridas. Se mantiene desde entonces con la indemnización que recibió de la constructora, uno de los derechos que garantiza la actual ley.
Otro participante en la coalición es el sindicato SEIU 32BJ, que representa a 120,000 trabajadores de servicios.
«Decenas de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos inmigrantes, arriesgan su vida construyendo y reparando nuestra ciudad. Limpiar ventanas o trabajar en un andamio es muy peligroso», señaló el presidente de la unión, Héctor Figueroa. «No entendería que nuestros funcionarios convirtieran este trabajo en algo aún más peligroso quitando las protecciones de la Ley de Seguridad del Andamio».
Gary LaBarbera, presidente del Concejo de Construcción de Nueva York, apoya otra legislación introducida en la Asamblea y el Senado Estatal, denominada Ley de Transparencia de Seguros para Construcciones de 2014, que también dice ayudaría a mejorar la seguridad de los obreros.
«Esta ley deja abiertos los datos de los asegurados que nos permitirá analizar de forma transparente esta situación y encontrar soluciones para reducir los costos sin dejar de mejorar la seguridad», señaló.
La coalición ha lanzado una página web para llamar la atención sobre su causa: www.scaffoldsafetylaw.com.
Ley de Seguridad del Andamio
La ley tiene su origen en 1885, cuando se empezaron a construir los grandes rascacielos en la Ciudad de Nueva York. Especifica que los contratistas y los dueños de las propiedades deben asegurarse de que los andamios, montacargas y otros dispositivos utilizados en la construcción y reparación de edificios, sean montados y operados de manera que se proteja la integridad de las personas empleadas para la tarea.
Cuando se producen heridas y muertes por la violación de estos términos, la ley dice que los contratistas y dueños son los únicos responsables y deben indemnizar a los perjudicados.
Aquellos que quieren reformarla reclaman que se incluya una enmienda para que un jurado o árbitro judicial decida en cada caso si el pago por daños tiene que ser menor si se determina que también ha habido negligencia por parte del trabajador a la hora de seguir los procedimientos de seguridad. Estos opositores denuncian que la formulación actual de la legislación dispara los costos de los seguros.
Denuncie la falta de seguridad
Si un trabajador de la construcción observa fallos en las medidas de seguridad, el primer paso que recomiendan las organizaciones laborales es hablar con otros compañeros y reportarlo en grupo al supervisor. Si el supervisor no hace nada por solucionarlo, el siguiente paso es presentar una queja a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para que lleve a cabo una investigación.
La queja se puede presentar en español rellenando un formulario online (www.osha.gov) o llamando al 1-800-321-OSHA para localizar la oficina más cercana.
Todos los empleados de construcción, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a la seguridad en el lugar de trabajo.
Fuente: New Immigrant Community Empowerment

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se ha sumado a las investigaciones sobre el modelo de negocio de Herbalife.
La empresa, especializada en la distribución de productos nutricionales y dietéticos, ya está bajo la lupa del FBI, el Departamento de Justicia y de la FTC (Comisión Federal de Comercio) que quieren esclarecer si la multinacional funciona como un esquema piramidal.
El 12 de marzo, Herbalife admitió que la FTC estaba investigando la empresa pero no ha recibido ninguna petición formal o informal de información por parte de otra agencia. La empresa ha declinado dar más explicaciones estos días.
La investigación de Scheneiderman, que es la tercera de caracter criminal, fue hecha pública por el diario New York Post y está basada en los testimonios de dos exdistribuidores de Herbalife que alegan haber sido defraudados. NY es el cuarto estado en número de distribuidores para esta compañía.
Todas estas investigaciones y una demanda colectiva que se presentó el lunes en nombre de los inversionistas, llegan más de un año después de que el gestor de un fondo de alto riesgo (hedge fund), Bill Ackman hiciera una apuesta a la baja de las acciones de Herbalife valorada en $1,000 millones.
Desde diciembre de 2012 Ackman no ha dejado de repetir que la empresa basa su negocio en un esquema piramidal. Herbalife se ha defendido diciendo que este inversionista no entiende su modelo de negocio.